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 Artículo en The Guardian sobre la situación de defensores/as en #Guatemala.

18 defensores de DD.HH. han sido asesinados en lo que va de año. Entre ellos, nueve eran líderes de Codeca Guatemala y Ccda Guatemala.

La Misión Internacional de Alto Nivel, liderada por la International Land Coalition, publicará un informe en el que advierte que, aunque los defensores pudieron haber sido asesinados por sicarios locales, los asesinatos probablemente fueron realizados por intereses políticos y financieros.

Para Descargar el artículo completo presione el siguiente enlace:

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/guatemala-fight-for-land-water-defenders-lmining-loging-eviction. Mike Taylor, director de la ILC: "Hay una cultura de la impunidad. Los líderes están siendo identificados, arrestados, detenidos y criminalizados. Las personas son desalojadas ilegalmente, incluso si tienen el título de propiedad de la tierra. Cientos de personas han sido amenazadas de muerte y muchas han sido arrojadas a prisión sin pruebas por cargos de asesinato y terrorismo






https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/guatemala-fight-for-land-water-defenders-lmining-loging-eviction

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/guatemala-fight-for-land-water-defenders-lmining-loging-eviction

 

 

Comunicado: Un año tras la muerte de una niña Chortí, organizaciones sociales reclaman justicia y fin a la desnutrición infantil en Guatemala- Campaña Guatemala Sin Hambre.

Un año tras la muerte de una niña chortí, organizaciones sociales reclaman justicia y fin a la desnutrición infantil en Guatemala FIAN, Asociación Nuevo Día y la Campaña Guatemala Sin Hambre, junto a más de 30 organizaciones sociales nacionales e internacionales, conmemoran su muerte y advierten que otras niñas y niños en Guatemala van por el mismo camino.


Hace un año, en la noche del 14 de agosto de 2017, tras varias semanas hospitalizada y ser sometida a numerosas intervenciones, una niña de 8 años del municipio de Camotán, Mavelita Lucila Interiano Amador, fallecía en el Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. La niña había sido internada en julio por complicaciones de una infección parasitaria y otras afecciones de salud, que se vieron agravadas por la desnutrición que había padecido. Durante meses su familia había tratado por todos los medios de recibir atención adecuada por parte del Estado de Guatemala, la cual solamente se le brindó cuando se encontraba en estado grave. Ya era muy tarde.

 

Para ver comunicado presione aquí.

 

-El presupuesto vigente de las entidades que han destinado recursos al Cambio Climático, en el 2018, asciende a Q394.07 millones, con un ejecución al 7 de agosto del 37.89%.

-A cinco años de vigencia de la Ley sobre el Cambio Climático, no se cuenta con reglamentos, ni se ha constituido el Fondo Nacional de Cambio Climático.                            

 

El impacto del Cambio Climático en el mundo y en nuestro país es cada vez más evidente, elevadas temperaturas en muchas regiones, donde nunca lo habían vivido, igualmente, inundaciones, sequias prolongadas, que repercuten en los seres vivos de este planeta. Ante ello, la principal interrogante, es que está realizando el actual gobierno, ¿hay un presupuesto nacional adecuado destinado al CC?. Al revisar y analizar la ejecución de los presupuestos vigentes 2018 de las diferentes instituciones públicas, que debieron destinar recursos para el cambio climático, y tomando como base las “muy limitadas informaciones” proporcionadas por dichas instituciones, pudimos establecer los siguientes hallazgos:

Al 7 de agosto 2018, se han destinaron (presupuesto vigente) Q394.07 millones, principalmente en los ministerios de Ambiente (Q89.3 millones), MAGA (Q84.2 millones), MSPAS (Q212.2 millones), INSIVUMEH (Q8.0 millones), con una ejecución del 37.89% del total. Es importante mencionar que es una ejecución “mínima”, debería de ir alrededor del 50%. Aunado a ello, el presupuesto del MARN (destinado al CC) tuvo un recorte de Q31.7 millones, MAGA Q66.2 millones.

A la vez se visualiza que lo destinado para el cambio climático dentro de presupuesto nacional representa el 0.51% del mismo, porcentaje realmente “intrascendente”, comparado con el PIB constituye el 0.065%. Evidentemente, con dichas asignaciones no es posible cumplir con el objetivo de la Ley Marco del CC, ni poder implementar las acciones “claves” del Plan de Acción Nacional PANCC aprobado en octubre 2016. Igualmente, si se continúa con el ritmo de las asignaciones presupuestarias anuales destinadas al CC, creemos que no se cumplirá con el ODS 13 -Adaptar medidas urgentes para combatir el CC y sus efectos-.

De igual manera, indicar que a cinco años de vigencia de la Ley no se ha implementado, el Fondo Nacional de Cambio Climático, cuyo objetivo es financiar planes, programas y proyectos de gestión de riesgo, reducción de la vulnerabilidad, entre otros. Por último, insistimos que las desigualdades, la pobreza, la discriminación de género, etnia y la debilidad institucionalidad, construidas por un modelo económico extractivista que provoca despojo y expoliación a nivel global y nacional, aumentan aún más la vulnerabilidad de todo tipo ante los peligros climáticos. 

Guatemala, 10 de julio 2018

CLIMATICO1

CLIMATICO2


 

Para descargar el comunicado presione el siguiente enlace: http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/news/comunicado-de-prensa-mision-internacional-en-guatemala-sobre-vulneraciones-defensores-de-la

Como representantes de la International Land Coalition, Frontline Defenders y CIVICUS, acompañados por la Pastoral de la Tierra y UDEFEGUA, hemos pasado la última semana visitando comunidades y hablando con representantes del gobierno local y nacional, instituciones de derechos humanos y socios internacionales en el ámbito del desarrollo. El mensaje que hemos escuchado de las y los defensores de la tierra y el medio ambiente en toda Guatemala es: "No somos criminales, no somos asesinos, simplemente queremos trabajar nuestra tierra y alimentar a nuestras familias". Respaldamos su afirmación.

