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Se insiste en que genera empleo.

Helmer Velásquez

Fuente menor

El Estado guatemalteco sigue empeñado en mantenernos entre el pantano y la vorágine. Qué más pensar si ya desde el mismo gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen se facilitaba –vía reforma al Código Minero y rebaja de regalías– la intrusión de la extracción minera al país, elemento socialmente inflamable, pírrico en réditos para el Estado y altamente nocivo al ambiente, esta actividad que “por donde pasa quema” es una vieja conocida nuestra, baste recordar San Ildefonso Ixtahuacán, en Huehuetenango, y su trágica cadena de conflictos sobre propiedad de la tierra, ambiente, salud y trabajo relacionados con la mina de plomo en aquel paraje. Frente a la devastación ocasionada empequeñece el argumento empresarial-gubernamental del bonancible crecimiento económico que esta actividad genera. 

Sin embargo, se insiste en que la minería genera empleo, argumento ocioso y atrabiliario; en donde la minería se asienta –los comunitarios– no llegan a emplearse más que en “seguridad” o de peones, “empleo” de muy discutible calidad. Respecto del alza en las cifras de inversión extranjera –otro fundamento esgrimido– si bien se refleja en los indicadores macroeconómicos no tiene impacto en la situación de la población y si a las cifras de inversión le restamos el costo de los daños, no hay tal beneficio Así, examinando la situación de los proyectos mineros: Marlin, en San Marcos; San Rafael, en Santa Rosa; y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal; evidenciamos que como sociedad y Estado no hemos ganado un ápice, esto si tomamos en cuenta que solo el gasto en “seguridad” en que incurre el Gobierno –lo cual incluye la represión al pueblo– es seguro que habremos gastado más de lo que “ganamos” con las regalías. Si a lo anterior sumamos la ruptura

Para complicar más la cuestión: “empresas privadas de seguridad” están a cargo del cuidado de las instalaciones mineras, verdaderos aparatos impunes que disparan a mansalva y son capaces –por dinero– de hacer de Guatemala una hoguera, así detrás del asalto a la minera en San Rafael Las Flores, existe una conspiración –que no proviene de los pueblos– y cuya pretensión es provocar al Estado culpando a la población. Urge cortar por lo sano, es indispensable una moratoria a la minería. Presidente y congresistas, de su decisión dependerá el rumbo de la historia.

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Comunicado 1, Guatemala, Enero 2013

 

Ni el presupuesto del MAGA ni la ejecución del mismo respondieron al incremento de la agricultura y la actividad pecuaria en el país para 2012, no contó con estrategia alguna de desarrollo económico-social. 


  • 94.19% del presupuesto se ejecutó durante el 2012, de un monto vigente de          Q1,503.29 millones, pendiente de ejecutar Q87.37 millones.
  • A pesar que contó con uno de los presupuestos más altos de los últimos años no tuvo impactos sustanciales en el incremento a la producción de alimentos que beneficiaran al desarrollo rural en el país.
  • Q266.39 millones recortados a los programas SAN y Desarrollo Económico Rural Agropecuario

 

Durante el año 2012 se constató la deficiente e incoherente planificación y sustentación del Desarrollo Agropecuario en Guatemala, situación que se evidenció en la ejecución de su presupuesto. Esto trajo como resultado que los recursos asignados al MAGA sean en realidad un gasto improductivo, sin impacto real en el incremento de la producción agropecuaria nacional, generación de empleo, decrecimiento de la hambruna y desnutrición en el país.

 Además se resalta que el presupuesto destinado a la agricultura y la actividad pecuaria en el país no se correspondió con estrategia alguna de desarrollo económico social; se trató de una serie de actividades conexas entre sí. Asistencialistas algunas de ellas, lo cual viola la Ley Orgánica del Presupuesto -Dto.101-97- del Congreso de la República, que exige: según “Artículo 8: Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social”. Es decir, que tal y como afirman las organizaciones campesinas no existió aplicación real de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-   Acuerdo Gubernativo 196-2009.

 El Estado de Guatemala destinó el 2.95% de su presupuesto público -2012- para la agricultura, equivalente al 0.47% en relación al PIB. Con esta decisión política el Estado y el Organismo Ejecutivo -como entidad concernida- se niega a propiciar inversión social y productiva de forma equitativa para el campo, en donde de acuerdo con la FAO dos millones y medio de guatemaltecos permanecen en situación inseguridad alimentaria. Esta magra asignación presupuestaria, violó flagrantemente la Constitución Política que mandata al Estado a:”j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica” 119 Constitucional. Dejando a la población campesina en situación de indefensión, y viola el derecho a la alimentación.

