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Una oportunidad perdida.
Helmer Velásquez
El atávico problema de la concentración de la tierra y su correlato la inequidad en el campo, tuvo un efímero esfuerzo de solución allá por los años cincuenta; un 17 de junio de 1952 para ser exactos. Este día vio la luz, uno de los mandatos legales más profundos y trascendentales para el país. La más grande propuesta de transformación nacional. Nunca como en aquel texto la justicia agraria tocaba la puerta campesina: Por fin una Ley de Reforma Agraria; cuyo objeto –quedó para la historia– en su Artículo uno “La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala”. Absolutamente humana, modernizante. Sintetiza el pensamiento de Jacobo Árbenz, su sensibilidad humana y la audacia de su gobierno.
Cuántos Polochic, Sansirisay, Panzós o Nueva Linda nos hubiésemos evitado si el proceso revolucionario y la majestad de su Ley, hubiesen permanecido en el tiempo; es probable que ni el conflicto armado se hubiera presentado. En fin, no se trata ahora de hacer una nota plañidera, los sucesos están dados, y los responsables de la debacle nacional, han sido –incluso– individualizados por la historia. Sin embargo, cuando estamos por arribar al 61 aniversario de la emisión de aquella memorable ley, es procedente hacer un recuento de los daños. Para empezar el país ha ido de día en día dejando ser superavitario en la producción de granos, ahora importamos inclusive maíz; durante el corto período revolucionario en cambio, exportamos, tanto a El Salvador como a México, se generó empleo para alrededor de 100 mil campesinos, que luego se perdió. La desnutrición nos agobia, particularmente en el campo, la organización social y productiva es ahora perseguida, durante los años de la Reforma creció exponencialmente, nace la Confederación Nacional Campesina, 200 mil miembros. La tierra adjudicada por las posteriores “transformaciones” agrarias, está nuevamente concentrada en poder de empresas. El usufructo como método de adjudicación durante la Reforma, trató de evitar, que los antiguos propietarios, reconcentrarán la tierra “comprándola” mediante ardid o presión a los nuevos poseedores campesinos.
Por aquellos días la concentración de la tierra, era abismal “solamente 25 familias eran propietarias del 70 por ciento de las mejores tierras” –Norma Leonor de León Cano, 2009–, cualquier coincidencia con el aquí y ahora, no es coincidencia, es nuestra construcción histórica.
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http://www.elperiodico.com.gt/es/20130606/opinion/229332/

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Represión del Ingenio Chabil Utzaj contra comunidades del Polochic deja un campesino muerto
La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC, condenan el ataque armado que agentes de seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj ejecutaron hoy a las 07:00 horas, contra unas 80 familias de la Comunidad Sepur Límite que dejó como saldo la muerte del campesino Carlos Cucul y violentas amenazadas contra la población..
Según testigos, unos 20 agentes de seguridad del ingenio Chabil Utzaj, portando fusiles AK-47 se presentaron a la finca ubicada en la comunidad Sepur Límite, que divide Panzós, Alta Verapaz, y El Estor, Izabal, y a balazos desalojaron a las familias que la ocupaban. En el ataque falleció a balazos el campesino Carlos Cucul, cuyo cuerpo fue arrastrado por hombres armados y luego lo incendiaron.
La comunidad vive temerosa pues considera que la seguridad de Çhabil Utzaj regresará armada y atacará a los comunitarios. En esa región se vive una tensa situación producto de la expansión de la caña de azúcar que afecta los derechos alimentarios de las comunidades indígenas Q´eqchi`s del Valle del Polochic.
Ante esta alarmante situación que afrontan comunidades asentadas en la ribera del río Polochic, demandamos:
1) Al ingenio Chabil Utzaj detener los desalojos ilegales y el hostigamiento contra las comunidades indígenas.
2) A la Procuraduría de los Derechos Humanos enviar con urgencia una delegación para evitar más derramamiento de sangre.
3) Al Gobierno, resolver la problemática agraria, dotando a las familias de tierra y asumiendo la responsabilidad ante las consecuencias de la expansión de la caña de azúcar sin la aprobación de las comunidades.
4) Al Ministerio Público investigar y sancionar a los responsables de los ataques contra la comunidad Sepur Límite.
Guatemala 31 mayo de 2013
Para mayor información comunicarse con Helmer Velásquez al 2439-8293
Carlos Morales al 4682-8896 y Leonardo al 3075-1282

 

Estado de sitio, persecución y asesinato de líderes campesinos, represión contra el movimiento social, desalojos y otras acciones implementadas por los gobiernos centroamericanos son debatidas por integrantes de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y del Caribe.

