La tenebrosa Judicial

Estamento de investigaciones

Helmer Velásquez

Compuesta por “orejas”, esbirros, asesinos, torturadores, violadores en serie, rapaces, ladrones de botines, saqueadores y salteadores. Una verdadera galería de mentes enfermas, sin cura posible, seres contra natura. Abominables personajes a quienes el Estado nacional invistió de autoridad, “licencia para matar” y salvoconducto para secuestrar, torturar y desaparecer personas honorables. Lacayos construidos a imagen y semejanza de sus superiores de uniforme, quepi y charreteras.

Así de esta bazofia estaba constituida la denominada Policía Judicial, que bajo la excusa de la investigación criminal, se constituyó en el brazo policiaco del aparato de represión ciudadana durante la última mitad del siglo pasado.

Este “estamento de investigaciones” de la Policía Nacional, denominado cuerpo de detectives.

Incapaz de establecer una sola línea de investigación sin utilizar la tortura, el secuestro y muerte de los sindicados, incluso, de las víctimas, si atisbaban que el peculio de estos era susceptible de apropiación y para tal efecto  borraban la huella. Pues bien, este cuerpo policiaco, que algunos denominan policía política, pero que en honor a la verdad no llegó a ser más que una gavilla de exterminio al servicio del régimen de las dictaduras militares.

Este ente policial que –desde– el gobierno de Vinicio Cerezo y subsiguientes, se trató de sanear sin éxito. No fue sino hasta después de firmada la paz en 1996, que se logra su desaparición definitiva, aun y cuando ya en tiempos recientes –intuyo que sus resabios– eran parte de la gusanera que refirió el exvicepresidente Eduardo Stein en su momento.

Así las cosas, los que vivimos el conflicto armado interno, que solo con recordar a aquellos siniestros “detectives”, enfundados en sombreros de petate de ala ancha y bota vaquera, que se conducían en vehículos jeep o broncos, diestros en secuestrar y desaparecer, o en el “mejor” de los casos –tan grave era la situación– asesinar al sospechoso, en donde se le ubicara. La condición –de occiso– evitaba el suplicio, el chantaje o acciones denigrantes en contra de la familia del agraviado.

Razón tenemos en sospechar que la más reciente creación de los señores diputados: la Dirección General de Investigaciones Criminales, aparato policiaco autónomo, sin controles parlamentarios, ni democráticos y con una dudosa tarea de coordinación a cargo del Ministerio Público, devenga en el Frankestein del siglo veintiuno. 

 

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