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Nuevo Parlacen

El órgano fundamental de la integración regional.

Helmer Velásquez

La integración de Centroamérica registra avances notables a esta altura de la historia del istmo. Contamos con estructuras políticas y económicas que buscan consolidarse. Así desde una Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), cuya jurisdicción aún no se explaya por el Istmo, dado que Panamá y Costa Rica no la reconocen, esto pese a que la historia asigna a Costa Rica ser precursor de este organismo en los albores del siglo XX. Existe a la vez un complejo entramado institucional, que bajo la égida del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conjuga y aborda tantas aristas como ejes articuladores tiene un proceso de armonización social, político, económico, comercial, y académico, entre el variado contenido de todo proceso integrador.

Esta afanosa historia, –de la integración regional– ha estado cruzada por crítica acre e incluso por sabotajes expresos o velados para evitar su concreción. Desde bizarras guerras e intrigas que hicieron abortar en su momento el Mercado Común Centroamericano (MCCA), hasta conspiraciones contra el proceso basadas en la preeminencia de aviesos intereses empresariales por sobre las bondades de la integración. La deslegitimación del proceso ha sido el instrumento predilecto de quienes se oponen a la integración, así utilizando, la inclusión de figuras políticas desacreditadas en sus países, como argumento para construir falacias que por generalización imperfecta les llevan a concluir, que es el SICA un artilugio, urdido por políticos venales para garantizarse protección y refugio para sus años dorados.

Este argumento ha llegado a ser una “verdad” para círculos sociales de la región. Es sin embargo una patraña. Un organismo de nueva generación en el proceso es el Parlamento Centroamericano (Parlacen), surgido de Esquipulas II y constituido en 1991. Es el órgano político de la integración. Una materia pendiente de este órgano: la negativa de Costa Rica a integrarlo. Contrariamente, República Dominicana es miembro pleno. Panamá ha reconsiderado y es miembro de derecho. El Parlacen está llamado a escribir páginas memorables en la integración. De esa cuenta las reformas a su tratado constitutivo aprobadas en 2010, van en la dirección correcta. Tiene ahora –el Parlacen– facultades vinculantes al SICA, fiscaliza el presupuesto y dinamiza sus tareas. En este tiempo de reformas políticas será propicio debatir, sobre el carácter vinculante que las resoluciones del Parlacen deben tener para la región.

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Parches o reforma
Las más variadas expresiones apoyan la idea.

Helmer Velásquez

La modernización y saneamiento del Estado por la vía de reformar la Constitución política de la República tiene más adeptos que detractores, a juzgar. por las reacciones que la propuesta presidencial ha suscitado. Las más variadas opiniones coinciden en que es un buen momento para emprender la tarea. Las divergencias afloran en el mecanismo para realizarlo, y en la profundidad de la cirugía política. A nuestro juicio, la sociedad nacional debe encarar la reforma en toda su dimensión, no es correcto elaborar un conjunto de parches.

Algunos botones de muestra. La función social de la propiedad: es inaudito que a estas alturas de la historia, una sociedad que se precia de moderna, como la guatemalteca, no reconozca el carácter social de la propiedad. Estamos aún sujetos al anacrónico precepto de propiedad absoluta, que se corresponde con concepciones de siglos anteriores. Una redefinición de la nación: debe avanzarse hacia una definición acorde con los derechos de los pueblos que acá convivimos. No somos una sociedad monohablante, ni existe un solo pueblo en este territorio. La Constitución actual hace referencia a comunidades y grupos indígenas. Arcaísmo, producto del racismo de Estado, que se intentó superar a partir de lo pactado en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Son ahora mejores tiempos que la coyuntura vivida en la fallida reforma constitucional de 1998, consultada al pueblo en 1999.

Otro elemento fundante del buen vivir, fuente histórica de conflictividad, riqueza y miseria: el régimen agrario. Este habrá que elevarlo a rango constitucional y desarrollarlo desde principios de justicia social propios de un Estado moderno y equitativo. Se trata de sentar bases para la emisión de legislación ordinaria que dinamice las relaciones de producción en el campo y democratice el uso, tenencia y propiedad de la tierra. El agua es otro bien público cuyo uso, sostenible, debe calcarse en la Carta Magna, más allá de las meras referencias actuales. Es decir, si “le vamos a meter mano a la Constitución”, hagámoslo con la profundidad y extensión necesarias. De nada valdrá “parchar” el texto actual. Una tarea de chapucero solo creará nuevos problemas y galimatías legales. Estamos frente a un proceso de reforma profundo que a nuestro juicio debe estar a cargo de una Asamblea Nacional Constituyente.

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ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA

Reunidos en Ciudad de Guatemala, el día 4 de junio del presente año, delegadas y delegados de redes sociales de la región centroamericana y México, ante la inminente firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, manifiestan.

El Acuerdo se firma en un contexto de profunda crisis de la economía mundial, especialmente la que viven los países europeos, así como en condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y fragilidad de las economías centroamericanas.

