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 PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Propuesta de la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-

Julio 2012

REGIMEN AGRARIO

PROPONEMOS CREAR Y ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL: “EL REGIMEN AGRARIO.” PARA ESE EFECTO PLANTEAMOS LA REFORMA POR ADICION DEL CAPITULO II DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA REFERENTE A DERECHOS SOCIALES

JUSTIFICACION:

En Guatemala la población rural supera el cincuenta por ciento. Se estima que de dicha población rural, ochocientas mil familias se dedican a la agricultura, lo que equivale a cuatro millones de personas. Al menos dos millones de trabajadores –el 36% de la PEA- están vinculados a la producción agrícola. Este dato llega al 51% cuando se refiere a la juventud, la mitad de los jóvenes trabajan en la agricultura de subsistencia.

Además, no se puede obviar que el 70% de la producción de granos básicos se obtiene del campo nacional. Esta producción constituye el sustento básico de por lo menos diez millones de guatemaltecos. Producción deficitaria, provocada por el abandono del Estado, que redunda en pobreza, desnutrición, falta de empleo digno y bajo nivel de producción y productividad

En este contexto la tierra desempeña un papel central, que exige formas de utilización ambiental y socialmente sostenibles, obligación ineludible de la generación actual frente a las generaciones futuras. En tal sentido el uso, tenencia y explotación de la tierra debe ser equitativa y racional.

Actualmente, la ausencia de una legislación en materia agraria es la causa de conflictividad en el agro guatemalteco. Es evidente que la legislación Civil y Penal, materias que se ocupan en la actualidad de la conflictividad agraria, lejos de resolverla, han contribuido al surgimiento de brotes violentos recurrentes, que a su vez se han transformado en causa condicionante del grave déficit de gobernabilidad democrática, alejando la posibilidad de armonía social y económica entre los guatemaltecos.

Finalmente, reiteramos que el agro guatemalteco ha carecido de un marco legislativo ad hoc, que viabilice su desarrollo y regule las relaciones jurídicas vinculadas con la agricultura, agroindustria, ganadería. Y que la evolución social e histórica de la nación hace necesaria una legislación moderna y de rango constitucional, que modernice el régimen de tenencia, uso y disfrute de la tierra.

En consecuencia con lo anteriormente planteado, presentamos la siguiente propuesta de modificación a la Norma Fundamental:

DE LA PROPUESTA:

SECCION DECIMO PRIMERA

Régimen Agrario

Artículo 135. Principios del régimen agrario. El régimen agrario nacional se funda en principios de equidad, solidaridad, eficiencia y productividad inocua. Se instituye con el fin de impulsar el desarrollo agrario. Buscando garantizar la producción alimentaria nacional. Estará basado en el uso sostenible de la tierra y demás bienes naturales, garantizándose el acceso a los mismos de forma prioritaria a los productores nacionales.

Artículo 136. Los negocios jurídicos resultantes de las relaciones de producción en el agro se regirán por legislación específica. Para facilitar las relaciones y negocios jurídicos vinculados a la actividad agropecuaria y cuestiones conexas, incluyendo asuntos relativos al crédito, la propiedad y demás derechos reales, deberá emitirse una ley que regule esta materia en el ámbito sustantivo y procesal.

Artículo 137. Se crea la Jurisdicción Agraria. La Corte Suprema de Justicia deberá crear Juzgados y Tribunales Específicos para juzgar las cuestiones relativas a los negocios jurídicos del agro. El procedimiento en materia agraria será intermediado por el juez, oral, público, expedito, simple.

Para ver documento pdf presiones el siguiente enlace

 

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Presidente, usted obvia el agro
Usted debe ser coherente.


Helmer Velásquez 
La propuesta presidencial de reformas constitucionales omite la cuestión agraria. Se pierde otra oportunidad de abrir la puerta a la solución de nuestras laceraciones, la posibilidad de intervenir firme y democráticamente en el inicio de la solución al entuerto histórico. Elevar a rango constitucional el régimen agrario, trae a la sociedad innumerables ventajas: Por un lado garantiza el papel rector del Estado sobre la agricultura, hablamos de la necesidad democrática de garantizar la producción de alimentos sanos y abundantes. Esto como prioridad, lo que no excluye cultivos para el comercio, siempre que no produzcan efectos dañinos al ambiente. 

