El nivel de atrocidad crispa de horror a la población.

Helmer Velásquez

La estrategia gubernamental de seguridad ciudadana no prueba aún su efectividad; la violencia delictiva mantiene su estadística mortal y el  nivel de atrocidad en la ejecución criminal crispan de horror a la población. La estrategia de seguridad del Estado, sin haber llegado a funcionar,  empieza a hacer aguas. Para complicarla más,  su rostro visible, el ministro López Bonilla,  defenestró su imagen pública al mostrarse en los telenoticieros en cruenta batalla en contra de  adolescentes normalistas,  deterioro superable. Sin embargo, lo que la ciudadanía no acepta es que no se avance en la erradicación del terror criminal.

Una de las razones que menoscaban la seguridad pública es, a nuestro juicio, la orientación de sus prioridades. Y es que, pese a la gravedad de la situación, la seguridad del Estado está  más avocada a reprimir los movimientos sociales que en la lid contra de bandas delincuencias. En todo caso, la delincuencia común opera y golpea a los pobres, a los sectores populares y medios. Su modus operandi es altamente efectivo en los barrios populares. La elite económica y la alta burocracia son inmunes a la rapiña. A partir de ello –ambos sectores– están más preocupados por el rumbo de las inversiones extractivas y monopólicas. La seguridad ciudadana no reviste alta prioridad. Los indicadores son obvios: más y mejores armas y equipo para los militares. Nuevas bases militares. Trescientos ochenta y nueve millones de quetzales más para el presupuesto militar en 2013. Despliegue militar en zonas de conflictividad social, más de 70 órdenes de captura en contra de comuneros que defienden “su tierra y su honor”.  Todo lo anterior en detrimento de la seguridad civil.

Si uno atisba la propuesta de presupuesto 2013 y compara el incremento a la milicia y lo previsto para aumentar al Ministerio de Agricultura, –Q2 millones– en período de desnutrición crónica. La conclusión es obvia se privilegia el gasto en balas y soldadesca, frente a maíz, frijol y empleo campesino. El “lobby empresarial”, por su parte, alienta esta política. Siguen concibiendo represión como solución. No se aprende del pasado. Lo que urge es fomento de la seguridad civil,  empleo, agricultura campesina y crear centros de mediación y resolución de conflictos. 

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