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La Coordinación de ONG y Cooperativas, -CONGCOOP-, repudia el asesinato del Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, apoderado legal del MOVIMIENTO AUTÉNTICO REIVINDICADOR DEL VALLE DEL BAJO AGUAN -MARCA-; del departamento de Colón, en la República de Honduras, perpetrado el pasado sábado 22 de septiembre, a manos de sicarios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocontín, en Tegucigalpa, Honduras.

El profesional del derecho jugó un papel consecuente y trascendental en la defensa del legítimo derecho a la tierra de las Cooperativas Campesinas: San Isidro, Despertar, San Esteban y La Trinidad, cuestión que lo llevo a confrontarse, con los terratenientes que usurpan la tierra campesina en la zona, del Bajo Aguán. Particularmente Miguel Facussé y Rene Morales, quienes actúan en connivencia con autoridades del Estado Hondureño. Estos personajes y los funcionarios concernidos, deben ser investigados por la justicia, nacional e internacional por este horrible crimen y los asesinatos de más de cincuenta campesinos del lugar.

Las acciones legales interpuestas por el Abogado Trejo Cabrera, lograron restituir derechos de propiedad a las cooperativas referidas, 18 años después de que les fueran despojadas, por los potentados de la tierra. CONGCOOP al solidarizarse con las cooperativas campesinas del Valle de Bajo Aguán, se suma a las peticiones internacionales de justicia para Trejo Cabrera y los más de 50 campesinos asesinados en el marco de un conflicto agrario, en el que en buena medida se dirime, el derecho de los campesinos de Centro América, a la tierra.

 Guatemala, septiembre de 2012

Antonio Mobil, relator de la historia.

Helmer Velásquez

Dividiendo los tiempos de la vida, entre la irrefrenable lucha por materializar utopías, los atajos de la política, esquivar la acechanza criminal de las dictaduras, y el delirio por ordenar letras, construir palabras, frases e historias. El personaje, además, se ha dado el tiempo para encuadernar paginas y “fabricar” libros, ya los propios, ya los ajenos dejando en la tarea los sudores tempestuosos  del creador atormentado por la idea de la perfección. Es esta una vaga y nada justa descripción de los surcos desde los cuales ha cultivado la vida el intelectual guatemalteco Antonio Mobil. Este relator de la historia, con vocación de maestro, sentenció en entrevista para elPeriódico el penúltimo día de agosto: “Sin historia no hay memoria que archivar, y sin eso no hay conciencia”. Esta frase sintetiza la ruta para la construcción del nuevo Estado Nacional. 

Mobil afirma haberse encontrado con los caminos de la Revolución guatemalteca, en la práctica política, del período revolucionario. Esta vena no se le agota aún. Confiesa estar apartado del “destacamento avanzado de la clase obrera”, encontrarse fuera de los partidos políticos de la izquierda nacional. No obstante, firme como militante revolucionario. Así que fiel a la tradición del militante, su reciente tarea ha sido lo que él propone como un legado a la juventud: una interpretación de la historia. Guatemala, el lado oscuro de la Historia es el título que nos sugiere. Es una llamada - –dice- a superar la amnesia y su cauda fatal: la anomia. La interpretación de los hechos, la hace, en palabras de Alvaro Castellanos Howell, de la forma “más apegada a su conciencia”. 

En los derroteros de la vida, cuyos vericuetos no siempre determinamos, he tenido poco contacto personal con “Tono”. Es hasta hace apenas un par de meses que me tocó compartir mesa de trabajo con él, al coincidir en la Comisión Organizadora del Centenario del Nacimiento de Jacobo Árbenz, ocasión en que recibí de su mano otra de sus obras: La Década Revolucionaria 1944-1954. Así que en esta Guatemala esquiva al reconocimiento de sus intelectuales, peor si estos se están inmersos en la primera línea de la “batalla por Guatemala”, tal cual es el caso de Antonio. He dedicado esta columna a reconocer a este hurgador de historia, buscador de oficio, revelador de secretos, artesano traído al mundo para poner los acontecimientos en su justo sitio. 

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Se receta un presupuesto lejos de las prioridades.

HELMER VELASQUEZ

Estos patriotas cada día demuestran tener más dura la cara que cualquier otro órgano corporal. Han permitido que algunos ministerios estratégicos puedan gastar nuestra plata, sin que necesariamente tengan disponibles los fondos para hacerlo. El fondo de la artimaña: comprar sin tener con que pagar –pedir fiado en buen chapín–.

