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En ausencia de políticas definidas de desarrollo rural en Guatemala, la propuesta de Ley Alianza para el Desarrollo Rural Integral, ADRI, en el proceso de Diálogo con el Gobierno, y su proyección política representan una salida viable a la pobreza, se relacionan con el hecho de que el desarrollo rural es visto más en función de la problemática de acceso a la tierra y los medios productivos, que en función de control administrativo sobre territorios indígenas. Mientras tanto, las disputas territoriales actuales consisten en enfrentamientos de la población rural, indígena y mayoritariamente pobre con los dispositivos de poder de las empresas con prácticas extractivas, ambiental- y humanamente no viables. Las estrategias de acceso irrestricto a los recursos naturales, y de posicionamiento geo-estratégico empresariales acompañan las inversiones de los megaproyectos generadores de energía, extracción minera, monocltivos, turismo y urbanización, entre otros.

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Concebimos la soberanía alimentaria como la capacidad de los Estados de autoabastecerse de los alimentos necesarios para su población, con un sistema productivo sustentable y ambientalmente apropiado que permite a las personas consumidoras disponer de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados; con un nivel de producción que permita al Estado generar y administrar las indispensables reservas alimentarias para prevenir y afrontar casos de crisis. Bajo esta concepción, Guatemala está lejos de lograr esta categoría.

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Atendiendo a una necesidad por profundizar en el conocimiento de las dinámicas y problemáticas así como el análisis de nuevos fenómenos de la conflictividad agraria de las Verapaces, se considera necesario tener elementos empíricos a partir del estudio que realice un acercamiento de las implicaciones económicas que tienen los procesos de conflictos agrarios para diferentes actores implicados, y en general, para la sociedad guatemalteca.

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En 2011 morirá más gente por hambre que por la violencia.
 
Unas 14 mil personas corren peligro de muerte debido al riesgo nutricional en que se encuentran, así lo aseguró el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, por lo que solicita se decrete de manera urgente el Estado de Riesgo Nutricional en el país. La falta de recursos sería la causa de que esto no se haya hecho.


En febrero, el PDH pidió al Ejecutivo que se decretara un Estado de riesgo nutricional en Guatemala, pues según refiere la crisis alimentaria inició ese mismo mes, sin embargo, esto todavía está bajo análisis, pues se asegura que no hay recursos financieros.

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