Guatemala, a pesar de ser un país cuya principal actividad económica depende en gran medida de la agricultura familiar no cuenta con una legislación que atienda las necesidades históricas de las poblaciones rurales y campesinas.
Durante los últimos 22 años, se han priorizado programas que incentivan el modelo agroexportador, la liberación de aranceles para la importación de granos y productos alimenticios y la promoción de tecnologías agrícolas y fertilizantes que han tenido un impacto negativo en el campo guatemalteco.

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