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CONGCOOP: COMUNICADO URGENTE

PORQUE DECIDIMOS NO PARTICIPAR

EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS QUE

SOBRE LA LEY DEL SISTEMA DE DESARROLLO

RURAL INTEGRAL CONVOCO EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

A TRAVES DEL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISION

DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

1º. Efectivamente la Audiencia Pública parlamentaria utilizada de forma transparente –cuestión que no sucede ahora- es un importante elemento democrático que permite a la ciudadanía externar opinión sobre asuntos de especial trascendencia para la vida política nacional, coherentes con este entendimiento institucional,  comparecimos  en el pasado reciente a las Audiencias, convocadas con ocasión de la propuesta de reforma Constitucional promovida por el grupo Pro reforma y más recientemente al ejercicio convocado por el Diputado Mariano Rayo Ovalle, -en la anterior legislatura- referido al ante proyecto de ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral: Iniciativa 4084. Ocasión en la cual asistimos en el marco de la Alianza por el Desarrollo Rural Integral, entidad de la cual en esa fecha ostentábamos la calidad de miembros plenos. Cuestión que ya no sucede en la actualidad.

2ö.  Con fecha 25 de mayo corriente: Participamos de la Asamblea General  de Organizaciones campesinas y sociales –estructura que deriva de la Marcha Indígena, Campesina y Popular- en la cual de forma unánime se resolvió  NO participar en las Audiencias públicas identificadas en el título de este escrito dentro de otras razones por las SIGUIENTES:
 
A.      La ley del Sistema nacional de Desarrollo Rural Integral debe ser aprobada de conformidad con su texto original contenido en la iniciativa de ley 4084; texto sobre el cual recae dictamen favorable de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Congreso de la República y las Audiencias ahora convocadas están orientadas a vulnerar aquel contenido.

B.      Esta iniciativa, -4084- contiene elementos cardinales para el desarrollo de los campesinos pobres y los pequeños productores, tales como:
-La obligación del Estado de elaborar una política de acceso a la tierra, imprescindible para promover el desarrollo nacional.
-Reconoce como sujeto priorizado a la familia campesina.
-Ordena la coherencia entre el hombre-mujer y la naturaleza, haciendo énfasis en el respeto al medio ambiente,
-Y reafirma el carácter público de los servicios esenciales: educación, salud, vivienda, derechos laborales y salariales, soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo humano en el área rural.

C.      El Congreso de la República debe honrar el compromiso adquirido 28 de marzo, a través de la instancia de Jefes de Bloques,   con las organizaciones convocantes de la marcha campesina, de aprobar de urgencia nacional La Iniciativa de ley 40-84. Además de comprometerse a agilizar la emisión de legislación sustantiva y procesal agraria en Guatemala.

D.      En tal sentido, la convocatoria realizada por el Diputado Presidente de la Comision de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales contraviene de forma flagrante el acuerdo suscrito con las organizaciones campesinas, careciendo, en consecuencia,  de legitimidad este nuevo ciclo de audiencias públicas constituyéndose en una maniobra, política que busca: a) Formular una nueva propuesta de Ley a la medida de los intereses empresariales, b) Y consecuentemente dar un contenido diferente a lo pactado en su momento por las organizaciones campesinas y sociales con el anterior gobierno de la república, contenido en: la iniciativa 4084, Ley del sistema nacional de desarrollo rural.

 3º. Por tanto en razón del necesario respeto a lo dispuesto por las organizaciones campesinas y sociales constituidas en asamblea general cuyas razones reconocemos y asumimos  declinamos nuestra participación en las Audiencias públicas relacionadas. Esta situación la hicimos saber de forma escrita a la oficina señalada por el Diputado convocante el mismo día 25 de mayo corriente, sin embargo no fuimos eliminados de la lista de actores inscritos para evacuar la audiencia.