La otra ventana de oportunidad está en facilitar y mandatar a los administradores del Estado a promover legislación eficaz sobre el agro, ya prescrito en los Acuerdos de Paz y que sin embargo, salvo las acciones del insigne magistrado, Rodolfo de León Molina, ningún organismo de Estado ha emprendido a la fecha la tarea. Es decir, se trata desde el ámbito constitucional de despersonalizar cualquier iniciativa en aquella dirección. No existen impedimentos, ni faltan justificaciones para instaurar constitucionalmente el régimen agrario, baste decir que la mitad, más uno, de los guatemaltecos vivimos en el área rural. Que la exportación deviene del agro y que un tercio de los trabajadores guatemaltecos depende de la producción agrícola. Los alimentos básicos –el 70 por ciento– provienen del agro nacional, del campesinado. No hay impedimento legal, ni económico, para elevar la cuestión agraria a la Constitución. Más bien, existe urgencia social, económica y política por reconocerle al agro la categoría que merece. Esto, a nuestro juicio, se lograría con un asidero constitucional, que no es más que la expresión jurídica del reconocimiento social de nuestro campo, productores y productoras.

Así la evidencia, Presidente, usted que considera la economía familiar campesina eje central de su programa de gobierno, está ante una posibilidad histórica inconmensurable: sentar las bases para un Estado moderno, en donde agro y agricultura transcurran de ser estadios de opresión, pobreza y exclusión, a fuerzas que dinamicen la economía y fomenten la inclusión. Su propuesta de reforma constitucional, sin elementos transformadores, no irá más allá de una mera ocurrencia del General y un reducido círculo de político sin valentía histórica

Para ver edición digital de ElPeriódico presione el siguiente enlace

 

http://elperiodico.com.gt/es/20120719/opinion/215252/

 

Seis meses de ¿cambios?:

Balance de las acciones de gobierno

a seguridad ciudadana en entredicho

En la víspera de la toma de posesión, el General Otto Pérez Molina prometía que “en seis meses devolvería la tranquilidad al país”. A seis meses de iniciado su gobierno es fácil confirmar que el plato fuerte de la campaña electoral no ha generado la tranquilidad y seguridad que demandan los pueblos que habitan el territorio nacional.

Es evidente que el clima de inseguridad no ha variado en esencia, y aunque el gobierno afirme que existe una disminución de las tasas de homicidio (17% general y 22% en el caso de las mujeres) en algunos departamentos se han incrementado los actos de violencia y de agresiones contra poblaciones y defensores/as de derechos humanos.

Situación agraria, marcha indígena y campesina y el doble rostro del gobierno

El nuevo gobierno asume el poder con 1,360 conflictos agrarios reconocidos oficialmente como “sin resolver”, un Estado de Alarma –posterior a un Estado de Sitio- en el Petén y las secuelas derivadas de la imposición del Estado de Sitio en el Valle del Polochic.

 

Programas fallidos, clientelares y lentos

El gobierno ha demostrado grandes dificultades para poder arrancar con los programas, prueba de ello han sido las serias complicaciones en la ejecución del programa de fertilizantes desde los procesos de licitación hasta su distribución, que también respondieron a los intereses del partido oficial.

El plan hambre cero contempla atender 166 municipios, en un primer momento 8 municipios a abril 2012 y 33 al mes de junio. Un plan que pretende abordar los determinantes de la desnutrición crónica (estructural) y prevenir y atender el hambre estacional (coyuntural). Cuyo objetivo principal es reducir un 10% la prevalencia de la desnutrición crónica, para el año 2015.

Crisis tributaria, pobre ejecución presupuestaria y recortes a programas sociales

 La Ley de Actualización Tributaria aprobada por el Congreso de la República no soluciona la problemática de las Finanzas Publicas, ya que la brecha entre ingresos y gastos no es cubierta, el presupuesto nacional es pequeño comparado con las necesidades en gasto social que necesita el país, y porque refuerza el sesgo inequitativo de la política fiscal. Además persisten las deficiencias en la gestión del mismo, la falta de instrumentos técnicos para mediar la calidad del gasto y una alta concentración del gasto en la región central del país. 