En estas circunstancias resulta contraproducente firmar un nuevo acuerdo de libre comercio basado en los lineamientos neoliberales de apertura comercial y desprotección social. Dado que este nuevo tratado implicaría la imposibilidad de los países centroamericanos de establecer su propio proceso de integración y definir sus propias estrategias de desarrollo económico y social, tal como lo ha demostrado el acuerdo vigente con Estados Unidos- conocido como CAFTA-, subordinando los intereses de los pueblos centroamericanos a los intereses extranjeros.


Observamos con suma preocupación que el acuerdo cambiaría las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, para el desarrollo. Canalizando los flujos de cooperación externa para el desarrollo hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad al Acuerdo Comercial del ADA. 


Es preocupante al mismo tiempo, que dentro del Acuerdo de Diálogo Político, se reduzcan las consultas y la participación de la sociedad civil organizada que tenía la capacidad de intervenir en las mismas. Observamos además un retroceso en materia de derechos humanos, laboral y ambiental, socavando lo que históricamente han sido las relaciones entre la Unión Europea y la región centroamericana y un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos y de participación de los pueblos.

Manifestamos nuestro rechazo a la firma de este convenio, y sobre todo en Honduras, en fechas cercanas a tres años del golpe de estado, que ha implicado graves violaciones a los derechos humanos.

 

La UE queda en evidencia que privilegia el aspecto comercial por encima del respeto a los derechos humanos y la construcción de un sistema democrático en donde se busque el bienestar de los pueblos.

Ante esa situación, las redes centroamericanas expresan: El acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es otro Tratado de Libre Comercio, subordinado a las reglas del mercado que solo favorece a los intereses de las grandes empresas transnacionales europeas y subordina el diálogo político y la cooperación en función del mercado.

Reafirmamos nuestra posición de resistencia y rechazo contundente al Acuerdo de Asociación, que sin duda alguna, profundizará la pobreza, la migración, la violencia, la desigualdad y la dependencia de los pueblos centroamericanos, como ha ocurrido con otros acuerdos.

Que previo a la ratificación se establezca un proceso amplio de debate y discusión con la sociedad civil centroamericana a fin de discutir sobre los posibles efectos que tiene este tipo de acuerdo. Sólo discutiendo y confrontando los diversos puntos de vista existentes, se puede construir un modelo económico sustentable, y una relación estratégica entre naciones que realmente beneficie a los pueblos de la región.

Exigimos a los Congresos Nacionales que realicen un proceso de consulta a la ciudadanía sobre este Tratado antes de ratificarlo.

Finalmente, planteamos que este tratado se sumará a los acuerdos que en el marco del G-20 y de Río más 20, estarán tomando los gobiernos de la Unión Europea y otros países del mundo, que favorecerán a las transnacionales y en detrimento de los intereses de los pueblos.

En la Ciudad de Guatemala, los representantes de las redes centroamericanas-Vía Campesina
- Centro América por el Diálogo -CAD-
- Asociación Social Continental -ASC-
- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción -ALOP-
- La Iniciativa Mesoamericana de Comercio Integración y Desarrollo Sostenible -Iniciativa CID-
- Red Centroamericana de Monitoreo del Libre Comercio
- Red Latinoamericana de Comercio Comunitaria -RELACC/RENICC-
- La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos -LATINDADD-
- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos -PIDHH-
- Plataforma Sindical Común Centroamericana
- Foro Mesoamericano de los Pueblos

CONGCOOP: COMUNICADO URGENTE

PORQUE DECIDIMOS NO PARTICIPAR

EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS QUE

SOBRE LA LEY DEL SISTEMA DE DESARROLLO

RURAL INTEGRAL CONVOCO EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

A TRAVES DEL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISION

DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

1º. Efectivamente la Audiencia Pública parlamentaria utilizada de forma transparente –cuestión que no sucede ahora- es un importante elemento democrático que permite a la ciudadanía externar opinión sobre asuntos de especial trascendencia para la vida política nacional, coherentes con este entendimiento institucional,  comparecimos  en el pasado reciente a las Audiencias, convocadas con ocasión de la propuesta de reforma Constitucional promovida por el grupo Pro reforma y más recientemente al ejercicio convocado por el Diputado Mariano Rayo Ovalle, -en la anterior legislatura- referido al ante proyecto de ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral: Iniciativa 4084. Ocasión en la cual asistimos en el marco de la Alianza por el Desarrollo Rural Integral, entidad de la cual en esa fecha ostentábamos la calidad de miembros plenos. Cuestión que ya no sucede en la actualidad.

2ö.  Con fecha 25 de mayo corriente: Participamos de la Asamblea General  de Organizaciones campesinas y sociales –estructura que deriva de la Marcha Indígena, Campesina y Popular- en la cual de forma unánime se resolvió  NO participar en las Audiencias públicas identificadas en el título de este escrito dentro de otras razones por las SIGUIENTES:
 
A.      La ley del Sistema nacional de Desarrollo Rural Integral debe ser aprobada de conformidad con su texto original contenido en la iniciativa de ley 4084; texto sobre el cual recae dictamen favorable de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Congreso de la República y las Audiencias ahora convocadas están orientadas a vulnerar aquel contenido.

