Criminalizar la propuesta es contrario a los Acuerdos de Paz.

Helmer Velásquez

Debemos lamentar y condenar el atentado que sufriera la fiscal que investiga los hechos acaecidos el 1 de mayo en Barillas, Huehuetenago. La acción criminal se suscitó, la semana anterior, en aldea Paquix, Chiantla, de aquella jurisdicción. Para fortuna de la jurista, la fuerza de las armas no logró su objetivo y únicamente se lamentan las heridas a uno de sus agentes de seguridad. El asunto no pasaría de ser un “hecho más” de violencia, a no ser porque se presenta en el escenario de embate y resistencia, configurado en el norte del país a partir del advenimiento de capital foráneo, que sin consulta a los q’anjob’ales, pretende explotar los recursos hídricos del lugar.

Este hecho se presenta a pocos meses del asesinato de Andrés Francisco Miguel, padre de 7 niños, del cual el Ministerio Público sindica como ejecutores materiales, a dos agentes de seguridad, al servicio de la empresa Hidraulia, que gestiona la construcción de una Hidroeléctrica en Barillas. El crimen de Andrés Francisco Miguel fue cometido con claros fines de amedrentamiento y provocación a la población del lugar. Es decir, buscaba crispar la situación y atraer la represión contra los pobladores, cuestión que los autores intelectuales del crimen lograron parcialmente. Este nuevo hecho, el atentado en contra de la Fiscal, parece ir en la misma dirección: exacerbar la violencia y culpar a los pobladores y sus organizaciones representativas.

Efectivamente la resonancia mediática del asunto y la insinuación oficiosa que se atribuye a la señora Fiscal, de haber afirmado que previo al atentado había sido amenazada de muerte por dirigentes del CUC, devela la existencia de intereses aviesos –estratégicamente orquestados– que buscan atizar el fuego en la zona y su correlato de anarquía, caos y conflagración –todo ello–, para legitimar la extensión y refuerzo de la militarización del lugar, en un peligroso intento de aplastar la resistencia social a la extracción de los recursos naturales. Frente a la provocación, corresponde a los administradores del Estado, una reacción serena, madura y enderezar un investigación, pronta y objetiva de los hechos. Criminalizar, la protesta social, como pretenden los sobrevivientes del anticomunismo jurásico, es echar en saco roto las lecciones de nuestra historia reciente, y hacer caso omiso de los postulados de los Acuerdos de Paz. Lo que corresponde, eso sí, es profundizar la democracia.

 

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