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La Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP- y su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR-, le invitan a la presentación del Documental Aj Ral Ch `Och`Despojo y Resistencia en la Guatemala del Siglo XXI

Fecha:         Martes 14 de agosto de 2012

Lugar:         Salón APG (14 calle 3-29, zona 1)

Hora:          16:30 en adelante

Para mayor información comunicarse con Diana Vásquez al 2432-0966 y 2431-0261Invitacion Video

Refiero lo anterior, tomando como parámetro el escaso apoyo social que han concitado las más importantes propuestas gubernamentales. Excepción hecha de la referida a la despenalización de las drogas. Los casos más ejemplares de esta marcha en solitario se expresan,  en las reformas a la carrera magisterial, que si bien no parten del periodo, sí correspondió a este gobierno darle salida social. Lo cual hizo de la manera impropia y sin tino político. No obstante, lo estrepitoso está por llegar: un conjunto de reformas constitucionales en donde variados sectores, organizaciones e instituciones, coinciden en que la propuesta no es suficiente ni significativa para modernizar el Estado, mucho menos para refundarlo desde sus bases. La idea de “consultar” sectorialmente y no hacer caso al resultado de las consultas en definitiva no funciono y ahora la pretendida reforma carece de apoyo social, y consecuentemente de la legitimidad que esto otorga a los actos de Gobierno.

Parte del problema de este aislamiento gubernamental está en el intento de la elite burocrática de gobernar con ‘manu militari’, es decir, yo decido y ustedes obedecen, estilo de Gobierno que ya no es tolerado socialmente. A lo anterior habrá que sumar la idea de suscribir compromisos y no cumplir, tal cual, lo acontecido con el movimiento campesino luego de la marcha de marzo. A la fecha no se cumple con lo pactado y se pretende diluir los acuerdos en la trama burocrática. Este temprano retraimiento gubernamental es aún posible revertirlo y gobernar a partir de acuerdos sociales. Sabido es que las elecciones otorgan legalidad; sin embargo, no necesariamente traen aparejada la legitimidad. Lo que legitima la acción gubernamental es el diálogo, la concertación y la atención a los intereses sociales. Los anunciados pactos de Gobierno hasta ahora son discurso. Aún es tiempo de corregir.

 

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La tenebrosa Judicial

Estamento de investigaciones

Helmer Velásquez

Compuesta por “orejas”, esbirros, asesinos, torturadores, violadores en serie, rapaces, ladrones de botines, saqueadores y salteadores. Una verdadera galería de mentes enfermas, sin cura posible, seres contra natura. Abominables personajes a quienes el Estado nacional invistió de autoridad, “licencia para matar” y salvoconducto para secuestrar, torturar y desaparecer personas honorables. Lacayos construidos a imagen y semejanza de sus superiores de uniforme, quepi y charreteras.

Así de esta bazofia estaba constituida la denominada Policía Judicial, que bajo la excusa de la investigación criminal, se constituyó en el brazo policiaco del aparato de represión ciudadana durante la última mitad del siglo pasado.

Este “estamento de investigaciones” de la Policía Nacional, denominado cuerpo de detectives.

Incapaz de establecer una sola línea de investigación sin utilizar la tortura, el secuestro y muerte de los sindicados, incluso, de las víctimas, si atisbaban que el peculio de estos era susceptible de apropiación y para tal efecto  borraban la huella. Pues bien, este cuerpo policiaco, que algunos denominan policía política, pero que en honor a la verdad no llegó a ser más que una gavilla de exterminio al servicio del régimen de las dictaduras militares.

Este ente policial que –desde– el gobierno de Vinicio Cerezo y subsiguientes, se trató de sanear sin éxito. No fue sino hasta después de firmada la paz en 1996, que se logra su desaparición definitiva, aun y cuando ya en tiempos recientes –intuyo que sus resabios– eran parte de la gusanera que refirió el exvicepresidente Eduardo Stein en su momento.

Así las cosas, los que vivimos el conflicto armado interno, que solo con recordar a aquellos siniestros “detectives”, enfundados en sombreros de petate de ala ancha y bota vaquera, que se conducían en vehículos jeep o broncos, diestros en secuestrar y desaparecer, o en el “mejor” de los casos –tan grave era la situación– asesinar al sospechoso, en donde se le ubicara. La condición –de occiso– evitaba el suplicio, el chantaje o acciones denigrantes en contra de la familia del agraviado.

Razón tenemos en sospechar que la más reciente creación de los señores diputados: la Dirección General de Investigaciones Criminales, aparato policiaco autónomo, sin controles parlamentarios, ni democráticos y con una dudosa tarea de coordinación a cargo del Ministerio Público, devenga en el Frankestein del siglo veintiuno. 

 

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 PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Propuesta de la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-

Julio 2012

REGIMEN AGRARIO

PROPONEMOS CREAR Y ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL: “EL REGIMEN AGRARIO.” PARA ESE EFECTO PLANTEAMOS LA REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO II DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA REFERENTE A DERECHOS SOCIALES

JUSTIFICACION:

En Guatemala la población rural supera el cincuenta por ciento. Se estima que de dicha población rural, ochocientas mil familias se dedican a la agricultura, lo que equivale a cuatro millones de personas. Al menos dos millones de trabajadores –el 36% de la PEA- están vinculados a la producción agrícola. Este dato llega al 51% cuando se refiere a la juventud, la mitad de los jóvenes trabajan en la agricultura de subsistencia.