 

Canasta básica por las nubes y salarios de hambre

En el caso de la Canasta Básica Alimentaría (CBA) al mes de junio 2012 es de Q2,534.00, superior en Q.85.00, con respecto al mes de enero 2012(Q.2,449.00). En lo que respecta a la Canasta Básica Vital (CBV) a dicho mes es de Q4,624.00, aumentando Q154.00 con respecto a enero (Q4,470.00). En ambas situaciones, la compra de los bienes básicos superan el salario mínimo vigente, que es de Q2,318.00 (actividades agrícolas y no agrícolas) y de Q2,151.00 (exportación y maquila). Al comparar la CBA con el salario mínimo agrícola y no agrícola se cubre en un 91.5% y en relación a la CBV apenas cubre un 50%. Con lo cual se demuestra el aumento sostenido del costo de vida de la población guatemalteca.

Incierta reforma política sin agenda legislativa

El sistema político electoral guatemalteco demanda de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por ello es hacia donde deben apuntarse, en primer término, los esfuerzos. La reforma al sistema electoral y político es un paso previo, fundamental, a toda reforma del Estado que implique modificaciones constitucionales.

En síntesis:

A seis meses de toma de posesión del gobierno se observa que su perfil e imagen pública a favor de la seguridad ciudadana, su más importante fuente de legitimidad, constituye uno de los aspectos a partir del cual se puede evaluar su gestión. Tras medio año hay evidencias de que el ofrecimiento de seguridad ciudadana está en duda porque se viene impulsado una serie de acciones que contradicen supuestos logros.

Por otra parte, iniciativas llevadas a cabo por el gobierno central como la reforma fiscal ha sido incapaz de revertir la Política Fiscal vigente y ha puesto en riesgo el financiamiento del Estado para los próximos años. En ese sentido, es preocupante la baja ejecución presupuestaria en carteras tan importantes como la de agricultura, así como en importantes programas sociales, con su correspondiente impacto en los hogares más necesitados del país, enfrentados al creciente incremento del costo de vida.

En este escenario poco alentador, observamos como la clase política representada en el legislativo ha retardado deliberadamente la discusión de muchas iniciativas necesarias para atender algunas de las cuestiones antes mencionadas, en medio de un panorama difuso y poco favorable para la reforma profunda del régimen político vigente. De manera que, nuevamente parece vislumbrarse el viejo dilema de los partidos políticos guatemaltecos: son capaces de ganar procesos electorales, pero incapaces de gobernar.

Guatemala, 13 de julio 2012

 Para mayor información:

Alejandro Aguirre / Boris Cabrera

Coordinador ID/CONGCOOP Coordinador IDEAR/CONGCOOP

Tels. 24310261 y 24320966 Tels. 24310261 y 24320966

Para ver pronunciamiento completo presione el siguiente enlace

 

 

 

La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, e Instituto por la Democracia, ID, participaremos en la Feria Internacional del Libro Guatemala 2012. Los invitamos a visitar el Stand número 3, donde pondremos a su disposición publicaciones, estudios, investigaciones, relacionadas al Desarrollo Rural, Participación Ciudadana y otros temas.

Lugar: Stand 3, Parque de la Industria, zona 9
Fecha: del 20 al 29 de julio de 2012
Hora: de 10:00 A.M. en adelante.

Además, CONGCOOP, y su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, se complace en invitarle al foro público y presentación del estudio: PRESIONES TERRITORIALES E INSTITUCIONES INDÍGENAS EN TOTONICAPÁN Y ALTA VERAPAZ. (Por Katja Winkler y Fernando Alonzo)

Fecha: 25 de julio de 2012
Hora: 16:00 en adelante
Lugar: Salón Memorial Sololá, IX Feria del Libro -FILGUA-
Parque de la Industria, zona 9

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Semestre en balde

Tras seis meses de gobierno, hay cólera e irritación.

