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He ahí el dilema

Helmer velásquez 

 

El linchamiento: ese desenfreno violento que pretende ahogar nuestros odios, venganzas y otros padecimientos interiores, es un torbellino que busca botar –aunque sea un momento– nuestra inmisericorde carga de memoria colectiva, el recuerdo de aquellos días aciagos en los que el linchamiento ordenado por el comandante del destacamento era legal, en donde matar comunistas –en público– no solamente era permisible, sino se premiaba. Es el linchamiento resultado de nuestros infiernos interiores. Nuestras taras sociales se santifican –o justifican– con sentencias divinas: “el que a hierro mata a hierro muere”, quizá por eso regularmente se utiliza el fuego, este lo purifica todo. Sintetiza el linchamiento odios ancestrales con cercanos acontecimientos, aderezado todo ello con la inexistencia de Estado. Este –el Estado– en la conciencia ciudadana no significa más que funcionarios de vida holgada a costa del peculio público y una enorme burocracia de vida precaria. Ambos estamentos –alta y baja burocracia– devuelven a la sociedad servicios –igualmente– precarios.

Nada justifica el linchamiento. Premisa básica, de acuerdo. Ahora bien, cómo entender el mensaje social (el políticamente correcto) que justifica y promueve la portación legal de armas. Somos una sociedad bicéfala, un lado de nuestro ser condena el gravoso hecho colectivo del linchamiento, contradictoriamente, el otro lado premia la defensa armada de los bienes y es incluso eximente de responsabilidad penal. Y no me refiero a la acción estrictamente humana de defendernos ante cualquier amenaza de daño. No. Me refiero al hecho jurídico político, que permite la utilización de armas al ciudadano común, estamos facultados –por ley– a tener en casa hasta tres armas por persona y varios cientos de municiones. En dónde, entonces, está la diferencia entre aquel que tiene licencia para matar, generalmente acompañado de guardaespaldas, carro blindado y armas modernas del que a falta de otros instrumentos utiliza la cuadrilla, el garrote y la mecha.

Me parece obvio que debemos condenar el linchamiento y la “justicia” por mano propia. Sin embargo, con igual vehemencia debemos condenar la portación legal de armas de fuego y exigir su prohibición. El Estado y sus agentes deben servir para algo, dejar de ser lo que ahora son: manto protector de la delincuencia de cuello blanco y verdugo de la población vulnerable. Un Estado que fomenta impunidad no tiene calidad moral para condenar la acción irracional de la ciudadanía que constituida en juez y verdugo, atrapa y “en horca y hoguera” aniquila delincuentes, generalmente de poca monta y extracción popular. De continuar así iremos directo al despeñadero violento.
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Autores:

Helmer Velásquez, Zully Morales y Arlyn Jiménez

Guatemala, febrero de 2013                                                                                   

 

 

El presente informe aborda el monitoreo de tres directrices voluntarias para el Derecho a la Alimentación. La directriz número 5, -Instituciones - se refiere la institucionalidad pública, su funcionamiento, la coordinación entre todas las Instituciones, el monitoreo de las funciones de cada uno, su apertura a promover la participación de todos los sectores de la sociedad y las acciones pertinentes a promover la transparencia de su ejecución.

En el ámbito de la Seguridad Alimentaria, nuestro país cuenta con un Sis- tema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- que se integra por 21 entidades tanto gubernamental como de la sociedad civil, que de ser operado como la Ley lo indica, estaríamos ante una instituciona- lidad fortalecida, no obstante lo anterior existen disparidades y diferencia de focalización e intervención en el seguimiento de los planes y programas que los gobiernos se trazan, los cuales cambian de gobierno a gobierno, prueba de ello es que con el cambio de autoridades en el 2012, uno de los pactos lanzados es el Pacto Hambre Cero, cuyo plan fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional1, el cual debe ser cumplido por las instituciones involucradas.

Lo que se pretende con el análisis de dicha directriz es poner sobre la mesa de análisis, la Institucionalidad del Estado, su complejidad, pero sobre todo su compromiso y funcionalidad real ante la consolidación del derecho humano a la alimentación.

Por otro lado, se aborda la directriz 12 - Recursos Financieros Nacionales - con lo cual se pretende generar un marco contextual en donde se pueda visibilizar de qué forma, cuanto y como se ejecuta el presupuesto nacional destinado a Seguridad Alimentaria.

 

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La milicia no da una. Reforcemos la seguridad civil.

Helmer Velásquez

 

 

 

 

 

 

 

Las capacidades militares, en la cuestión de atajar la violencia común y organizada, no van más allá del miedo que los soldados infunden a la ciudadanía honrada. Así tenemos que el estratega del asunto, emblemático militar de la guerra, enfundando en el traje de Ministro de Gobernación defraudó las expectativas puestas en él. Mucha bulla y escasos resultados. La mano dura y la “inteligencia”, resultaron ineficaces en la lucha contra el crimen; además, la corruptela permeó a las esferas de seguridad del Estado, incluyendo las “asesoradas” por expertos militares.