Además, no se puede obviar que el 70% de la producción de granos básicos se obtiene del campo nacional. Esta producción constituye el sustento básico de por lo menos diez millones de guatemaltecos. Producción deficitaria, provocada por el abandono del Estado, que redunda en pobreza, desnutrición, falta de empleo digno y bajo nivel de producción y productividad

En este contexto la tierra desempeña un papel central, que exige formas de utilización ambiental y socialmente sostenibles, obligación ineludible de la generación actual frente a las generaciones futuras. En tal sentido el uso, tenencia y explotación de la tierra debe ser equitativa y racional.

Actualmente, la ausencia de una legislación en materia agraria es la causa de conflictividad en el agro guatemalteco. Es evidente que la legislación Civil y Penal, materias que se ocupan en la actualidad de la conflictividad agraria, lejos de resolverla, han contribuido al surgimiento de brotes violentos recurrentes, que a su vez se han transformado en causa condicionante del grave déficit de gobernabilidad democrática, alejando la posibilidad de armonía social y económica entre los guatemaltecos.

Finalmente, reiteramos que el agro guatemalteco ha carecido de un marco legislativo ad hoc, que viabilice su desarrollo y regule las relaciones jurídicas vinculadas con la agricultura, agroindustria, ganadería. Y que la evolución social e histórica de la nación hace necesaria una legislación moderna y de rango constitucional, que modernice el régimen de tenencia, uso y disfrute de la tierra.

En consecuencia con lo anteriormente planteado, presentamos la siguiente propuesta de modificación a la Norma Fundamental:

DE LA PROPUESTA:

SECCION DECIMO PRIMERA

Régimen Agrario

Artículo 135. Principios del régimen agrario. El régimen agrario nacional se funda en principios de equidad, solidaridad, eficiencia y productividad inocua. Se instituye con el fin de impulsar el desarrollo agrario. Buscando garantizar la producción alimentaria nacional. Estará basado en el uso sostenible de la tierra y demás bienes naturales, garantizándose el acceso a los mismos de forma prioritaria a los productores nacionales.

Artículo 136. Los negocios jurídicos resultantes de las relaciones de producción en el agro se regirán por legislación específica. Para facilitar las relaciones y negocios jurídicos vinculados a la actividad agropecuaria y cuestiones conexas, incluyendo asuntos relativos al crédito, la propiedad y demás derechos reales, deberá emitirse una ley que regule esta materia en el ámbito sustantivo y procesal.

Artículo 137. Se crea la Jurisdicción Agraria. La Corte Suprema de Justicia deberá crear Juzgados y Tribunales Específicos para juzgar las cuestiones relativas a los negocios jurídicos del agro. El procedimiento en materia agraria será intermediado por el juez, oral, público, expedito, simple.

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1

 

Presidente, usted obvia el agro
Usted debe ser coherente.


Helmer Velásquez 
La propuesta presidencial de reformas constitucionales omite la cuestión agraria. Se pierde otra oportunidad de abrir la puerta a la solución de nuestras laceraciones, la posibilidad de intervenir firme y democráticamente en el inicio de la solución al entuerto histórico. Elevar a rango constitucional el régimen agrario, trae a la sociedad innumerables ventajas: Por un lado garantiza el papel rector del Estado sobre la agricultura, hablamos de la necesidad democrática de garantizar la producción de alimentos sanos y abundantes. Esto como prioridad, lo que no excluye cultivos para el comercio, siempre que no produzcan efectos dañinos al ambiente. 

La otra ventana de oportunidad está en facilitar y mandatar a los administradores del Estado a promover legislación eficaz sobre el agro, ya prescrito en los Acuerdos de Paz y que sin embargo, salvo las acciones del insigne magistrado, Rodolfo de León Molina, ningún organismo de Estado ha emprendido a la fecha la tarea. Es decir, se trata desde el ámbito constitucional de despersonalizar cualquier iniciativa en aquella dirección. No existen impedimentos, ni faltan justificaciones para instaurar constitucionalmente el régimen agrario, baste decir que la mitad, más uno, de los guatemaltecos vivimos en el área rural. Que la exportación deviene del agro y que un tercio de los trabajadores guatemaltecos depende de la producción agrícola. Los alimentos básicos –el 70 por ciento– provienen del agro nacional, del campesinado. No hay impedimento legal, ni económico, para elevar la cuestión agraria a la Constitución. Más bien, existe urgencia social, económica y política por reconocerle al agro la categoría que merece. Esto, a nuestro juicio, se lograría con un asidero constitucional, que no es más que la expresión jurídica del reconocimiento social de nuestro campo, productores y productoras.

Así la evidencia, Presidente, usted que considera la economía familiar campesina eje central de su programa de gobierno, está ante una posibilidad histórica inconmensurable: sentar las bases para un Estado moderno, en donde agro y agricultura transcurran de ser estadios de opresión, pobreza y exclusión, a fuerzas que dinamicen la economía y fomenten la inclusión. Su propuesta de reforma constitucional, sin elementos transformadores, no irá más allá de una mera ocurrencia del General y un reducido círculo de político sin valentía histórica

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