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Semestre en balde

Tras seis meses de gobierno, hay cólera e irritación.

Helmer Velásquez

Llenos de promesas de inicio, los nuevos administradores del Estado han ido evidenciando sus carencias: incapaces de controlar, corrupción y negocios a costillas del erario público, parecen haber decretado puerta libre. Los focos están en donde la voz popular ha señalado y este diario ha documentado: compra de medicinas, obra gris asignada de forma oscura, fondos sociales que efectúan compras festinadas y de escasa calidad –total se trata de productos para los pobres. La atención hospitalaria continúa precaria y sin visos de cambio. No logra este gobierno Pérez enmendar el rumbo. La prioridad –en salud– es evitarse conflictos sindicales y para tal fin se trasladan fondos previamente destinados a combatir desnutrición a sufragar bono salarial. La gestión financiera del Estado sigue recostada en deuda pública, esta que fue tan criticada por los “patriotas” y por el presidente Pérez, con ocasión de los múltiples préstamos promovidos por el gobierno anterior y que lisonjeramente autorizó el Parlamento de la época. Así, por ejemplo, y con más orgullo que vergüenza, la viceministra de Finanzas, María Castro, anunció meses atrás que habíamos colocado US$900 millones en bonos “en muy buenas condiciones” lo cual los hizo muy apreciados por los acreedores. Vaya orgullo licenciada. Ahora se presiona al Legislativo para que apruebe tres nuevos préstamos para financiar el funcionamiento del aparato público. Sin el menor empacho, se pide que cesen interpelaciones y otras artimañas legislativas, no para aprobar leyes de trascendencia nacional ¡No! Es para poder aprobar nueva deuda. Que urge. Así las cosas presidente Pérez en ¿dónde está el cambio? 

En cuerda separada pero igual de penosa. Resulta que los programas para incentivar la producción campesina no inician. El señor ministro, pese al respeto que nos merece, está dedicado a hacer licitaciones, y deja de lado su función principal: crear y dirigir la política pública agropecuaria de este país, debiese estar 20 horas al día diseñando con su equipo las políticas que habrán de librarnos de lo más perverso del cambio climático, ejecutando planes para incrementar la productividad campesina de granos, y así evitar hambrunas. Respecto de la delincuencia, no se perciben las mejoras, pese a la anunciada desarticulación de bandas. Represión popular 10 puntos. Así las cosas, el primer semestre de gestión Pérez está reprobado.

 

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De estadistas… poco

El político de traspatio se enfunda en la legalidad.

Helmer Velásquez

La visión del Estado como instrumento supremo para generar y garantizar bien común, requiere, necesariamente, de administradores y operadores, con desarrolladas habilidades negociadoras, excelsa capacidad de proposición, realización y gestión, se trata de hombres y mujeres, cuya legitimidad no radica en haber ganado una elección popular; mucho menos si esta se obtuvo luego de millonarias inversiones en creación de imagen y acarreo de votantes. El hecho de ganar una elección no es sinónimo de pensamiento político preclaro. El Estadista genera aquiescencia, concita consenso, rehúye de la violencia, articula estrategia y facilita la construcción de futuro. El político de traspatio se enfunda en la legalidad, enfrenta, reprime, impone y se asume legitimado. Ese es nuestro caso.

Pérez Molina consolidó su llegada a la Presidencia al obtener el 54 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta electoral. De un total de siete millones trescientos mil ciudadanos con derecho a voto. Es decir, que –alrededor– de cinco millones de ciudadanos aptos para votar no le otorgaron ningún mandato, de donde podemos colegir que la legitimidad del mandatario, en términos de voto, es relativa. 

Traigo el asunto a colación con ocasión, por los argumentos que sobre su legitimidad esgrimió el Presidente de la nación, para fundamentar la decisión de militarización del país, objetivada en la instalación de bases militares; verbigracia San Juan Sacatepéquez, en donde los vecinos se oponen a la milicia en su municipio y para dirimir la controversia, proponen una democrática consulta ciudadana. Los hechos durante este primer semestre de gobierno, constatan que el país, no es administrado por estadistas. Las puntadas que hasta ahora, habían ayudado a ubicar una imagen de expectativa positiva, por ejemplo: La propuesta sobre la legalización de las drogas, reforma Fiscal y Constitucional, han empezado a empequeñecerse, cuando se les compara con lo cotidiano: represión brutal en Barillas, delincuencia rampante, alta contratación de militares en la administración pública, cierre de archivos de la paz, deuda pública en ascenso, negar el genocidio, cero acciones positivas a favor del campesinado y de cierre, las torpes formas en que se ha manejado la demanda de los estudiantes de magisterio. Lamentable, pero empieza a quedar claro el imperio del sable, la bota y la bayoneta.

