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LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DEMANDAMOS TRANSPARENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES AHONDADAS POR LA EMERGENCIA

La ausencia de programas agrícolas y de educación, azota la economía de millones de familias que viven de la agricultura. Criminalización, desempleo, falta de insumos, médicos y medicina en los puestos y centros de salud, y otros problemas recrudecen la situación de pobreza, pobreza extrema y desnutrición en el área rural, debido a la falta de respuestas “contundentes” por parte del gobierno, en el marco de la pandemia del COVID-19. Las familias campesinas se encuentran en alto riesgo de Inseguridad Alimentaria y hambre generalizada, situación que se agudiza en aquellas familias que no poseen un mínimo de tierra para cultivo y dependen exclusivamente del jornal diario. Crítica es la situación de la niñez que sobrevive a la desnutrición crónica.

Ante tal contexto, demandamos transparencia en el manejo de los recursos y atender las necesidades producidas por la emergencia. Además, las organizaciones indígenas y campesinas que firmamos este pronunciamiento,

 

Proponemos:

Al Congreso de la República declarar de urgencia nacional la situación de hambre que se agudiza en el campo y en tanto ello, facilitar los trámites burocráticos que impiden la asistencia alimentaria a quienes la necesitan de emergencia. “declarar de emergencia nacional la atención alimentaria, elevándola a la categoría de amenaza a la seguridad nacional”.

A las corporaciones municipales y alcaldes brindar apoyo a la población vulnerable, atender las necesidades de mujeres, niñas, niños y adultos mayores que afrontan discriminación. Igualmente, que ejecuten eficientemente el presupuesto municipal destinado al programa de Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, pues teniendo los recursos cientos de mujeres y familias no han recibido el apoyo. Deben divulgar informes por las radios comunitarias y videos en redes sociales a fin de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos.

Los alcaldes deben proveer víveres tales como maíz, frijol, arroz, entre otros, que son parte fundamental de la dieta a nivel rural, y no “recetarse” dietas millonarias que drenan los recursos que deben destinarse a la pandemia.

Al MAGA Y MIDES, la mayoría de campesinas e indígenas no han sido atendidos con los programas de apoyo del gobierno, agudizando la Inseguridad Alimentaria. Demandamos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, y al Ministerio de Desarrollo, MIDES, proveer programas de crianza de pollos de engorde y ponedoras para una comercialización local. Además, fomentar producción agrícola mediante la instalación de huertos familiares para incidir en el consumo, venta y producción de semilla, con el fin de fomentar su empoderamiento ante su precaria y castigada economía.

Además, para contener la expansión del monocultivo de palma aceitera, desalojos y el despojo de tierras en Alta y Baja Verapaz, Izabal y Quiché, las organizaciones proponemos: Promover la agricultura familiar campesina como alternativa a la crisis alimentaria; apoyo a la comercialización de granos básicos, sin intermediarios; construcción de silos comunitarios para la conservación de granos básicos.

Otorgar programas de crédito dirigidos a la agricultura, implementar sistemas de riego, apoyar con la distribución de fertilizantes orgánicos para los cultivos, apoyo a la producción pecuaria tradicional, y solucionar los más de 1,500 conflictos agrarios que recrudecen la conflictividad agraria a nivel nacional.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, exigen proveer con médicos y medicina los centros y puestos de salud a fin de priorizar la salud de la población para evitar el contagio del COVID-19.

Con respecto al estado de Sitio en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, requerimos levantarlo para finalizar las acciones de represión y criminalización contra los pueblos y territorios tal como también ocurre en el valle del río Polochic, Alta Verapaz e Izabal.

A manera de colofón,

Rechazamos el “golpe de estado técnico”, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, el Congreso de la República, Grupos de Poder. Además, desconocemos al Presidente del Congreso Allan Rodríguez, quien es señalado por actos de corrupción, que no representa los intereses de la población.

Llamamos a la población rural y urbana a organizarse para exigir al MAGA y MIDES ejecutar los recursos aprobados a fin de que la ayuda llegue a los territorios. No hay coherencia entre las tomas de decisión de la cúpula de las instituciones referidas que divulga la entrega de recursos y la realidad de desamparo que afrontan las familias indígenas y campesinas en el área rural.

Asociación de Mujeres ALANEL

Asociación de Mujeres Hijas de la Tierra, ASOMRACHOCH

Asociación Comunitaria para el Desarrollo –SERJUS-

Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch´ort´i Nuevo Día

Comisión de Auditoría Social de San Lucas Tolimán

Comisión de Auditoria Social de San Antonio Palopó

Comisión de Auditoria Social de Santa Catarina Ixtahuacán

Comité Campesino del Altiplano –CCDA

Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR

Instituto por la Democracia –ID

Movimiento de Comunidades en defensa de Agua, Qana’ Ch’och’

Red de Mujeres Indígenas por la Soberanía Alimentaria

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC

 

CONGCOOP lamenta la finalización del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, tras 12 años de haber ejecutado acciones e iniciativas que contribuyen a la paz, la justicia y los derechos humanos en Guatemala contra la impunidad y la corrupción.

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La Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio está integrada por miembros y afiliados de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) en Guatemala. Entre sus integrantes está la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP.

22 municipios del país bajo el yugo militar ante la falta de presencia del Estado.