Volviendo a la Estrategia de Seguridad y el fracaso de los militares en la dirección y ejecución de la misma; la lógica pedestre, nos lleva a una conclusión, que puede parecer pueril, pero que extraída desde la historia reciente, tiene asideros irrefutables. Resulta que la acción militar en la lucha contrainsurgente, asestó golpes certeros a la red urbana de las organizaciones político militares de la insurgencia, cuestión que influyó significativamente en el curso de los acontecimientos. Es decir, la milicia demostró efectividad en el desmantelamiento de una red clandestina hasta ese día inexpugnable. Qué hace ahora la diferencia, por qué la milicia es y ha sido inefectiva, en su papel de “apoyo” y dirección de la seguridad del Estado para ubicar y desmantelar los reductos del crimen organizado y común. La respuesta es sencilla y obvia: los métodos, sin secuestro, desaparición, tortura, escuchas ilegales, amenazas de muerte, masacres y una legión de “orejas” a su servicio. La milicia no da una. 

Para no verse mal efectúan “importantes capturas”, así por ejemplo, detienen en San Cristóbal Verapaz al líder comunitario Aurturo Xollín, miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), para cuyo aseguramiento se empleó 15 autos policiales, efectivos militares y personas de apoyo, presuntamente empleados de Ecotierra, empresa que disputa la propiedad de la Finca Primavera, con sus históricos poseedores. En tanto aquello sucedía, en la ciudad capital se asesina a mansalva a la abogada Lea de León, mueren por violencia 25 personas el fin de semana y el coronel que dirige el Sistema Penitenciario, permite a su excamarada de la milicia Byron Lima Oliva, hacer “turismo de salud” por la metrópoli. El fracaso es obvio. Reforcemos la seguridad civil.

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Destinarán recursos para el sector privado

Crisis por la roya saca a luz el debate del Estado subsidiario

 

Reportaje publicado en diario LA HORA, el 16 de febrero de 2008

APOYO A PEQUEÑOS
Helmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) considera que los grandes caficultores deben costear con sus utilidades el combate de la roya, “porque cuando el café ha tenido un buen precio, las ganancias no se distribuyen en el grueso de la población”, lo que se puede ver en el pago de malos salarios y sin prestaciones laborales a los trabajadores. “Son antisindicales y ponen a niños a trabajar; no es justo que ahora tengamos que cubrirles sus ‘deudas’ ”, agregó. 

De acuerdo con Velásquez, los grandes empresarios siempre se han opuesto a los subsidios a pequeños campesinos y que incluso directivos de Anacafé se opusieron a la ley de Desarrollo Rural que tiene como sujeto priorizado la agricultura familiar campesina, perfil en el que encajan los pequeños caficultores. 

“No me parece justo que ahora todos tenemos que acudir en apoyo a los grandes caficultores”, indicó Velásquez, quien considera que la voz de los pequeños caficultores no está siendo escuchada en las altas esferas de Anacafé.

“Si el Estado va a intervenir, debe hacerlo en función de los pequeños, no en función de los grandes, ya que en anteriores ocasiones son los grandes caficultores los más beneficiados con los subsidios estatales”, anotó. 

Velásquez considera que históricamente cámaras como la del Agro, a la que pertenece Anacafé, han exigido la reducción del Estado; “lo que proponen es que el Estado se dedique a seguridad y justicia, piensan que el Estado debe estar lejos de todo subsidio y de servicios como salud y educación, pero cuando necesitan del Estado acuden a él”, señaló.

Las ganancias se privatizan, pero cuando hay pérdidas, como en este caso, se socializan y piden que con nuestros impuestos el Estado los defienda; es una actitud inconsecuente con el Estado raquítico y pequeño que ellos promueven y lo que ahora reivindican, reveló el director de Congcoop.

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Es un deber patriótico.

Helmer Velásquez

Durante los últimos meses se relanzó la extensa campaña de difamación y diatriba que en contra del Comité de Unidad Campesina (CUC) se han impuesto cual cruzada sectores político-económicos de este país y cuyos mecanismos de expresión han ido desde amenazantes anónimos, pasquines, columnas de opinión, vocerías oficiosas y comunicados de democráticas municipalidades. La pretensión es y ha sido desnaturalizar la defensa del territorio, recursos naturales, derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a la tierra, que esta organización promueve y cuyo fin último es edificar el buen vivir, en democracia para los productores de campo.

Lamentan y condenan los detractores del CUC que este haya tenido –según afirman– vínculos con organizaciones político revolucionarias durante la guerra interna; callan obedientemente estos “fiscales gratuitos” la relación que algunos terratenientes tuvieron –o tienen– con gavillas de sicarios cobijadas por el Estado y pagadas con dineros de oligarcas nacionales. Organizaciones terroristas que arrancaron de tajo a padres de hijos, hijos de madres, campesinos de sus campos, estudiantes de sus libros y una larga lista de atrocidades documentadas por textos sobre la Memoria Histórica. 

Quiero ocupar el espacio para proponer, que en aras de la conciencia y justicia histórica, se declare al CUC Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, pues llena y con mucho los criterios pertinentes para ello –legales y sociales. Al efecto cito: su incansable búsqueda del bien común, la práctica cotidiana del vínculo entre desarrollo y cultura, su impulso de la diversidad cultural, fomentando a la vez el afianzamiento de la identidad étnico nacional, el rescate, mantenimiento e impulso de formas organizativas ancestrales. La formación de miles de personas que ahora son alcaldes, funcionarios o dirigentes comunitarios. La mejora de las condiciones laborales de los asalariados del campo y su inconmensurable apoyo a la construcción de la paz y la democratización del país. Por esto más es un deber patriótico e histórico reconocer a esos miles de hombres y mujeres rurales que integran el CUC, por su aporte al país. No existe la menor duda de que la sociedad no tendría el nivel de apertura política que ahora tiene sin la contribución del Movimiento Campesino y en particular del CUC. Justo será reconocer a los hijos de la tierra su aporte y sacrificio.

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