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Para su información un nuevo vídeo sobre el AdA hecho por una revista de business cuya materia se difunde entre otro en el parlamento europeo. El reportaje es hecho con insumos de nuestra asistente de prensa (pero incluye tambien otros insumos entre otro del embajador hondureno).

Entre otro se ha usado material de los vídeos que hicimos sobre agrocombustibles y donde participo el Director Ejecutivo de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, Helmer Velásquez, en la misma pagina de web incluyen tambien un debate con eurodiputados donde participo erik van mele de Oxfam Solidaridad , miembro de CIFCA. 

Reportaje, bastante recomendable, sobre el TLC UE, Colombia/Perú y los AdAs. Este trabajo está acompañado de una edición impresa que llegará a cada uno de los buzones de los Diputados del Parlamento Europeo. Presione el siguiente enlace para ver el reportaje web.

 

Hace 36 años otro militar era el ilegítimo gobernante. 

HELMER VELASQUEZ

Fuente menor
Conmovidos expresamos nuestra solidaridad y fraternidad con los afectados: familias nobles del Altiplano Occidental. Hace tan solo catorce días, justamente en San Marcos, hacíamos parte de un debate sobre recursos naturales, conflictividad social y territorio, evento organizado por agrupaciones eclesiales de base y ONG. La tónica de los discursos estuvo centrada en señalar lo negativo que la extracción minera ha llevado hacia aquel departamento: daños en viviendas, tensión social, y un oscuro futuro ambiental consecuencia del inexorable envenenamiento de sus aguas subterráneas. Allí escuché esto: de la mina  salen carros blindados que transportan valores, el ojo popular supone que ahí va el oro extraído. Nuestra riqueza. A los Marquenses queda el polvo, el hollín y el cianuro. 

Sigilosa surge la tragedia y esta devela y denuncia: las víctimas son  sectores populares y medios. La “única” institución capaz de sobrellevar la emergencia es el “noble” Ejército nacional, excelente oportunidad para lavarle la cara después de la masacre de Totonicapán, hasta los encuestadores son militares. El Fonapaz y su cuestionado director recuperan la honradez y serán institución garante y ejecutora de la ayuda,  en lugar de desarticular este trebejo institucional, el Presidente y la Vice lo protegen y promueven. Por algo será. Hoy como hace treinta y seis años, durante el terremoto de 1976, otro General era el ilegítimo Presidente de la República. ¿Será este el sino de los guatemaltecos? En San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, un exdiputado del FRG –Carlos Bautista, alcalde municipal, afirmó que se necesitan Q700 millones para la reconstrucción. Luego de ejercer en diversas legislaturas, su transparencia y probidad no son garantía. Por su parte la Mina Marlin dejó expuesta la presa de colas. Esta “guarda” el cianuro utilizado por la producción minera, un peligro adicional para la población en caso de sismo. La empresa Montana guarda silencio.

A propósito, ¿cuántos millones de dólares aportará Montana Exploradora para la Reconstrucción de San marcos o consideraremos suficiente su “donación” de regalías  hasta por seis por ciento anual? En su esquina, Gobierno y políticos pretenden sacar provecho de la tragedia: unos van por las probables ganancias de la reconstrucción, otros en campaña política y los milicos lavándose la cara. El terremoto ha develado lo que los sectores populares de San marcos han venido señalando: abandono del Estado, militarización, abuso de empresas mineras y de energía, persecución política de dirigentes populares. Así que por dejar al descubierto el expolio de la riqueza natural y la exclusión de los aldeanos, este terremoto será sindicado de sedición y terrorismo. 

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Desde la privatización todo marcha mal.

Helmer Velásquez

 

Fuente menor

Vistos los acontecimientos del último mes en San Marcos y la constante protesta de vecinos en Suchitepéquez, Zacapa, Huehuetenango y Quiché, respecto del alto costo y mal servicio de energía eléctrica que reciben estos poblados. Servicio que hasta 1996 fue prestado por empresas públicas, y de allí en adelante por empresas transnacionales, que se hicieron con la totalidad de las acciones, aprovechando el saleque con las empresas del Estado montó el gobierno de Arzú.

Lo cierto es que desde la privatización de los servicios públicos, particularmente: telefonía, generación y distribución de energía eléctrica, estos han ido de propietario en propietario, sin que se haya logrado eficiencia y bajo precio en el servicio; señuelo –este último– utilizado por el gobierno de Arzú Irigoyen, para convencer a los guatemaltecos de lo ventajoso que sería vender estos activos del Estado, “que si bien dejaban ingresos al erario público su administración era onerosa y se prestaba a la corrupción”. Pues bien, 16 años después de aquellas operaciones, los guatemaltecos estamos sabidos de que Álvaro Arzú Irigoyen y su camarilla nos engañó. El servicio de luz es caro, malo y está concentrado en una sola firma, sin competencia alguna y que utiliza las redes de distribución construidas con dinero de los guatemaltecos sin pagar por ello. Esta empresa no invierte un solo centavo en electrificación rural, así que los pobladores de zonas alejadas deberán esperar sentados y el servicio nunca les llegará. La telefonía está en manos de un puñado de transnacionales, estas deciden sobre precios, tipo de servicio y prioridades, estamos a merced de sus decisiones. 

