En ausencia de políticas definidas de desarrollo rural en Guatemala, la propuesta de Ley Alianza para el Desarrollo Rural Integral, ADRI, en el proceso de Diálogo con el Gobierno, y su proyección política representan una salida viable a la pobreza, se relacionan con el hecho de que el desarrollo rural es visto más en función de la problemática de acceso a la tierra y los medios productivos, que en función de control administrativo sobre territorios indígenas. Mientras tanto, las disputas territoriales actuales consisten en enfrentamientos de la población rural, indígena y mayoritariamente pobre con los dispositivos de poder de las empresas con prácticas extractivas, ambiental- y humanamente no viables. Las estrategias de acceso irrestricto a los recursos naturales, y de posicionamiento geo-estratégico empresariales acompañan las inversiones de los megaproyectos generadores de energía, extracción minera, monocltivos, turismo y urbanización, entre otros.

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