Helmer Velásquez, director ejecutivo de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, considera que la criminalización de los movimientos campesinos afectan la región porque los movimientos sociales constituyen una pieza fundamental en la democracia. “En la medida en que los movimientos sociales desaparecen o se desarticulan, los gobiernos intolerantes avanzan, entonces nos parece que fortalecer los movimientos sociales es una estrategia clave, -aunque la realidad es otra en Guatemala, Honduras y Nicaragua-˝, dijo.

Por su parte, Edgardo Chévez, representante de Organismos No Gubernamentales, ASONOG, de Honduras, afirma que la criminalización es una estrategia que promueven los sectores de poder en la región. Por ejemplo: en Honduras, ha sido institucionalizada una ley antiterrorista que es aplicada a los dirigentes del movimiento MUCA que exigen el derecho al acceso a la tierra en la zona norte del país; sin embargo, en Centroamérica entera hay movimientos por el derecho a la tierra y a la seguridad alimentaria, que están siendo reprimidos durante sus movilizaciones.

Irving Larios, vicepresidente de la Federación de ONG de Desarrollo de Nicaragua, dice que las acciones gubernamentales represivas contra las organizaciones civiles y campesinas en ese país se incrementan a un nivel alarmante. “Todo por el legítimo reclamo de los líderes y poblaciones que demandan el respeto a sus derechos humanos˝ añadió. “En Nicaragua hay persecución en el campo, incluso a sectores ambientalistas que por demandar su derecho a la no instalación de proyectos mineros en diversas regiones del país, la Policía los ha reprimido con capturas y persecución˝, añade. Considera que la persecución es un fenómeno similar en toda Centroamérica.

Estas conclusiones surgen durante el foro: Cooperación Internacional y Ambiente Habilitantes para el Desempeño de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Región, en el que participan delegados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Chile, y que se realiza en esta capital.

Estrategia regional

Los líderes consideran que las organizaciones de la sociedad civil, ONG, Cooperativas y Movimiento Campesino deben unirse para afrontar ese reto.

“Articularnos en una organización única, sectores ong, cooperativas y mujeres para apoyar al movimiento campesino˝, enfatizó Chévez. Otra estrategia es promover debates nacionales y regionales ya que la problemática es la misma pues los grupos de poder se desplazan de país a país: “Si tenemos una misma problemática con adversarios institucionalizados en la economía y la política a nivel regional debemos unirnos, enfatizó.

Reducción de los montos de cooperación y el marco Jurídico de ONG

Durante el foro también se abordó La baja ostensible del 60% de los montos de cooperación. “esa baja tiene dos condicionantes: uno la crisis mundial en europa, y la segunda, que somos países de renta media, por ejemplo Guatemala˝, añadio Velásquez.

“El otro tema es la discusión del marco jurídico de las ONG porque creemos que debe haber por parte de nuestros gobiernos estrategias de fomento a la organización no gubernamental de desarrollo˝ añadió. Eso se debe expresar en una legislación flexible que implique flujos estatales hacia el trabajo que las “ong de desarrollo˝ realizan, con controles estrictos y de transparencia. concluyó.

Guatemala mayo de 2013

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Vaya Democracia Judicial en la que estamos.
Helmer Velásquez

Ya en 2003 la cuestión olía mal, el Constitucional emitía resolución favorable al –ahora– sindicado Efraín Ríos Montt, para facilitar su inscripción como candidato a la Presidencia del país revocando, así, el rechazo que sobre el asunto había emitido la Corte Suprema de Justicia. Aquel bochornoso fallo se sustentó en la inviolabilidad de los derechos humanos, en tanto la garantía de elegir y ser electo contenida en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Posteriormente otra cohorte del Constitucional –2007– “reconoció el error interpretativo” y decretó que la misma no sentaba jurisprudencia. Borrón y cuenta nueva. El daño estaba hecho. 