Guatemala junio 2012

COORDINACION DE ONG Y COOPERATIVAS –CONGCOOP-
INSTITUTO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y RURALES –IDEAR-

Justicia: terciopelo y mazo

Directo al foso de castigo, acompañados de malandrines.

Helmer Velásquez


El ejercicio de la judicatura está mal visto. Se ha devaluado, nadie reconoce imparcialidad en sus fallos, ni respeta su investidura. Por el contrario, son sospechosos de venalidad continuada. Los últimos fallos solo confirman la regla: eximir de culpa a Carlos (Guasón) de León, Torres Casanova y la fianza pecuniaria al general, acusado de genocidio, son una muestra de una lista mucho más larga de fallos altamente cuestionados. En contrario, se ceban con los dirigentes sociales, los sin cuenta bancaria, sin más poder que la organización social. Para ellos y ellas no existe conmiseración alguna. Este es el caso de los quince detenidos luego de los sucesos de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango.

Para empezar se les señala la comisión de una verdadera ensarta de delitos: robo agravado, lesiones graves, homicidio en grado de tentativa y allanamiento con agravación específica. Una letanía que los remite directamente a prisión sin beneficio alguno, además que dada la “peligrosidad” de los encartados y la posibilidad de que huestes “opositoras al desarrollo y la justicia” pretendan liberarlos, se les traslada a la zona 18 y la cárcel de mujeres de la ciudad capital. Directo al foso de castigo, acompañados de verdaderos malandrines. Vaya rasero el de la justicia. Viene a mi mente la frase de monseñor Arnulfo Romero; “La justicia es una serpiente que solo muerde los pies de los descalzos”. No me queda ninguna duda de la verdad de aquella afirmación. La justicia en estas circunstancias es una mascarada.

Así, sin el menor pudor, los jueces y juezas exculpan a los capos de cuello blanco: son condescendientes con los guasones. Soban la leva del poder, se conmiseran del anciano general: justicia de terciopelo. Reservan la espada de la justicia, la cuerda y el cepo para indígenas y campesinos. Cumplen a cabalidad aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando”. Para el caso: los detenidos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, son personas honorables, líderes comunitarios, dignatarios de su pueblo, defensores de derechos humanos. Carecen de antecedentes penales. Sin embargo, los denuncia una empresa española, según origen del capital y lugar a donde irán las ganancias. Es menester que con ocasión de la reforma del Estado, se emprenda la depuración del Organismo Judicial y su “reconstrucción” sobre una nueva ética y un nuevo concepto de nación.

 

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¿Y la política agraria?

El documento se transforma en un texto estrictamente discursivo.

Helmer Velasquez

El Gobierno de la República anunció el 17 de este mes su Estrategia de Desarrollo Rural,  documento que con sus luces y sombras es evidentemente un instrumento importante para la vida política, social y económica del país. Un desacierto del texto es insistir en lo que ha sido proclama de gobierno: la Agricultura Familiar campesina como objeto de fomento. Y es que, tratándose del segmento de población que sostiene el abasto alimentario del país y la mayor fuente de empleo, es totalmente procedente que se transforme en el objetivo de atención de la política agropecuaria de la nación. Sin embargo –y por no ir más allá–  al señalar líneas estratégicas sin explayarse en  cómo se hará aquello, el documento se transforma en un texto estrictamente discursivo. 

Ahora bien, y sobre el fondo del asunto. Una ausencia notable en el documento es la política agraria; sobre esta se circunscribe a señalar: la necesidad de formularla, sin profundizar la ruta a seguir, ni las bases para la misma. Esta omisión podría  interpretarse de diversas maneras: escasez de tiempo del equipo gubernamental, ausencia de voluntad política para encarar la tarea, o la multiplicidad de consultas necesarias para tal fin. Es obvio, al ojo crítico del ciudadano, que una ausencia de tal magnitud podría ser base para desaprobar la estrategia aludida. Y es totalmente evidente que, sin acceso a tierra, formas de manejo específico de la producción, infraestructura, litigio agrario y un sin número de elementos atingentes a la producción en el agro, es impensable una estrategia real.