Pese a lo gravoso del asunto, los probos burócratas ministeriales, con el aval presidencial, pretenden que en el presupuesto público del año próximo, ministerios como el de Salud, Gobernación, de la Defensa y Desarrollo Social, tengan vía libre para adquirir determinados bienes y servicios sin probar, que cuentan disponibilidad para comprometer erogaciones, lo anterior queda en evidencia, en los contenidos de la iniciativa de Ley de Presupuesto 2013, presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.

Esta dirigencia patriota, –por ahora– en funciones de administradores del Estado, salió buena. En su primer añito de gobierno, endeudaron al país por alrededor de Q10 millardos, una bicoca, “manejable” como estima el orondo Ministro de Finanzas Públicas tan es así, que esperan endeudar al país –2013– en “apenas”, Q12 millardos. En términos concretos en ese mismo 2013 pagaremos más de Q10 millardos de la deuda acumulada.

Nada, salió como lo predicado en la campaña electoral, –ninguna novedad– para este pueblo que ha hecho de la mentira política, una forma de entretenimiento malsano. Qué cambia ahora, a nuestro juicio: la falsedad política opera abiertamente en contra de la democracia y la no democracia socava el sistema económico. Se está atizando la confrontación, se eleva el número de pobres, crece la cantidad de presos políticos. Aumento de necesidades sociales, saqueo de recursos naturales, la comunidad internacional nos abandona, estamos cerca de romper el hilo.

Mientras todo en derredor se derrumba, la administración del Estado se receta un presupuesto a su imagen y semejanza, gamonal y lejos de las prioridades, predican hambre cero y dejan al Ministerio de Agricultura, –el que fomenta la producción de alimentos–, en “trozos” dos millones de “aumento”, no se cubre ni la inflación anual.

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El nivel de atrocidad crispa de horror a la población.

Helmer Velásquez

La estrategia gubernamental de seguridad ciudadana no prueba aún su efectividad; la violencia delictiva mantiene su estadística mortal y el  nivel de atrocidad en la ejecución criminal crispan de horror a la población. La estrategia de seguridad del Estado, sin haber llegado a funcionar,  empieza a hacer aguas. Para complicarla más,  su rostro visible, el ministro López Bonilla,  defenestró su imagen pública al mostrarse en los telenoticieros en cruenta batalla en contra de  adolescentes normalistas,  deterioro superable. Sin embargo, lo que la ciudadanía no acepta es que no se avance en la erradicación del terror criminal.

Una de las razones que menoscaban la seguridad pública es, a nuestro juicio, la orientación de sus prioridades. Y es que, pese a la gravedad de la situación, la seguridad del Estado está  más avocada a reprimir los movimientos sociales que en la lid contra de bandas delincuencias. En todo caso, la delincuencia común opera y golpea a los pobres, a los sectores populares y medios. Su modus operandi es altamente efectivo en los barrios populares. La elite económica y la alta burocracia son inmunes a la rapiña. A partir de ello –ambos sectores– están más preocupados por el rumbo de las inversiones extractivas y monopólicas. La seguridad ciudadana no reviste alta prioridad. Los indicadores son obvios: más y mejores armas y equipo para los militares. Nuevas bases militares. Trescientos ochenta y nueve millones de quetzales más para el presupuesto militar en 2013. Despliegue militar en zonas de conflictividad social, más de 70 órdenes de captura en contra de comuneros que defienden “su tierra y su honor”.  Todo lo anterior en detrimento de la seguridad civil.

Si uno atisba la propuesta de presupuesto 2013 y compara el incremento a la milicia y lo previsto para aumentar al Ministerio de Agricultura, –Q2 millones– en período de desnutrición crónica. La conclusión es obvia se privilegia el gasto en balas y soldadesca, frente a maíz, frijol y empleo campesino. El “lobby empresarial”, por su parte, alienta esta política. Siguen concibiendo represión como solución. No se aprende del pasado. Lo que urge es fomento de la seguridad civil,  empleo, agricultura campesina y crear centros de mediación y resolución de conflictos. 

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Criminalizar la propuesta es contrario a los Acuerdos de Paz.