 

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Río más 20
La contradicción se expresó en el lobby empresarial transnacional.


Helmer Velásquez 


Las diferencias que a partir de la propia cosmovisión, método y énfasis se tienen para sustentar el proceso de desarrollo humano quedaron expuestas a escala mundial, durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, convocada por Naciones Unidas en Río de Janeiro –junio 2012– más conocida como Río más veinte. 

Sin embargo, a mi juicio y aun con el riesgo de dejar fuera especificidades, la contradicción fundamental se expresó entre el lobby empresarial transnacional aliado a los gobiernos –incluido el de Guatemala– y los movimientos sociales aliados a la representación de pueblos indígenas. Los empresarios y Estados esgrimieron e impusieron el concepto de “economía verde” como base del modelo que reivindican. Este se propone continuar con la explotación de los recursos naturales, “incorporando lo verde” vía de acciones de mitigación de daños, pago correcto de impuestos, y acciones amigables con las comunidades del entorno. El método supondría, depredar acá y pagar por preservar allá. 

Además de poner precio a los bienes ambientales, cobrar por su uso, y llevarlos a la bolsa de valores. Por ejemplo, las emisiones de carbono. El acaparamiento de tierras puede continuar siempre y cuando se garantice la “sostenibilidad” de la explotación, la minería por igual, además de incluir a los agentes privados como garantes del desarrollo.

En paralelo, la Cumbre de los Pueblos, celebrada durante la Cumbre Oficial, da cuenta de la incorporación de los movimientos sociales al debate sobre el modelo de desarrollo y la sostenibilidad, trabajadores, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, ONG, jóvenes, 80 mil personas ocuparon Río para exigir equilibrio entre producción y consumo, derechos ambientales como un derecho humano. Para lograr aquello –dentro de otros asuntos– decretar una moratoria a la minería, garantizar la preservación del agua, los alimentos, autonomía territorial y el derecho vivir en consecuencia con la propia. 

Río no consiguió consenso para sanar las heridas de la Tierra y evitar males mayores. Así el modelo productivo actual salió indemne de la cumbre oficial. Se legitima frente a la opinión pública poco informada. De ahora en adelante todo será verde, sin embargo, el deterioro ambiental continuará. Este es el caso de la “producción verde” de combustibles. Fuerte emisor de gases de efecto invernadero que confisca tierras de tradición campesina y producción alimentaria.

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Crímenes a cielo abierto
La impunidad campea.

Helmer Velásquez

La disputa territorial, que implica a guatemaltecos, empresas transnacionales y Estado, empieza a dejar un saldo de muerte y heroísmo. ¿Nos aproximaremos a otra página de g...uerra sucia? Los crímenes aumentan, la impunidad campea. La sospecha sigue sobre los capitales empresariales transnacionales. La empresarialidad territorial, vinculada a generación de energía, monocultivos y minería, está dando muestras aceleradas de que es capaz de provocar asesinatos –o por lo menos intentarlo–. Algunos hechos: El Estor, Izabal, 2009, se asesina a Adolfo Ich, acción ejecutada por “policías privados” al servicio de la empresa de níquel que se cree propietaria de la tierra en el lugar.

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, “seguridad privada”, actuando por encargo, asesinan a Andrés Francisco Miguel y hieren a dos personas más. El Estado “cumple su papel”. Basado en un vetusto e inequitativo régimen de legalidad somete a jurisdicción penal a la población que defiende agua y tierra. Solamente en San Juan Sacatepéquez, más de 60 comunitarios han sido sindicados. Las acusaciones son tan inverosímiles como: “atentado con armas atómicas”. Esta forma estatal de operar se ha presentado en el gobierno anterior y en el actual, que a juzgar por los hechos acaecidos en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, mantendrá la tendencia.

Ya la historia reciente recoge relatos de conflictividad, que involucran a empresas extractivas, baste traer a cuenta los sucesos de San Ildefonso Ixtahuacán, en el mismo Huehuetenango, 1977, en donde si bien la reivindicación era estrictamente laboral, el litigio terminó “saldándose” con el apoyo del Ejército nacional, que secuestró y desapareció al secretario general del Sindicato de los Trabajadores Mineros, Luis Castillo. Esto sucedió años después de la histórica marcha de aquellos hacia la capital. Fresca estará en la memoria de los guatemaltecos la fuerza social que desencadenó aquella lucha.

Este recuento a zancadas de sangre derramada por héroes sociales, lo escribo aún impávido y colérico por el atentado en contra de la vida de Thelma Yolanda Oquelí Véliz, mujer forjadora de futuro, celadora de los recursos naturales de su entrañable San José del Golfo. No habrá oro en el mundo cuyo valor pague la sangre de los héroes y heroínas de la patria. Tampoco existe mineral alguno que lave la conciencia de los asesinos. Cobarde escoria malinchista.

