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Frente a la incapacidad del Gobierno de la República para garantizar bien común y seguridad ciudadana, sicarios al servicio de poderes empresariales o de capos nacionales y locales, campean con total impunidad reprimiendo a dirigentes campesinos, comunitarios y autoridades indígenas, ESTE ES EL CASO DEL ATENTADO contra RAMON CHOC SACRAB, Autoridad ancestral de Alta Verapaz, acaecido el día de hoy, sobre quien pesaban graves amenazas contra su vida; por su defensa incansable de la tierra y los bienes naturales. Sobre las amenazas a su vida, tenían conocimiento las autoridades de seguridad y justicia, quienes nunca hicieron esfuerzo alguno por garantizar su seguridad personal.

Así mientras las más altas autoridades del Organismo Ejecutivo, están dedicados a increpar a otros por sus propios errores y su falta de capacidad política. Mientras los diputados señalados de corruptela agreden a los agentes de la justicia. La sociedad percibe, una ausencia de conducción política del Estado. No hay gobierno serio en este país y es absolutamente perceptible que tanto Ejecutivo como Parlamento, promueven un clima de odio en contra de los Movimiento Sociales y dirigentes democráticos. Esta situación de vacío de poder y gobierno inepto, está siendo aprovechada por la mano criminal que se ensaña en contra del Movimiento Campesino, sin más “razón” que la defensa de intereses espurios de pequeñas y grandes mafias acaparadoras de los bienes naturales en este país.

Al condenar este nuevo atentado criminal, demandamos de la sociedad el fortalecimiento de nuestros lazos de solidaridad, resistencia y denuncia, en contra de la ineptitud y el odio. Debemos actuar de inmediato para frenar esta ola de criminalidad política que empieza a crecer y puede arrastrarnos a un clima de violencia política, incentivado por huestes conservadoras y corruptas.

Toda nuestra solidaridad con la familia de Ramon Choc Sacrab y el Comité Campesino del Altiplano de quien es miembro.

Guatemala, 1 de junio 2018.

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Exijamos esclarecimiento y justicia de los crímenes en contra de dirigentes campesinos, indígenas y comunitarios y el cese de la persecución penal.


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Estimadas y estimados, les compartimos la columna CRISIS DE PORTUARIAS: el efecto del saqueo, publicada hoy en el Periódico y escrita por el

director ejecutivo de CONGCOOP, Helmer Velásquez.

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OPINIÓN

Crisis de portuarias: el efecto del

saqueo

Oscura administración de Santo Tomás y Quetzal.

— Helmer Velásquez

La administración de puertos en este país, viene aparejada de suculentas mordidas por ingreso de “mercadería gris” y el saqueo de los ingresos de las empresas administradoras de aquellas aduanas. Cuestión esta, que a Moralitos  le tiene sin cuidado. Le parece normal. Santo Tomás y Quetzal, son las joyas de la corona, la milicia, siempre ha estado a cargo de aquellos menesteres. Retirados jefes de “inteligencia” han sido administradores de portuarias, en donde han operado, a través de clanes de “cuates”: Cofradía, sindicato, Salvavidas, entre otras familias semiclandestinas, siempre con apoyo de solícitos civiles. De administración portuaria han sabido poco –eso no era importante– lo cardinal del negocio: grabar contrabando y administrar el saqueo. Así que eso de invertir en modernización portuaria y mantenimiento de maquinaria e infraestructura no ha estado en las prioridades. “No ha habido presupuesto”.

Así, ahora, que los dos puertos naufragan. Importadores y exportadores achacan culpas al ineficiente Estado. Ellos son cómplices de la debacle. Allí están La Línea 1 y 2. Por su parte, Moralitos, colocó a sus cuates y felices los cuatro. No importa que los ingresos provenientes de la administración portuaria decrezcan. Circulan rumores de plazas fantasmas, de dejar hacer y dejar pasar. Directivos portuarios con dos o más chances, a la vez, en empresas públicas. Afirman sindicalistas portuarios, que personal cargado a la planilla del Quetzal, sirve a otros entes. El Consejo Económico Social por ejemplo: esa especie de pacto de corruptos, versión multipartita, en donde dormitan sindicalistas, intelectuales venidos a menos, burócratas del cooperativismo, y empresarios sometidos a la justicia. Todos en su día, hermanados en alegre comparsa, defendieron a Otto Pérez, argumentando defensa de la institucionalidad. Quién les cree. Fuera de rapiña y corrupción. El problema portuario es que se trata de una debacle provocada, una estrategia para su privatización. Vieja artimaña, quebrar empresas públicas para justificar su venta a corporaciones nacionales e internacionales. Otto Pérez, inició el proceso.

Corresponde a la sociedad defender estos bienes públicos, volver la mirada a su estratégica función. Extirpar la rapiña, o nos quedamos sin puertos. Se trata de negocios apetecidos por el capital transnacional, que cuenta con tecnócratas y burócratas a su incondicional servicio. Los administradores de lo público, en este país, son capaces de ofrecer en pública subasta los puertos, aunque los pagos se hagan en escondite de filibustero. Otto y Roxana sentaron escuela. Fallida por causas ajenas a su buena voluntad. Moralitos no repetirá el error. Así que ojo.

 

Estimadas y estimados, les compartimos el informe Impacto en los Derechos Individuales y Colectivos de las Comunidades Rurales por la Expansiòn de la Palma Acetera, Uso social del agua, alimentación y ejercicio de la defensa de los derechos humanos, presentado en Chisec, Alta Verapaz.

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Colectivos Urbanos y Ciudadanxs Comprometidxs con la Justicia convocan a: ACCIÓN DE SOLIDARIDAD CONTRA LOS ASESINATOS POLÍTICOS, REPRESIÓN, INTIMIDACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN de Dirigentes Campesinos e Indígenas.

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