Helmer Velásquez

Debemos lamentar y condenar el atentado que sufriera la fiscal que investiga los hechos acaecidos el 1 de mayo en Barillas, Huehuetenago. La acción criminal se suscitó, la semana anterior, en aldea Paquix, Chiantla, de aquella jurisdicción. Para fortuna de la jurista, la fuerza de las armas no logró su objetivo y únicamente se lamentan las heridas a uno de sus agentes de seguridad. El asunto no pasaría de ser un “hecho más” de violencia, a no ser porque se presenta en el escenario de embate y resistencia, configurado en el norte del país a partir del advenimiento de capital foráneo, que sin consulta a los q’anjob’ales, pretende explotar los recursos hídricos del lugar.

Este hecho se presenta a pocos meses del asesinato de Andrés Francisco Miguel, padre de 7 niños, del cual el Ministerio Público sindica como ejecutores materiales, a dos agentes de seguridad, al servicio de la empresa Hidraulia, que gestiona la construcción de una Hidroeléctrica en Barillas. El crimen de Andrés Francisco Miguel fue cometido con claros fines de amedrentamiento y provocación a la población del lugar. Es decir, buscaba crispar la situación y atraer la represión contra los pobladores, cuestión que los autores intelectuales del crimen lograron parcialmente. Este nuevo hecho, el atentado en contra de la Fiscal, parece ir en la misma dirección: exacerbar la violencia y culpar a los pobladores y sus organizaciones representativas.

Efectivamente la resonancia mediática del asunto y la insinuación oficiosa que se atribuye a la señora Fiscal, de haber afirmado que previo al atentado había sido amenazada de muerte por dirigentes del CUC, devela la existencia de intereses aviesos –estratégicamente orquestados– que buscan atizar el fuego en la zona y su correlato de anarquía, caos y conflagración –todo ello–, para legitimar la extensión y refuerzo de la militarización del lugar, en un peligroso intento de aplastar la resistencia social a la extracción de los recursos naturales. Frente a la provocación, corresponde a los administradores del Estado, una reacción serena, madura y enderezar un investigación, pronta y objetiva de los hechos. Criminalizar, la protesta social, como pretenden los sobrevivientes del anticomunismo jurásico, es echar en saco roto las lecciones de nuestra historia reciente, y hacer caso omiso de los postulados de los Acuerdos de Paz. Lo que corresponde, eso sí, es profundizar la democracia.

 

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No se trata -ahora- de una política de Estado.

Helmer Velásquez

Tradicionalmente el Estado guatemalteco se ha preciado de no tener en sus ergástulos prisioneros devenidos de hechos políticos o comunes conexos. Así durante los 36 años de conflicto armado, –este estatus jurídico fue excepcional–, la categoría simplemente nunca se reconoció, la estrategia de la dictadura militar se basó en “desaparecer o asesinar de manera abierta” a los “enemigos” del régimen, definición que operaba para designar a opositores políticos, alzados –o no– en armas. Llegada la democracia formal, se mantuvo la práctica del secuestro y el asesinato político, en realidad llega hasta nuestros días, en menor magnitud y bajo otras modalidades. Ya sea ejecutada por fuerzas irregulares o “guardias” privados dependientes de intereses políticos, empresariales, o mafiosos. Bajo argumentos, de “defensa” de la propiedad privada o libertad de inversión. No se trata –ahora– de una política de Estado, sin embargo, este es responsable por no detenerla

La cuestión ha variado; es obvio, pero aún, estamos lejos de que Guatemala sea un Estado democrático “vivible”; sin sobresaltos, para la dirigencia, social y popular. Pues bien, en este entorno círculos de administradores del Estado y grupos empresariales radicales, han emprendido una verdadera cruzada en contra de la dirigencia indígena y campesina, urdiendo con el apoyo de sectores reaccionarios del gremio de los abogados, la construcción de casos penales, en contra de aquellos. De esa. Así encontramos los casos de: Ramiro Choc, agrarista y primer preso político del siglo XXI, campesinos q’eqchi’ miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), encarcelados por reivindicar derechos históricos sobre sus tierras, en Alta y Baja Verapaz, los pobladores kaqchikeles, de San Juan Sacatepéquez y los capturados en mayo corriente: pobladores q’anjob’ales del municipio de Barillas, en Huehuetenango. 

Para el “sistema de justicia” se trata de delincuentes comunes, obvian sin embargo, que por la naturaleza de la acusación y el origen de los delitos señalados, estamos frente a delitos políticos y en su caso comunes conexos. Terrorismo y sedición son delitos claramente políticos. Siendo esta la naturaleza delictiva argumentada por el Estado, es hora de que instancias internacionales, particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja intervengan en el asunto. 

 

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