Dicho  lo anterior, e incluso aceptando como válida la tesis de que el campesinado nacional no depende  en exclusiva  de la producción agropecuaria, sus medios de sustento incorporan una serie de opciones que nos hablan de una economía diversificada; sin embargo, es incuestionable que la base económica de 800 mil productores en este país corresponde a la actividad agropecuaria. Señalar esta ausencia, no pretende la descalificación de la iniciativa. No. Es un llamado a corregirla. Otra cuestión es ser escépticos en cuanto a la prioridad real de la gestión gubernamental, pues resulta que el otro eje que “va al campo” es la inversión privada, nada novedoso, además de señalar que se aplicarán a esta –según la estrategia de gobierno–  criterios de ética, ambiental, laboral, y de pertinencia cultural. 

Columna publicada en la sección Editorial de elPeriódico.com.gt de fecha 24 de mayo de 2012

 

COMUNICADO DE PRENSA

altLas organizaciones que conforman el Colectivo Campesino, ante el lanzamiento del Plan Para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina y el Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, hace las siguientes consideraciones

  1. 1.El Gobierno señala que tomó en cuenta los planteamientos de las organizaciones campesinas. Consideramos que lo que ha hecho es darle una función utilitaria a las propuestas largamente consensuadas desde hace varios años, y ha desvirtuado las legítimas demandas de las organizaciones campesinas; además ha minimizado problemáticas que siguen afectando la economía familiar campesina, como el impacto en los territorios indígenas de la implementación de megaproyectos, y la expansión de monocultivos que genera mayor presión sobre el acceso a la tierra y elevan la conflictividad agraria y social.
  1. 2.Aunque señala que se basa en las propuestas campesinas, el Gobierno muestra poca claridad operativa sobre los mecanismos de apoyo a la economía familiar campesina y la sostenibilidad y sustentabilidad que propone. Además, se contradice con el impulso de programas asistencialistas y de corto plazo (fertilizantes, hambre cero, harina fortificada, etc.) insuficientes para fortalecer la economía campesina.
  1. 3.Al adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural, Acuerdo Gubernativo 196-2009, a su Plan de Gobierno, los programas y política presentada, carecen de fundamento legal que dé legitimidad y consistencia a la política pública y las convierta en políticas de Estado. Tal como se está promoviendo esta Política de desarrollo rural, se trata de una estrategia de impacto político, más que estrategias de combate a la pobreza extrema. Aunque se considera importante que en el Plan se establezca como sujeto priorizado la Economía Familiar Campesina, se observa que se carecen de un enfoque operativo y de un claro y definido presupuesto destinado a la financiación de proyectos productivos, y a la activación de la economía familiar campesina.
  1. 4.El Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), 2012-2016, tiene como meta estratégica disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica en 10% para el año 2016. No obstante, no está definida una política agraria que tome en cuenta las necesidades de miles de familias sin acceso a la tierra, que son las mayores afectadas por el hambre. Y mientras se anuncia la formalización del empleo en el campo, no se cuenta con la capacidad de cumplir las normas nacionales e internacionales en materia laboral, empezando con el pago del salario mínimo en el campo.
  1. 5.En relación al Marco General de la Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, el planteamiento insiste en promover el desarrollo rural desde la promoción de la “competitividad” y el mejoramiento del “clima de negocios” para la atracción de inversión privada nacional e internacional. Pese a que señala la obligación de las empresas privadas nacionales e internacionales en el cumplimiento de las normas e instrumentos de evaluación ambiental; en la actualidad se ha evidenciado que existen irregularidades, y se deja a discreción de las empresas para que hagan “evidente” su “responsabilidad empresarial” en aspectos ambientales.

 6.Plantean la necesidad de respetar la pertinencia cultural, así como las diferentes regulaciones nacionales y convenios internacionales, pero se señaló que las consultas de buena fe hasta ahora realizadas son “actos aislados y manipulados”, pese a estar amparadas en el Convenio 169 de la OIT.