Hemos encontrado que a la fecha el gobierno de Guatemala no ha logrado dar una respuesta efectiva para proteger a las personas defensoras de derechos humanos (DD.HH.) en riesgo o investigar los crímenes en contra de estas. La inacción del gobierno ha generado las condiciones para un clima de violencia en el que las y los defensores de DD.HH. pueden ser asesinados con impunidad y sin temor a sanciones. Para nosotros es de suma preocupación que los actos de violencia contra las y los defensores de DD.HH. hayan ido más allá de actos aleatorios y se hayan convertido en un patrón sistemático de persecución. El estado no está fallando solo en defender los derechos humanos fundamentales, sino que está desmantelando activamente las instituciones y los mecanismos de protección existentes. En lugar de defender los derechos humanos de las personas y las comunidades, los sistemas legales y judiciales están siendo utilizados para promover los intereses de poderosos grupos estatales y no estatales en contra de los intereses de las comunidades locales, a menudo a través de medios corruptos. Hemos sido informados por una gran variedad de actores en Guatemala que el sistema democrático ya no funciona. En las reuniones con las comunidades, hemos escuchado una y otra vez sobre el sentimiento de abandono que perciben por parte del estado. Los periodistas de las comunidades que han expuesto la brutal realidad están siendo ahora objetivos de ataques.

En la raíz del conflicto social está el acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales. Es evidente que el estado de Guatemala ha elegido priorizar un modelo económico de desarrollo rural que enriquece a unos pocos, a costa de empobrecer a las comunidades, incentivar la migración y destruir el medio ambiente. El gobierno de Guatemala debe optar claramente entre abordar estos asuntos como parte de un proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria, o mantener el status quo, lo que dará lugar a una mayor polarización y dificultades económicas para el pueblo de Guatemala. El punto de partida para construir un modelo de desarrollo rural más inclusivo es el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Para que las consultas de buena fe tengan algún valor, las personas deben confiar en que el gobierno actuará sobre la base de los acuerdos alcanzados con las comunidades. También es urgente poner fin a la estigmatización de las y los defensores de DD.HH. y reconocer el papel legítimo y positivo que desempeñan.

Nos ha impresionado profundamente en el transcurso de la misión la capacidad de resiliencia y la valentía de las mujeres y los hombres líderes comunitarios en toda Guatemala, que trabajan sin miedo para el mejoramiento de su pueblo y que todavía tienen esperanzas de que el gobierno los escuche. También reconocemos el papel fundamental desempeñado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Corte de Constitucional y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la defensa de las normas internacionales de derechos humanos. “Instamos al gobierno y a la comunidad internacional a reconocer y apoyar el papel crucial de los líderes comunitarios y la necesidad de que estos sean incluidos en la definición e implementación de modelos de desarrollo económicos sostenibles y equitativos, asimismo, es fundamental que se reconozcan y protejan sus derechos a la tierra, al territorio, al agua y a los recursos naturales” sostuvo Michael Taylor de la International Land Coalition.

 “Durante el último año, las personas defensoras de los derechos humanos han sido hostigados y asesinados con total inmunidad. Si bien celebramos el anuncio del Procurador General sobre un progreso significativo en la identificación de los asesinos de Juana Raymundo, es importante que aquellos que orquestaron el crimen también sean llevados ante la justicia. Confiamos en que se dará la misma atención a los otros 17 casos de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados desde enero de este año " indicó James Loughran de Front Line Defenders. La International Land Coalition – ILC (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) es una red global de organizaciones multilaterales y de la sociedad civil que trabajan juntas para poner a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra. Los miembros nacionales de ILC en Guatemala son CODECA, CCDA, Nuevo Día y CONGCOOP. Front Line Defenders es una organización internacional de derechos humanos que se enfoca en la seguridad y protección de los defensores de los derechos humanos en riesgo. CIVICUS es una red de organizaciones de la sociedad civil que fortalecen y promueven los derechos cívicos y los valores democráticos.

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Por Denis Aguilar/Para descargar la noticia publicada en Diario La Hora presione el siguiente enlace:

http://lahora.gt/mision-internacional-hay-un-patron-sistematico-de-persecucion-contra-defensores-de-dd-hh/

La International Land Coalition, Front Line Defenders y Civicus realizaron esta semana una misión de observación en Guatemala, en la que visitaron comunidades del país, donde se han denunciado casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y aseguraron que en el país existe un patrón sistemático de persecución. Las entidades internacionales ven con preocupación que el Estado guatemaltecos no logre dar una respuesta efectiva en protección de defensores y defensoras de derechos humanos que están en riesgo.

“Para nosotros es de suma preocupación que los actos de violencia contras las y los defensores de DD. HH. hayan ido más allá de los actos aleatorios y se hayan convertido en un patrón sistemático de persecución”, expresaron las organizaciones en un comunicado. Ante eso, Michael Taylor, de la International Land Coalition, hizo un llamado al Estado para que proteja a los defensores de derechos humanos y que se reconozca el papel crucial de estos. Además, de la necesidad de que sean incluidos en la definición e implementación de modelos económicos sostenibles y equitativos. Por su parte, James Loughran, de Front Line Defenders, espera que brinde la atención necesaria a los 18 casos de activistas y defensores que han fallecido en distintos casos, en lo que va del año.

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