Sin embargo, el caso del ferrocarril es aún más patético, concesionado a precios irrisorios, nos dejó sin propiedad, sin servicio, y con una millonaria deuda tasada en dólares a una empresa extranjera que nunca prestó servicio alguno, ni realizó inversiones para poner en funcionamiento este estratégico servicio. Desde esta perspectiva, la demanda de los pobladores del área rural, de nacionalizar la energía no solamente es comprensible, sino que razonable y sabia. Y como es ya costumbre han sido los campesinos los que buscan corregir los yerros de los gobiernos “democráticos”. Enmendar la actitud disoluta que con los bienes del Estado tuvo Álvaro Arzú es un acto de honestidad histórica. 

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Tierra, trabajo y producción agroecológica.

Helmer Velásquez

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 Al arribo del siglo XXI, la sociedad nacional no termina de asombrarse con el lacerante “descubrimiento” de que más de la mitad de los niños guatemaltecos estén padeciendo desnutrición crónica, índice que en el caso de pueblos indígenas llega hasta el 80 por ciento. Lo pasmoso de la cuestión es que se trata de un problema conocido muchas lunas atrás y frente al cual el Estado y la sociedad han vuelto la espalda. En los círculos “pudientes” de nuestra sociedad, no se va más allá de comentar sobre el asunto y encomendar a Dios el alma de los pequeños. Los más avanzados, han adelantado campañas para combatir el flagelo.

 Más recientemente, las compungidas donaciones en alimentos para la población de Camotán en Chiquimula cuando hace una década “se conoció” la precaria condición en que por centurias han permanecido los Chortí y ladinos pobres, de aquellos solares. Más recientemente la campaña: “Tengo algo que dar” que emprendió la Secretaría de Seguridad Alimentaria llevó a funcionarios y guatemaltecos de “buena voluntad” a los campos para tomar conciencia de la situación. Nadie de los promotores o voluntarios en estas campañas parece reparar en las causas de la terrible situación. Todos reconocen –del diente al labio– que nuestros alimentos provienen del azadón y el surco campesino, aquellos que en el extremo de la paradoja no tienen nada para comer en su mesa. Sobre Camotán –por ejemplo– no se mencionó siquiera, el abandono histórico de esta población, menos aún la sobre explotación de que hasta hoy son objeto, ni de las “agarradas” que de sus mejores tierras hicieron los potentados del lugar apoyados en el Ejercito nacional, que acusó a aquellas empobrecidas familias de comunistas y otras patrañas, tan solo para facilitar el acaparamiento de sus tierras por abyectos esbirros de la dictadura militar. A 10 años del “descubrimiento de la tragedia”, Camotán sigue famélico y sin acceso a la comida. 

Guatemala se mantuvo en el podio de la reunión del Consejo Mundial de Seguridad Alimentaria –Roma, tercera semana de octubre– esto por dos razones: Ser país con hambre crónica y el “prometedor” modelo, Hambre Cero. El comentario de corrillos estuvo dedicado a esperar que no estemos frente a otra balandronada demagógica. Para que sea efectivo hay que incorporarle lo básico: tierra, trabajo y producción agroecológica.

 

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Se especuló que este Gobierno tendría una vena nacionalista.

Helmer Velásquez

Los acontecimientos de la política nacional han ido develando con nitidez los intereses dentro del gobierno, las fuentes de poder que orientan sus principales decisiones y lo que están dispuestos a hacer para conseguirlo. Durante la “luna de miel” entre gobierno y sociedad, se especuló –incluso- que este gobierno tendría una vena nacionalista con tímidas expresiones progresistas, la base de tales apreciaciones estribaba en algunos de los nombramientos Presidenciales y el interés expresado en el impulso a la Ley de Desarrollo Rural y a una política pro campesino. El corte de caja al día de hoy es obvio, no tenemos ni lo uno ni lo otro. Solamente el discurso.

Por el de lado los daños la administración patriota  va en ascenso, son obvios y de dominio público, así que me limito a señalar algunos títulos: muerte y represión en Barillas, Huehuetenango; incremento al presupuesto militar; instalación de nuevas bases militares e  irrupción de cuadros de la milicia en la administración pública. La –oscura– concesión en puerto Quetzal, las “suspicaces” actuaciones del Fonapaz, crecimiento del endeudamiento público, “reforma fiscal” cargada a las espaladas de la clase media y popular, propuesta de reformas a la ley de minería (esta pretende legalizar “el aporte voluntario” que las empresas del sector ya otorgan al Estado, facilitar las concesiones, obviar las consultas populares y elevar la representación de la gremial de Minas al Consejo que decidirá el otorgamiento de licencias: entreguismo absoluto). La cuenta se tiñe de rojo: masacre en Totonicapán y agresiones a los estudiantes de educación media. 

En cuerda separada pero que involucra totalmente al partido de Gobierno, la permanente anarquía en el Congreso de la República. Esta tiene resultados evidentes que se expresan en: no haber aprobado la ley contra el enriquecimiento ilícito, entrampamiento de la Ley de Desarrollo Rural integral y la elección como Presidente del Organismo del “empresario” y ahora padre de la patria Pedro Muadi, bisoño político que no ocultó sus intenciones la ley citada -4084-,  no está en sus prioridades. Consecuente –el dignatario–  con la línea impuesta por el empresariado del agro. Es decir, si quedaban dudas sobre quién decide en el Gobierno y en dónde está la fuente de poder, la cuestión, ahora, es clara.

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