He ahí el dilema

Helmer velásquez 

 

El linchamiento: ese desenfreno violento que pretende ahogar nuestros odios, venganzas y otros padecimientos interiores, es un torbellino que busca botar –aunque sea un momento– nuestra inmisericorde carga de memoria colectiva, el recuerdo de aquellos días aciagos en los que el linchamiento ordenado por el comandante del destacamento era legal, en donde matar comunistas –en público– no solamente era permisible, sino se premiaba. Es el linchamiento resultado de nuestros infiernos interiores. Nuestras taras sociales se santifican –o justifican– con sentencias divinas: “el que a hierro mata a hierro muere”, quizá por eso regularmente se utiliza el fuego, este lo purifica todo. Sintetiza el linchamiento odios ancestrales con cercanos acontecimientos, aderezado todo ello con la inexistencia de Estado. Este –el Estado– en la conciencia ciudadana no significa más que funcionarios de vida holgada a costa del peculio público y una enorme burocracia de vida precaria. Ambos estamentos –alta y baja burocracia– devuelven a la sociedad servicios –igualmente– precarios.

Nada justifica el linchamiento. Premisa básica, de acuerdo. Ahora bien, cómo entender el mensaje social (el políticamente correcto) que justifica y promueve la portación legal de armas. Somos una sociedad bicéfala, un lado de nuestro ser condena el gravoso hecho colectivo del linchamiento, contradictoriamente, el otro lado premia la defensa armada de los bienes y es incluso eximente de responsabilidad penal. Y no me refiero a la acción estrictamente humana de defendernos ante cualquier amenaza de daño. No. Me refiero al hecho jurídico político, que permite la utilización de armas al ciudadano común, estamos facultados –por ley– a tener en casa hasta tres armas por persona y varios cientos de municiones. En dónde, entonces, está la diferencia entre aquel que tiene licencia para matar, generalmente acompañado de guardaespaldas, carro blindado y armas modernas del que a falta de otros instrumentos utiliza la cuadrilla, el garrote y la mecha.

Me parece obvio que debemos condenar el linchamiento y la “justicia” por mano propia. Sin embargo, con igual vehemencia debemos condenar la portación legal de armas de fuego y exigir su prohibición. El Estado y sus agentes deben servir para algo, dejar de ser lo que ahora son: manto protector de la delincuencia de cuello blanco y verdugo de la población vulnerable. Un Estado que fomenta impunidad no tiene calidad moral para condenar la acción irracional de la ciudadanía que constituida en juez y verdugo, atrapa y “en horca y hoguera” aniquila delincuentes, generalmente de poca monta y extracción popular. De continuar así iremos directo al despeñadero violento.
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