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Comunicado 1, Guatemala, Enero 2013

 

Ni el presupuesto del MAGA ni la ejecución del mismo respondieron al incremento de la agricultura y la actividad pecuaria en el país para 2012, no contó con estrategia alguna de desarrollo económico-social. 


  • 94.19% del presupuesto se ejecutó durante el 2012, de un monto vigente de          Q1,503.29 millones, pendiente de ejecutar Q87.37 millones.
  • A pesar que contó con uno de los presupuestos más altos de los últimos años no tuvo impactos sustanciales en el incremento a la producción de alimentos que beneficiaran al desarrollo rural en el país.
  • Q266.39 millones recortados a los programas SAN y Desarrollo Económico Rural Agropecuario

 

Durante el año 2012 se constató la deficiente e incoherente planificación y sustentación del Desarrollo Agropecuario en Guatemala, situación que se evidenció en la ejecución de su presupuesto. Esto trajo como resultado que los recursos asignados al MAGA sean en realidad un gasto improductivo, sin impacto real en el incremento de la producción agropecuaria nacional, generación de empleo, decrecimiento de la hambruna y desnutrición en el país.

 Además se resalta que el presupuesto destinado a la agricultura y la actividad pecuaria en el país no se correspondió con estrategia alguna de desarrollo económico social; se trató de una serie de actividades conexas entre sí. Asistencialistas algunas de ellas, lo cual viola la Ley Orgánica del Presupuesto -Dto.101-97- del Congreso de la República, que exige: según “Artículo 8: Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social”. Es decir, que tal y como afirman las organizaciones campesinas no existió aplicación real de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-   Acuerdo Gubernativo 196-2009.

 El Estado de Guatemala destinó el 2.95% de su presupuesto público -2012- para la agricultura, equivalente al 0.47% en relación al PIB. Con esta decisión política el Estado y el Organismo Ejecutivo -como entidad concernida- se niega a propiciar inversión social y productiva de forma equitativa para el campo, en donde de acuerdo con la FAO dos millones y medio de guatemaltecos permanecen en situación inseguridad alimentaria. Esta magra asignación presupuestaria, violó flagrantemente la Constitución Política que mandata al Estado a:”j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica” 119 Constitucional. Dejando a la población campesina en situación de indefensión, y viola el derecho a la alimentación.

El MAGA ejecutó 94.19% de su presupuesto en el 2012, la ejecución fue menor a la del año 2011 (95.92%), además se evidencia los múltiples recortes en casi todos los programas, especialmente en los Programas de Seguridad Alimentaria (Q149.87 millones) y Desarrollo Económico Rural Agropecuario (Q116.52 millones).

Sin embargo denota el total desinterés del actual Gobierno por fortalecer el desarrollo rural a través de la implementación de programas con recursos suficientes para incrementar la producción de alimentos y generar mayores ingresos en la población más vulnerable, ello se evidencia en los recortes realizados al Programa de Desarrollo Rural Agropecuario

 La inversión pública en desarrollo agropecuario fue regresiva en el 2012, si a las cifras de ejecución le disminuimos el rubro destinado a compra y reparto de fertilizantes, equivalente a Q512.40 millones y tomamos en consideración el nivel de inflación, y aumento de población la inversión pública en el campo, en términos reales decreció, por otra parte la deuda política con la Ex Pac se evidencia al proporcionarles Q96.02 millones, caso contrario ocurre con el fortalecimiento a los pequeños campesinos.

Desde esta perspectiva y para avanzar en materia de proteccion, y promoción del cumplimiento de los Derechos Economicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es urgente reorientar el presupuesto público para la agricultura y destinarlo con prioridad a los pequeños productores, para cuyo efecto el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 2013 debe elevarse a un mínimo del 10% del total del presupuesto público anual y garantizar los recursos destinados a programas de incremento a la producciòn de alimentos y que benefician a los y las pequeñas productoras a travès del blindaje del presupuesto y la eficaz ejecuciòn del mismo para el presente año.

El Estado debe ser garante de proporcionar el acceso a los recursos necesarios a las y los pequeños productores para mejorar sus condiciones de vida y con ello contribuir a disminuir la pobreza y la desnutrición.

 

Mayor información: Alejandro Aguirre

Coordinador del Instituto por la Democracia ID

CONGCOOP Teléfono: 22881489.                         VAMOS AL_GRANO_140113

 

Categoria: Opinión - Publicado: 29/11/2012 - Por: IDEAR-CONGCOOP

Actualmente en el Congreso se discute la aprobación de la Iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral. Desde el lunes 26, las organizaciones campesinas junto a otros sectores, hemos demandado que el Congreso la apruebe, pero a pesar de tres días de discusión continuamos esperando…

Por parte del Ejecutivo y la mayoría de diputados del Congreso, se ha expresado públicamente que existe voluntad por aprobar la Iniciativa 4084, sin embargo, en los hechos la falta de quórum en el hemiciclo, y las posturas y recursos de los sectores conservadores de la Cámara del Agro y CACIF, ha empantanado y contribuido a polarizar la aprobación de tan importante ley.