El MAGA ejecutó 94.19% de su presupuesto en el 2012, la ejecución fue menor a la del año 2011 (95.92%), además se evidencia los múltiples recortes en casi todos los programas, especialmente en los Programas de Seguridad Alimentaria (Q149.87 millones) y Desarrollo Económico Rural Agropecuario (Q116.52 millones).

Sin embargo denota el total desinterés del actual Gobierno por fortalecer el desarrollo rural a través de la implementación de programas con recursos suficientes para incrementar la producción de alimentos y generar mayores ingresos en la población más vulnerable, ello se evidencia en los recortes realizados al Programa de Desarrollo Rural Agropecuario

 La inversión pública en desarrollo agropecuario fue regresiva en el 2012, si a las cifras de ejecución le disminuimos el rubro destinado a compra y reparto de fertilizantes, equivalente a Q512.40 millones y tomamos en consideración el nivel de inflación, y aumento de población la inversión pública en el campo, en términos reales decreció, por otra parte la deuda política con la Ex Pac se evidencia al proporcionarles Q96.02 millones, caso contrario ocurre con el fortalecimiento a los pequeños campesinos.

Desde esta perspectiva y para avanzar en materia de proteccion, y promoción del cumplimiento de los Derechos Economicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es urgente reorientar el presupuesto público para la agricultura y destinarlo con prioridad a los pequeños productores, para cuyo efecto el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 2013 debe elevarse a un mínimo del 10% del total del presupuesto público anual y garantizar los recursos destinados a programas de incremento a la producciòn de alimentos y que benefician a los y las pequeñas productoras a travès del blindaje del presupuesto y la eficaz ejecuciòn del mismo para el presente año.

El Estado debe ser garante de proporcionar el acceso a los recursos necesarios a las y los pequeños productores para mejorar sus condiciones de vida y con ello contribuir a disminuir la pobreza y la desnutrición.

 

Mayor información: Alejandro Aguirre

Coordinador del Instituto por la Democracia ID

CONGCOOP Teléfono: 22881489.                         VAMOS AL_GRANO_140113

 

 

Ha atraído miradas suspicaces.

HELMER VELÁSQUEZ

 

Caro le ha salido a Pérez Molina haber sacado la casta por los viejos colegas de armas y en defensa propia. No se trató de una actitud atípica, ni fuera de la lógica política guatemalteca, lo que nos tomó por sorpresa del Acuerdo 370-2012, es que durante los cerca de 12 meses de gestión se han guardado las formas, se ha actuado con delicadeza de cara a la comunidad internacional, el objetivo: no levantar olas que atrajesen miradas suspicaces, mucho menos señalamientos de  fomentar impunidad y una política sistemática de violación a los derechos humanos. Y es que tratándose de un Estado/Gobierno con techo de vidrio, esta administración se esmeró en enviar señales positivas. Así tuvimos: ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional,   apoyo sin regateos al Mandato de CICIG, respeto al período de Claudia  Paz y Paz y el ofrecimiento de instaurar un gobierno de diálogo. Estos gestos tuvieron eco positivo en la comunidad Internacional.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y sin obviar “deslices” como la penosa argumentación  presidencial sobre que en este país no hubo genocidio, causó estupor e indignación el Acuerdo 370-2012 emitido justamente el día de los Santos Inocentes.  No resultó difícil pronosticar –en un primer momento- quién dentro del entorno presidencial urdió y concretó el  cuestionado Acuerdo; es ahora autor confeso. El Secretario de la Paz ha sido defensor oficioso de los militares, sea cual fuere el delito por el cual se les persigue. Baste recordar su “fundamentación Constitucional” a favor de la Candidatura Presidencial de Efraín Ríos Mont, o sus públicas cavilaciones para demostrar que en este país no hubo genocidio o pretender sentar las bases “teóricas” sobre la prescripción de delitos, incluso de lesa humanidad.

Tampoco sorprendió que el Ministerio de Relaciones Exteriore,s dirigido por “simpático” exministro no haya emitido sesuda opinión en contra de la aberración que se contiene en el Acuerdo aludido, hasta gracioso le debe haber parecido el contenido, ni siquiera habrá relacionado el gravoso costo político que el mismo tendrá en nuestras relaciones internacionales. Por último, el argumento del costo  dinerario de las reparaciones –Decretadas por la CorteIDH– es oficioso. A los expatrulleros civiles  hemos “cancelado” más de mil millones de quetzales y  nadie en el gobierno lo objeta.

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 Los intereses sociales no son prioritarios en la agenda.

