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Democracia y campesinado

Protesta con propuesta: la constante campesina.

HELMER VELASQUEZ

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Allá por 1992, aún en el medio de la persecución militar, se convocó por parte de las organizaciones campesinas y sociales a la realización del Primer Congreso Nacional Campesino. No se trataba, en rigor, de un primer congreso. Ya en la etapa revolucionaria se habría realizado, ese sí, el Primer Congreso Nacional Campesino. 

 

De aquel histórico  Primer Congreso Campesino, a la fecha,  ha corrido tinta, sangre y sudor de las huestes campesinas.  Aquel congreso –1992– demandó acceso a tierra, empleo, y la paz. Propuso la reforma del Instituto Nacional de Transformación Agraria, reconocido ente burocratizado, inoperante y corrupto.

Siguieron a aquellas jornadas. La reivindicación y propuesta sobre el salario mínimo en el campo y una estrategia para enfrentar la crisis del café. Particular importancia tienen los contenidos y movilizaciones campesinas, dirigidos a influenciar los contenidos de los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo Socio Económico y Agrario.

Es el movimiento campesino uno de los artífices de la consecución de la Paz en este país.

El segundo Congreso Nacional Campesino fue allá por 1998. Refrenda la capacidad y calidad de propuesta campesina, este contribuye de manera significativa a la concreción del Fondo de Tierras y el impulso del Registro de Información Catastral. Ambas instituciones con falencias en su Ley constitutiva, diseño y desenvolvimiento institucional.

Cuestiones no endilgables al Movimiento Campesino. La creación legislativa de ambas instituciones estuvo alejada de la  propuesta original. Por ejemplo, el impuesto a la tierra ociosa no fue ni siquiera discutido por el Congreso de la República, elemento indispensable para dinamizar el “mercado” de tierras. Las propuestas posteriores, sobre Agricultura Sostenible, Reforma Agraria Integral, la reciente  política de Desarrollo Rural Integral y el ante proyecto de Ley de la materia, certifican la alta vocación democrática del movimiento campesino guatemalteco. Protesta con propuesta: principio que sustenta la historia reciente.

Es la institucionalidad pública, Ejecutivo y Parlamento, la que ha traicionado la democracia y obsecadamente se niega a debatir los planteamientos de los campesinos organizados. 

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Democracia mercantilista

Los empresarios chistan y los diputados lamen.

Helmer Velásquez

Contundente ha resultado el “llamado al orden” que el pequeño grupo de empresarios del agro y sus pares de la industria lanzaron al Congreso de la República, a propósito del anunciado debate de la iniciativa legislativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. La base del argumento empresarial es que la iniciativa adolece de vicios de inconstitucionalidad. Por lo menos cinco, dijo con aires doctorales y tono feudal el vocero del gremio. Tesis repetida instantáneamente por editorialistas, parlamentarios y adláteres del capital. Lo particular del asunto no es que los empresarios sugieran. Lo sorprendente y condenable es la rapidez con que el conjunto de congresistas, agrupados en las “jefaturas de bloque”, sumisos acataron la directriz y efectivamente retiraron de la agenda legislativa la iniciativa, cuyo destino –probable– es el archivo muerto. 

Otra evidencia vinculada, que irrita. Es que el Presidente de la República, pese a haberse comprometido en campaña a promover la aprobación de la iniciativa referida, y de haberlo reiterado a los delegados de la reciente marcha campesina, no haya emitido, hasta el día de hoy, ni siquiera una opinión política sobre el tema. Tampoco “reprendió”, vía la diligente secretaria general, a los miembros de su partido en el Congreso por haberle hecho quedar tan mal frente a la sociedad y los campesinos en particular. Su pacientemente labrada imagen de “cumplidor”, que pretende para sí y su gobierno, no existe más. No se nota ahora el calibre de estadista, ni remotamente, es creíble que encabece cruzada alguna del cambio. Más de lo mismo. 

Lo nefasto del extremismo empresarial y sumisa respuesta del Parlamento y Ejecutivo, es que se trata de hechos políticos cuyas consecuencias pagará la totalidad de la población: ausencia de desarrollo, confrontación, ingobernabilidad. En los últimos quince años el empresariado ha retrasado legislación y actos estratégicos de beneficio nacional, algunos ejemplos: en 2008 detuvieron el proceso de formulación del Código Agrario y Procesal Agrario. Ese año también “torcieron el brazo” a la hoy detenida Ofelia de León Reyes, presidenta del Organismo Judicial, por esas fechas. quien ante la presión abandonó la implementación de los Tribunales Agrarios. Este ejercicio del poder fáctico muestra de cuerpo entero al “Estado secuestrado".

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La hora de gobernar

Se terminó el acomodo y reparto.