Los atrasos provocados por algunos diputados en este caso, contrastan con la celeridad con que aprobaron recientemente las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Pero lo más preocupante es la postura del sector privado, especialmente de la Cámara del Agro. Las declaraciones de su vicepresidente Sr, Ricardo Villanueva, lo revelan:

1) La cámara del agro, sigue asustando con el "fantasma de la reforma agraria", al argumentar que la ley DRI amenaza el régimen de propiedad privada. Esta postura refleja el uso de discursos fuera de contexto histórico, pero especialmente indica el manejo ideológico que la Cámara del Agro tiene sobre la discusión de los asuntos agrarios y rurales más importantes del país.

2) El Sr. Villanueva vuelve a evidenciar el manejo mal intencionado de la Cámara del Agro respecto a la cooperación internacional aduciendo que ésta financia a las organizaciones campesinas con fines aviesos, falacia totalmente alejada de la realidad, porque son las organizaciones campesinas, quienes en consulta con las bases y sus necesidades, desde hace varios años plantearon la propuesta de desarrollo rural integral. Es preocupante ver como nuevamente se arremete contra la cooperación internacional y se exige al gobierno romper relaciones diplomáticas con países que han dado importantes aportes al país.

3) Otro argumento que dejan ver los medios de comunicación es la idea de "sistema finca" que prevalece en la mentalidad de estos sectores. Hasta la forma como se refiere a los líderes campesinos, la postura ante el diálogo y el creer tener la razón absoluta, refleja ese esquema mental que aún conserva al considerar al otro como inferior.

4) Los recursos legales interpuestos por este sector, cristalizan también la versión restringida que sobre el Estado de Derecho prevalece entre los grandes propietarios del país. Todo lo anterior, contribuye a evidenciar que quienes polarizan el debate, son precisamente estos sectores.

Al contrario, las organizaciones campesinas y su liderazgo, han demostrado su capacidad de articulación, de formulación de propuestas y el interés que desde el Estado y sus órganos, se generen las condiciones para favorecer a millones de familias pobres del campo.

Las organizaciones campesinas e indígenas insisten en considerar que la Ley de Desarrollo Rural Integral por primera vez reconoce la necesidad de priorizar la agricultura y economía familiar, y plantea políticas que contrastan con la lógica asistencialista impulsada por los últimos gobierno, al distribuir fertilizante químico, bolsas de dependencia, harina fortificada y programas que lejos de alejar el hambre y la desnutrición, han generado mayor dependencia.

Entre las ventajas de la aprobación de la Iniciativa 4084 destacan:

a) Contar con normas sustantivas que ante la ausencia de voluntad política obliga al Estado a asumir.

b) Garantiza la implementación de los lineamientos generales de la Política de Desarrollo rural.

c) Establece una nueva institucionalidad agraria en Guatemala que garantiza la implementación de las políticas, programas, proyectos que contribuyen al logro de desarrollo rural integral y a la reducción de la desigualdad y la pobreza.

d) Le otorga un carácter intemporal para apoyos en el campo.

e) Incluye políticas que incentivan la producción y programas para facilitar crédito, democratización de la tierra, programas de educación, salud y, trabajo.

f) Establece la práctica de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.

La aprobación de la ley de desarrollo rural integral, se constituirá en el primer paso para la definición de la política pública de desarrollo rural, agrícola y agrario, tan importante para el verdadero combate a la pobreza y el hambre en Guatemala.

La aprobación de la Ley, será un paso fundamental para el desarrollo desde los pueblos en Guatemala y se constituirá en la base para la superación de la desnutrición, la pobreza y el desempleo.

El desafío es grande, y no bastará con la aprobación de la ley, sino con su reglamento, los recursos financieros y la institucionalidad que de ésta se deriva. Esto será sin duda una lucha que se avecina.

La historia le dará la razón a los y las diputados/as que aprueben la Ley de Desarrollo Rural Integral.

IDEAR-CONGCOOP
Para ver artículo completo presione el siguiente enlace:
http://www.tvmaya.org.gt/opinion/CONGCOOP/La_Ley_de_desarrollo_rural_una_necesidad_historica.html

 

NUESTRA HISTORIA

HELMER VELASQUEZ

Los prolegómenos de la Constitución de CONGCOOP, aparecen allá por 1987, año en que se empieza a hablar, de manera abierta y con mayor realismo de la posibilidad política y social, esta última basada en la decisión de las familias de guatemaltecos refugiados en México de volver al país. No habrá que olvidar que un número importante de ONG decidimos acompañar el éxodo de los guatemaltecos hombres y mujeres cuando huían de las masacres que el Ejército de Guatemala ejecutaba en el país con particular saña en contra de la población indígena campesina, organizada en Cooperativas, Comités Pro-Mejoramiento y Ligas Campesinas, referentes principales del trabajo de las ONG en aquella época.