En el mismo 2007 los Magistrados Constitucionales, declaran que la Audiencia Española, no tenía jurisdicción para actuar en Guatemala, y por tanto tampoco potestad para solicitar la captura con fines de extradición de Ríos Montt y cómplices; en esto los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, ceden paso a un asunto de jurisdicción. En 2013 otra Magistratura –Constitucional– frente a queja de singular leguleyo, decide omitir consideraciones éticas sobre la conducta del “licenciado” y en defensa del debido proceso le hace “tunelito a la ley” y tumba una sentencia que pondría punto final al oscuro infierno de la impunidad en el país y que es en sí misma un homenaje a las víctimas del holocausto guatemalteco. Nada nuevo bajo el sol, la conducta de la “Honorable” siempre ha sido insustancial. 

Esta actitud desapegada del contexto legal y social. Se expresa meridianamente en las Consultas Comunitarias de buena fe: –Convenio 169 de la OIT y ley de la República. Un ejemplo evidente: Santa Rosa de Lima. La Corporación Municipal, emitió un reglamento sobre Consultas Comunitarias. Este se impugna por la Cámara de Industria, argumentando violación a la Constitución; la Corte Constitucional resuelve: que todo el Reglamento es legal y apegado a derecho salvo –casualmente– el Artículo 20 este señala que el resultado de la consulta es vinculante. Sus señorías decretan que en efecto es vinculante, solo para las autoridades locales. “Dado que al asumirse decisiones sobre temas vinculados con la minería, hidrocarburos y acceso a recursos naturales no renovables, aquella voluntad solo tendrá carácter indicativo”. Es decir, la voluntad soberana de las comunidades, expresada de manera libre e informada, a los Constitucionales les parece que “solo indica algo… ese algo” el Alcalde debe transmitirlo a las autoridades del gobierno central. El Alcalde así de tajo, se transforma en mensajero. Vaya Democracia Judicial en la que estamos. La legitimidad abandona peligrosamente a los estamentos judiciales.
Para consultar la edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace:

http://elperiodico.com.gt/es/20130530/opinion/228994/

 DERECHO DE RESPUESTA:

Respecto de la publicación hecha en página 25 de elPeriódico de 22 de mayo de 2013, signada por CONGCOOP, la Corte de Constitucionalidad responde:
La Corte de Constitucionalidad, como supremo intérprete de la Constitución Política de la República, sustenta sus decisiones apegada estrictamente a Derecho, y no polemiza respecto de su contenido. De manera que ratifica el marco jurídico-constitucional del auto de 20 de mayo de 2013, dictado en el Expediente de Ocurso en Queja 1904-2013, contenido en el considerando primero, en el que asentó:
A) El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en territorio de la República. Como consecuencia de esta norma de orden supremo, la Constitución Política de la República dispone que los funcionarios sólo son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El Estado Constitucional de Derecho se hace operativo por medio de los órganos competentes delegatarios de la soberanía nacional. Esta Corte tiene como fin esencial la defensa del orden constitucional: de esa manera, las resoluciones que emite, tanto originarias como confirmatorias de las de otros tribunales constitucionales, "vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos˝. De no ser acatadas, la ruptura del orden constitucional sería tolerada por ella misma, por lo que su ley reguladora prevé mandamientos de ejecución de resoluciones sustentadas en la ley constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

B) 
El debido proceso contenido en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como derecho y garantía, tiene entre sus variables -todas importantes- asegurar que un proceso penal se desarrolle ante un tribunal competente, independiente e imparcial, en particular cuando se han dado manifestaciones que ponen en duda la posibilidad de que la objetividad y la igualdad prevalezcan en un juicio, por lo que el amparo constitucional debe cumplir sus fines preventivos y reparadores.

 

"Cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor˝ Gustavo Radbruch
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD                                        CAMPO PAGADO

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