HELMER VELASQUEZ

Llegó la hora de que el gobierno “del cambio” dé muestra de sus capacidades. Finalizada la Cuaresma,  no existe disculpa posible para empezar a operar. Se terminaron las justificaciones. La “pensada” sobre la legalización de las drogas, si bien altamente redituable, en términos políticos y diplomáticos, tiene efectos finitos y no es suficiente, en absoluto, frente a una sociedad que se desangra: por bala,  hambre,  desempleo y una larga lista de males sociales.

Transcurrió el tiempo político y técnico, ocupado por los sectores organizados de la sociedad, para explicitar su agenda: las organizaciones campesinas e indígenas marcaron su territorio con las demandas inveteradas: Tierra y trabajo. Defensa de los recursos naturales. Fin de la discriminación, el racismo y un rotundo no a la criminalización de la lucha social. Organizaciones de mujeres vinculan sus derechos particulares, al fin del femicidio y a mayor espacio político. Los empresarios, con las demandas de siempre: no más impuestos, aplicación de la ley, especialmente en defensa de la propiedad privada, agenda de competitividad que ya se les concedió, en papel, flexibilización laboral, no más gasto público. Por su parte desde el “clamor popular” se exige fin a la violencia delincuencial y política. Corresponde ahora al Gobierno dar inicio a las respuestas. Entramos de lleno en el terreno de las acciones.  Lo sustantivo, lo que urge. Trabajar domingo y tomarse fotos en tractores es imagen. La acción política, social y económica que la sociedad espera es mucho más compleja que la pose.

Un elemento de preocupación es que los cuadros políticos empiezan a “rajarse”, las muestras de fatiga en Finanzas y Salud pueden considerarse normales, son parte del “efecto fusible”. No obstante, no es lo que se espera de la alta burocracia. Necesitamos visión persistencia, y fundamentalmente acción contundente en la dirección correcta. Es decir, dirigida a solventar las causas de la problemática, basta ya de aparentar trabajo y  únicamente maquillar las consecuencias.  Entretener la nigua, como se dice en el pueblo. No pretende esta nota una evaluación de lo actuado.  Se trata de sintetizar la demanda ciudadana: emplazar al funcionariado de primera línea a cumplir con lo que les obliga la ley: generar bienestar ciudadano. No esperamos de ustedes ensayo y el error.  Son necesarias certezas.

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Emérita UP

Un centro forjador de pensamiento popular basado en el arte.

HELMER VELASQUEZ

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La trascendencia histórica no la otorga la edad, esta es –solamente– un indicador de arraigo y trascendencia cronológica. Es la acción social y política la que otorga el estatus histórico. Ese es el caso de la Universidad Popular. Entidad que, desde su creación en 1922, hace ahora 90 años, está ligada a la ascendencia, vocación de servicio y visión política que tuvieron sus fundadores:  Miguel Ángel Asturias, Porfirio Barba Jacob, David Vela,  entre  otros.  Pocas veces los guatemaltecos, hombres y mujeres, podemos expresar orgullo por nuestras instituciones. La Universidad Popular es una de esas extrañas excepciones. La razón fundamental estriba en la nobleza de sus fines y lo básico y humano del principio que la inspira: Solidaridad.

La Universidad Popular, cuya paternidad y objetivos los debemos a aquellos excelsos universitarios, que convencidos del valor de la educación y su papel transformador en la mente y el espíritu de los pueblos, crearon por asocio no lucrativo un centro forjador de pensamiento popular basado en la difusión de las artes y los oficios. La estrategia era –y es– la formación al alcance de horarios y peculio de obreros y sectores populares. Inició su labor la entidad, transmitiendo  los rudimentos del alfabeto y la especialización industrial y con un impacto social  tan importante que, inmediatamente después de su creación, surgieron “sucursales” en barrios citadinos y posteriormente en el interior del país.

El intelecto, sin embargo, ha sido enemigo de las dictaduras. La difusión de conocimiento es asumido por los dictadores como actividad subversiva, que escapa a su control y en tanto aquello: germen atentatorio a sus intereses. De esa cuenta y como Guatemala no es la excepción, la dictadura de Jorge Ubico ordenó –en 1932– intervenir la Universidad Popular  por su Ministro de Educación. Posteriormente decretó su cierre. Sin embargo,  la Revolución de Octubre –1944– no solamente rescata la institución sino que la fortalece. Reiniciando funciones en 1946 con la formación teatral, posteriormente funda su escuela de Artes Plásticas en 1962. Sin obviar la actividad deportiva que de 1950 a estos días impulsa con gran éxito, reconocidos campeonatos de básquetbol que congregan ligas de hombres, mujeres y niños. De 1947 a la fecha se imparten las artes de la cocina, la guitarra y la marimba, cuya calificación profesional y artística es ampliamente reconocida.

Por aquellas ejecutorias es la Universidad Popular, parte del  Patrimonio Cultural de la Nación, –Gobierno de la República, 2007–. Al sumarme al homenaje por sus 90 años, abogo por mayor aporte público y social para tan emérita e histórica institución.

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