Este acompañamiento hacia el refugio que llevó a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo a cruzar la frontera norte de Guatemala, a la par de la población, determinó que imbricaran desde el mismo momento de la llegada al sur de México en la idea del retorno. Esta pretensión nunca estuvo ausente en la mente de la población. Sin embargo, la historia fue más lento que lo esperado y una vez asentadas las familias guatemaltecas en los campamentos de refugiados que organizó el gobierno de México con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. ACNUR-, las ONG estuvimos presentes en la acción humanitaria, social y política. Es en este ambiente, en el que surgen las ideas primarias de constituir una estructura social que de soporte a los anhelos de volver al país de la población refugiada y en general a los guatemaltecos en el exilio.

Ver separata completa               CONGCOOP FINAL-1

La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, y su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, los invita a conmemorar los XX años de lucha y trabajo y a la presentación del Séptimo Número de su Revista Territorios.

Fecha: Jueves 22 de noviembre de 2012

Lugar: Hotel Royal Palace (6a. Avenida 12-66, zona 1)

Hora:  17:00 en adelante        Presentacin2

Debate examina la productividad y el desempeño económico de fincas pequeñas y comerciales

23 de octubre de 2012, Roma, Italia – Brasil es un país de paradojas y contrastes. Por un lado, es cada vez más un motor de la agricultura global, y ha experimentado un crecimiento espectacular a lo largo de las últimas dos décadas, al cuadriplicar la producción de productos básicos y convertirse en un importante exportador a los mercados mundiales así como también el productor de biocombustibles más grande del mundo. Por otro lado, el campesinado de Brasil, si bien desempeña un papel central para llenar las necesidades alimentarias del país, se enfrenta en gran medida al mismo tipo de problemas que enfrentan los pequeños productores del Sur Global: el aumento de la marginación y el desempoderamiento en un contexto de concentración de la tierra y el incremento de las desigualdades rurales.
 
Ningún país mejor que Brasil ilustra la complejidad de los retos y dilemas planteados por la gobernanza de la tierra. Así, con el fin de compartir lecciones de la fascinante experiencia de Brasil, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra encargó el informe Land Governance in Brazil: A geo-historical review of land governance in Brazil (La gobernanza de la tierra en Brasil: un estudio geohistórico de la gobernanza de la tierra en Brasil)que representa el segundo informe de la Serie  de la ILC sobre la gobernanza de la tierra en el siglo XXI “Land Governance in the 21st Century – Framing the Debate Series”.
 
El autor del informe es Bernardo Mançano Fernandes, eminente geógrafo de la Universidade Estadual Paulista (UNESP) conocido por su trabajo con importantes movimientos sociales en Brasil; Clifford Welch, renombrado autor  y profesor de historia contemporánea de Brasil en la Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); y Elienai Gonçalves, investigador en el Centro de Reforma Agraria de la UNESP.
 
“Brasil es quizás el más rico laboratorio de gobernanza de la tierra del mundo”, dijo Madiodio Niasse, Director de la LC. “El meollo del debate sobre la tierra en Brasil es qué tipo de modelo agrícola prevalecerá– fincas comerciales grandes o fincas familiares pequeñas. Los resultados en Brasil pueden tener implicaciones de gran alcance que afectarán la actual ola de adquisiciones de tierra en gran escala en otras partes del mundo”.
 
El informe examina la gobernanza de la tierra en Brasil desde una perspectiva geo-histórica, analizando los paradigmas académicos de los sistemas territoriales, proponiendo lograr la sostenibilidad utilizando marcos de política para promover la transformación de los productores campesinos en emprendedores de pequeña escala.
 
“El informe muestra cómo el paradigma comercial ha predominado en Brasil desde los tiempos coloniales y ha sido desafiado pocas veces hasta épocas recientes cuando, durante un breve período, un paradigma del pequeño productor obtuvo amplio apoyo del público”, comentó Fernandes. “Esperamos que el estudio contribuya al fortalecimiento de este enfoque”.
 
El informe resalta un programa innovador que anima a los productores de biodiesel a establecer alianzas con los pequeños productores. Llamado el “ Sello Combustible Social”, este programa ofrece incentivos fiscales para invertir en operaciones de agricultura familiar. Otras innovaciones de política incluyen la planificación de la reforma agraria nacional, la contratación directa con asociaciones de campesinos a fin de que suministren alimentos  para los almuerzos escolares y un programa federal dirigido a subsidiar la educación general  para los campesinos desde escuelas primarias hasta el nivel de post-grado.
 
El informe concluye que la mejor esperanza para los pueblos indígenas y campesinos en Brasil es que el gobierno brasileño reconozca no solo las divisiones territoriales, sino que también comience a establecer reglas de zonificación que favorezcan la permanencia de los campesinos.
 
Puede leer la publicación completa en el sitio web de la ILC:
http://www.landcoalition.org/publications/land-governance-brazil
 
Sobre la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control, de mujeres y hombres pobres mediante la promoción, el diálogo, el intercambio de conocimiento y la creación de capacidad. www.landcoalition.org