Introducción

 

Sistematizar los aportes de los movimientos sociales a la construcción democrática de un país –Guatemala para el caso- lleva siempre el riesgo de hacerlo desde una mirada tan modesta que minimice los enormes esfuerzos que la ciudadanía y los pueblos hacen en la construcción de sus propuestas, demandas, diálogos y negociación con los sectores de poder económico y político o en la propia construcción de sus alianzas. El otro riesgo es que de manera subjetiva se magnifique la movilización de los polos populares de nuestras sociedades, soslayando errores o debilidades acontecidas. Ambos riesgos llevarán a conclusiones erradas.

Aún con ese mar de incertidumbre y apegados a la objetividad –hasta donde se puede serlo- hemos acometido la tarea de hacer un corte valorativo en la iniciativa política de las organizaciones sociales que durante el último quinquenio han impulsado dos importantes iniciativas legislativas: La construcción reivindicativa de una Ley de Desarrollo Rural Integral que devuelva a la familia campesina la atención del Estado, en tanto sujeto protagónico de la economía, ajena a la compensación social y pioneros en la lucha social por detener la degradación, contaminación y hurto de las aguas a manos de inversores, para quienes la máxima ganancia pasa por la depredación ambiental.

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