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Nuevo Parlacen

El órgano fundamental de la integración regional.

Helmer Velásquez

La integración de Centroamérica registra avances notables a esta altura de la historia del istmo. Contamos con estructuras políticas y económicas que buscan consolidarse. Así desde una Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), cuya jurisdicción aún no se explaya por el Istmo, dado que Panamá y Costa Rica no la reconocen, esto pese a que la historia asigna a Costa Rica ser precursor de este organismo en los albores del siglo XX. Existe a la vez un complejo entramado institucional, que bajo la égida del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conjuga y aborda tantas aristas como ejes articuladores tiene un proceso de armonización social, político, económico, comercial, y académico, entre el variado contenido de todo proceso integrador.

Esta afanosa historia, –de la integración regional– ha estado cruzada por crítica acre e incluso por sabotajes expresos o velados para evitar su concreción. Desde bizarras guerras e intrigas que hicieron abortar en su momento el Mercado Común Centroamericano (MCCA), hasta conspiraciones contra el proceso basadas en la preeminencia de aviesos intereses empresariales por sobre las bondades de la integración. La deslegitimación del proceso ha sido el instrumento predilecto de quienes se oponen a la integración, así utilizando, la inclusión de figuras políticas desacreditadas en sus países, como argumento para construir falacias que por generalización imperfecta les llevan a concluir, que es el SICA un artilugio, urdido por políticos venales para garantizarse protección y refugio para sus años dorados.

Este argumento ha llegado a ser una “verdad” para círculos sociales de la región. Es sin embargo una patraña. Un organismo de nueva generación en el proceso es el Parlamento Centroamericano (Parlacen), surgido de Esquipulas II y constituido en 1991. Es el órgano político de la integración. Una materia pendiente de este órgano: la negativa de Costa Rica a integrarlo. Contrariamente, República Dominicana es miembro pleno. Panamá ha reconsiderado y es miembro de derecho. El Parlacen está llamado a escribir páginas memorables en la integración. De esa cuenta las reformas a su tratado constitutivo aprobadas en 2010, van en la dirección correcta. Tiene ahora –el Parlacen– facultades vinculantes al SICA, fiscaliza el presupuesto y dinamiza sus tareas. En este tiempo de reformas políticas será propicio debatir, sobre el carácter vinculante que las resoluciones del Parlacen deben tener para la región.

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Parches o reforma
Las más variadas expresiones apoyan la idea.

Helmer Velásquez

La modernización y saneamiento del Estado por la vía de reformar la Constitución política de la República tiene más adeptos que detractores, a juzgar. por las reacciones que la propuesta presidencial ha suscitado. Las más variadas opiniones coinciden en que es un buen momento para emprender la tarea. Las divergencias afloran en el mecanismo para realizarlo, y en la profundidad de la cirugía política. A nuestro juicio, la sociedad nacional debe encarar la reforma en toda su dimensión, no es correcto elaborar un conjunto de parches.

Algunos botones de muestra. La función social de la propiedad: es inaudito que a estas alturas de la historia, una sociedad que se precia de moderna, como la guatemalteca, no reconozca el carácter social de la propiedad. Estamos aún sujetos al anacrónico precepto de propiedad absoluta, que se corresponde con concepciones de siglos anteriores. Una redefinición de la nación: debe avanzarse hacia una definición acorde con los derechos de los pueblos que acá convivimos. No somos una sociedad monohablante, ni existe un solo pueblo en este territorio. La Constitución actual hace referencia a comunidades y grupos indígenas. Arcaísmo, producto del racismo de Estado, que se intentó superar a partir de lo pactado en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Son ahora mejores tiempos que la coyuntura vivida en la fallida reforma constitucional de 1998, consultada al pueblo en 1999.

Otro elemento fundante del buen vivir, fuente histórica de conflictividad, riqueza y miseria: el régimen agrario. Este habrá que elevarlo a rango constitucional y desarrollarlo desde principios de justicia social propios de un Estado moderno y equitativo. Se trata de sentar bases para la emisión de legislación ordinaria que dinamice las relaciones de producción en el campo y democratice el uso, tenencia y propiedad de la tierra. El agua es otro bien público cuyo uso, sostenible, debe calcarse en la Carta Magna, más allá de las meras referencias actuales. Es decir, si “le vamos a meter mano a la Constitución”, hagámoslo con la profundidad y extensión necesarias. De nada valdrá “parchar” el texto actual. Una tarea de chapucero solo creará nuevos problemas y galimatías legales. Estamos frente a un proceso de reforma profundo que a nuestro juicio debe estar a cargo de una Asamblea Nacional Constituyente.

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