Helmer Velásquez

Llenos de promesas de inicio, los nuevos administradores del Estado han ido evidenciando sus carencias: incapaces de controlar, corrupción y negocios a costillas del erario público, parecen haber decretado puerta libre. Los focos están en donde la voz popular ha señalado y este diario ha documentado: compra de medicinas, obra gris asignada de forma oscura, fondos sociales que efectúan compras festinadas y de escasa calidad –total se trata de productos para los pobres. La atención hospitalaria continúa precaria y sin visos de cambio. No logra este gobierno Pérez enmendar el rumbo. La prioridad –en salud– es evitarse conflictos sindicales y para tal fin se trasladan fondos previamente destinados a combatir desnutrición a sufragar bono salarial. La gestión financiera del Estado sigue recostada en deuda pública, esta que fue tan criticada por los “patriotas” y por el presidente Pérez, con ocasión de los múltiples préstamos promovidos por el gobierno anterior y que lisonjeramente autorizó el Parlamento de la época. Así, por ejemplo, y con más orgullo que vergüenza, la viceministra de Finanzas, María Castro, anunció meses atrás que habíamos colocado US$900 millones en bonos “en muy buenas condiciones” lo cual los hizo muy apreciados por los acreedores. Vaya orgullo licenciada. Ahora se presiona al Legislativo para que apruebe tres nuevos préstamos para financiar el funcionamiento del aparato público. Sin el menor empacho, se pide que cesen interpelaciones y otras artimañas legislativas, no para aprobar leyes de trascendencia nacional ¡No! Es para poder aprobar nueva deuda. Que urge. Así las cosas presidente Pérez en ¿dónde está el cambio? 

En cuerda separada pero igual de penosa. Resulta que los programas para incentivar la producción campesina no inician. El señor ministro, pese al respeto que nos merece, está dedicado a hacer licitaciones, y deja de lado su función principal: crear y dirigir la política pública agropecuaria de este país, debiese estar 20 horas al día diseñando con su equipo las políticas que habrán de librarnos de lo más perverso del cambio climático, ejecutando planes para incrementar la productividad campesina de granos, y así evitar hambrunas. Respecto de la delincuencia, no se perciben las mejoras, pese a la anunciada desarticulación de bandas. Represión popular 10 puntos. Así las cosas, el primer semestre de gestión Pérez está reprobado.

 

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De estadistas… poco

El político de traspatio se enfunda en la legalidad.

Helmer Velásquez

La visión del Estado como instrumento supremo para generar y garantizar bien común, requiere, necesariamente, de administradores y operadores, con desarrolladas habilidades negociadoras, excelsa capacidad de proposición, realización y gestión, se trata de hombres y mujeres, cuya legitimidad no radica en haber ganado una elección popular; mucho menos si esta se obtuvo luego de millonarias inversiones en creación de imagen y acarreo de votantes. El hecho de ganar una elección no es sinónimo de pensamiento político preclaro. El Estadista genera aquiescencia, concita consenso, rehúye de la violencia, articula estrategia y facilita la construcción de futuro. El político de traspatio se enfunda en la legalidad, enfrenta, reprime, impone y se asume legitimado. Ese es nuestro caso.

Pérez Molina consolidó su llegada a la Presidencia al obtener el 54 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta electoral. De un total de siete millones trescientos mil ciudadanos con derecho a voto. Es decir, que –alrededor– de cinco millones de ciudadanos aptos para votar no le otorgaron ningún mandato, de donde podemos colegir que la legitimidad del mandatario, en términos de voto, es relativa. 

Traigo el asunto a colación con ocasión, por los argumentos que sobre su legitimidad esgrimió el Presidente de la nación, para fundamentar la decisión de militarización del país, objetivada en la instalación de bases militares; verbigracia San Juan Sacatepéquez, en donde los vecinos se oponen a la milicia en su municipio y para dirimir la controversia, proponen una democrática consulta ciudadana. Los hechos durante este primer semestre de gobierno, constatan que el país, no es administrado por estadistas. Las puntadas que hasta ahora, habían ayudado a ubicar una imagen de expectativa positiva, por ejemplo: La propuesta sobre la legalización de las drogas, reforma Fiscal y Constitucional, han empezado a empequeñecerse, cuando se les compara con lo cotidiano: represión brutal en Barillas, delincuencia rampante, alta contratación de militares en la administración pública, cierre de archivos de la paz, deuda pública en ascenso, negar el genocidio, cero acciones positivas a favor del campesinado y de cierre, las torpes formas en que se ha manejado la demanda de los estudiantes de magisterio. Lamentable, pero empieza a quedar claro el imperio del sable, la bota y la bayoneta.

 

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