Ante estas consideraciones señaladas, el Colectivo Campesino demanda:

 a)Es sumamente importante que desde el Ejecutivo se defina la Política Agraria y se establezcan mecanismos estatales para la adjudicación de tierras, desestimulando la inversión en arrendamientos y fortaleciendo los mecanismos de acceso desde la perspectiva de los derechos históricos de los pueblos indígenas, reconociendo que la desigualdad en el acceso a la tierra es el principal factor para el combate a la pobreza y la pobreza extrema. Además, debe contarse con tribunales agrarios y un Código Agrario, para atender la conflictividad agraria.

  1. b)Para propiciar la movilidad de las familias de su estatus de desnutrición, pobreza y pobreza extrema a una situación de bienestar integral como familia rural campesina, se deben definir políticas económicas y comerciales que resguarden y subsidien procesos productivos que recuperen y fortalezcan las dinámicas campesinas y agrarias.
  1. c)El gobierno actual no puede, ni debe ignorar las legítimas demandas de la “Marcha indígena, campesina y popular”. Debe reconocer y respaldar las consultas comunitarias, y debe reconocer que el desarrollo no equivale a hacer prevalecer los intereses de las corporaciones transnacionales, como parece ser el plan la actual administración.

Guatemala, 21 de mayo de 2012


 Organizaciones del Colectivo Campesino:

 

Comité Campesino del Altiplano –CCDA-

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-

Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas y Campesinas de Oriente – COPISCO-

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales- Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP-IDEAR),

Para mayor información comunicarse con: Leocadio Juracán, 57383402 y/o con Helmer Velásquez (CONGCOOP) al 24320966

Se agota el Gobierno

La ecuación no se resuelve, el Gobierno se presenta atribulado.

Helmer Velásquez

Fuente menor Fuente normal Fuente grande

Enormes expectativas penden aún sobre la gestión Pérez Molina, figura presidencial que descolló en los primeros meses de gobierno, con inusitado liderazgo, aupado por la cuestión de legalizar las drogas, retomar PetroCaribe, incipientes éxitos en la detención de bandas criminales, y la impresión que el aparato público por fin se ponía a trabajar. Incluso el haberse fijado como meta atender con prioridad la economía familiar campesina, hacían prever un nivel importante de liderazgo y cierta autonomía política en relación a los tradicionales factores de poder.

Sin embargo, la coyuntura política empieza a modificarse durante la segunda quincena del mes anterior: campesinos q’eqchi’es demandan justicia y acceso a la tierra. La Presidencia del país asiste a su encuentro. De allí en adelante, el espectro político no es el mismo. Los empresarios del agro exigen mano dura en contra de las demandas y formas de lucha campesina y continúan, obcecadamente, atacando política y legalmente la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral y la política concernida.

Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, le pone la tapa al pomo. El aplomo presidencial desaparece; los nervios se crispan, se activan los mecanismos de represión del Estado, surgen desatinadas declaraciones públicas. La cuestión sacó de sus casillas a la dirigencia gubernamental; cargan la responsabilidad de los hechos sobre la población y la cooperación Internacional.

La ecuación no se resuelve, el Gobierno se presenta atribulado. La imagen de estadista sufre un desgaste acelerado. Si a esto sumamos el “clavo” ministerial en Salud y la impolítica actitud con que el Presidente defiende lo indefendible, hacen más gris el ambiente. Un ministro “con cola”, que si bien es inocente hasta no comprobar lo contrario, refleja el nivel de improvisación, opacidad y falta de criterio utilizados para el nombramiento de la alta burocracia. 

Este agotamiento prematuro obliga al Gobierno a tomar un segundo aire, terminar con el equivocado Estado de Sitio en Barillas, salida obligada del ministro salubrista y ejecutar ahora medidas positivas a favor de la población rural mucho más allá de los ineficaces fertilizantes químicos. En síntesis, han quedado expuestos los puntos flacos. 

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