Helmer Velásquez

 



Cerrar el 2012 para los guatemaltecos es hacer el recuento de la serie de desafíos y expectativas que generó el binomio Pérez Baldetti. No se trata de una vuelta de esquina común. El cierre del primer año de gobierno de “los patriotas” supone contrastar su propuesta electoral con lo actuado. Como es natural la plataforma electoral de Pérez Molina avivó esperanzas de cambio, mientras sectores organizados de la población pronosticaban el arribo de un gobierno pro oligárquico y represivo. A nivel mediático se predijo un gobierno con base partidaria sólida, ideológico, capaz de imprimir su visión a la gestión del Estado, bajar los índices de inseguridad ciudadana y aumentar la probidad en la gestión pública. 

Ahora 353 días después tenemos: una reforma fiscal dirigida a “sangrar” asalariados y proteger el bolsillo de la elite, la fallida transformación del Estado expresada en la Reforma Constitucional y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, iniciativas  que parecen haber nacido muertas, sobre el impulso prioritario de la Agricultura Familiar Campesina este no existió, los programas asistenciales no cumplieron metas y están orientados a sectores urbanos con potencial de voto, en protección a los recursos naturales nada hasta hoy, solo se lograron “arreglos amistosos” con la gremial de empresas mineras sobre el monto de las regalías y se rechazó la petición comunitaria de declarar una de moratoria a la extracción minera. En cuanto a hidroeléctricas el gobierno se alió a las empresas, lo actuado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, ejemplifica el dicho: Estado de Sitio y represión militar contra la población del lugar para garantizar los intereses de la transnacional española Hidraulia. 

El “diálogo nacional” se salda con la muerte de seis campesinos en Totonicapán. En probidad la nota es baja, la concesión de Puerto Quetzal es lo obvio, pero hay más. De lo positivo: la actitud presidencial para lograr la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, ejercicio que dejó claro quién determina el veto en este país. El balance es negativo, rompe cualquier “ilusión política” . Salvo que se demuestre lo contrario en el resto del período. Lo actuado hasta hoy confirma la existencia de una alianza público privada entre alta burocracia y elite económica, los intereses sociales, populares y nacionales no son prioritario en la agenda gubernamental. Sin embargo, aun es tiempo de cambiar.








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los albores de una nueva era.

HELMER VELÁSQUEZ

Fuente menor

El inicio de los períodos de tiempo –largos o cortos– generalmente están acompañados de visiones optimistas y presagios agoreros devenidos algunos de la cosmovisión que los sustenta, afanes religiosos, lucro o llana especulación. La llegada del nuevo Bak’tun, ha levantado un entresijo de expectativas sobre lo que acaecerá en nuestro futuro personal y colectivo. Sin embargo, escuchando la palabra de los actores: dirigentes y guías espirituales Mayas hombres y mujeres, se respira un ambiente de optimismo cargado de cambios positivos para el pueblo maya y la sociedad nacional.

Ahora bien, como no se trata de una visión determinista, nadie espera que el cambio inicie en fecha señalada y sin fuerzas sociales organizadas que lo propicien. Desde esta perspectiva, asumimos que la génesis del cambio es antañona y nunca se ha detenido, ha sido una constante en la historia, con mayores o menores resultados, según las condiciones de cada momento. El hito más reciente de este largo trayecto lo encontremos en el seno mismo del conflicto armado interno y su negociado desenlace. Y es que de lo doloroso de la tragedia parece haber surgido renovada razón y fortaleza de una civilización que se niega a languidecer. No voy a entrar acá en esa discusión a mi juicio bizantina sobre si los “mayas actuales” son lo que dicen ser o más bien llegaron a la tierra por generación espontánea, y no tienen absolutamente nada que ver con la estirpe Maya de tiempos pretéritos. Me interesa destacar, eso sí, que la rueda de la historia, ha marchado indefectiblemente en dirección de la emancipación. Con sus alzas y sus bajas, es cierto, lucha histórica que no significa, ni el fin de los mestizos ni la partición del país en cinco nacionalidades. Quienes esto afirman pretenden asustar con el petate del muerto.

El nuevo Bak’tun debe leerse como un hito en el continuo de posibilidades que la propia dirigencia y organización indígena –maya en particular–, han venido articulando. Identidad y existencia, están fuera de toda discusión. Es en el marco de la creciente presencia maya en la sociedad y la política, que habrá que debatir sobre economía, territorio y recursos naturales. Es decir, a quién pertenecen y quién decide sobre ellos, los pueblos indígenas han dicho ya su palabra, los preceptos Constitucionales sobre la materia están obsoletos. Así que nuevo Bak’tun, renovados debates, otras aperturas, nueva sociedad. Lo demás es folklore.

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