B.      Esta iniciativa, -4084- contiene elementos cardinales para el desarrollo de los campesinos pobres y los pequeños productores, tales como:
-La obligación del Estado de elaborar una política de acceso a la tierra, imprescindible para promover el desarrollo nacional.
-Reconoce como sujeto priorizado a la familia campesina.
-Ordena la coherencia entre el hombre-mujer y la naturaleza, haciendo énfasis en el respeto al medio ambiente,
-Y reafirma el carácter público de los servicios esenciales: educación, salud, vivienda, derechos laborales y salariales, soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo humano en el área rural.

C.      El Congreso de la República debe honrar el compromiso adquirido 28 de marzo, a través de la instancia de Jefes de Bloques,   con las organizaciones convocantes de la marcha campesina, de aprobar de urgencia nacional La Iniciativa de ley 40-84. Además de comprometerse a agilizar la emisión de legislación sustantiva y procesal agraria en Guatemala.

D.      En tal sentido, la convocatoria realizada por el Diputado Presidente de la Comision de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales contraviene de forma flagrante el acuerdo suscrito con las organizaciones campesinas, careciendo, en consecuencia,  de legitimidad este nuevo ciclo de audiencias públicas constituyéndose en una maniobra, política que busca: a) Formular una nueva propuesta de Ley a la medida de los intereses empresariales, b) Y consecuentemente dar un contenido diferente a lo pactado en su momento por las organizaciones campesinas y sociales con el anterior gobierno de la república, contenido en: la iniciativa 4084, Ley del sistema nacional de desarrollo rural.

 3º. Por tanto en razón del necesario respeto a lo dispuesto por las organizaciones campesinas y sociales constituidas en asamblea general cuyas razones reconocemos y asumimos  declinamos nuestra participación en las Audiencias públicas relacionadas. Esta situación la hicimos saber de forma escrita a la oficina señalada por el Diputado convocante el mismo día 25 de mayo corriente, sin embargo no fuimos eliminados de la lista de actores inscritos para evacuar la audiencia.

Guatemala junio 2012

COORDINACION DE ONG Y COOPERATIVAS –CONGCOOP-
INSTITUTO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y RURALES –IDEAR-

Justicia: terciopelo y mazo

Directo al foso de castigo, acompañados de malandrines.

Helmer Velásquez


El ejercicio de la judicatura está mal visto. Se ha devaluado, nadie reconoce imparcialidad en sus fallos, ni respeta su investidura. Por el contrario, son sospechosos de venalidad continuada. Los últimos fallos solo confirman la regla: eximir de culpa a Carlos (Guasón) de León, Torres Casanova y la fianza pecuniaria al general, acusado de genocidio, son una muestra de una lista mucho más larga de fallos altamente cuestionados. En contrario, se ceban con los dirigentes sociales, los sin cuenta bancaria, sin más poder que la organización social. Para ellos y ellas no existe conmiseración alguna. Este es el caso de los quince detenidos luego de los sucesos de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango.

Para empezar se les señala la comisión de una verdadera ensarta de delitos: robo agravado, lesiones graves, homicidio en grado de tentativa y allanamiento con agravación específica. Una letanía que los remite directamente a prisión sin beneficio alguno, además que dada la “peligrosidad” de los encartados y la posibilidad de que huestes “opositoras al desarrollo y la justicia” pretendan liberarlos, se les traslada a la zona 18 y la cárcel de mujeres de la ciudad capital. Directo al foso de castigo, acompañados de verdaderos malandrines. Vaya rasero el de la justicia. Viene a mi mente la frase de monseñor Arnulfo Romero; “La justicia es una serpiente que solo muerde los pies de los descalzos”. No me queda ninguna duda de la verdad de aquella afirmación. La justicia en estas circunstancias es una mascarada.

Así, sin el menor pudor, los jueces y juezas exculpan a los capos de cuello blanco: son condescendientes con los guasones. Soban la leva del poder, se conmiseran del anciano general: justicia de terciopelo. Reservan la espada de la justicia, la cuerda y el cepo para indígenas y campesinos. Cumplen a cabalidad aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando”. Para el caso: los detenidos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, son personas honorables, líderes comunitarios, dignatarios de su pueblo, defensores de derechos humanos. Carecen de antecedentes penales. Sin embargo, los denuncia una empresa española, según origen del capital y lugar a donde irán las ganancias. Es menester que con ocasión de la reforma del Estado, se emprenda la depuración del Organismo Judicial y su “reconstrucción” sobre una nueva ética y un nuevo concepto de nación.

 

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http://www.elperiodico.com.gt/es/20120531/opinion/212933/.

¿Y la política agraria?

El documento se transforma en un texto estrictamente discursivo.

Helmer Velasquez

El Gobierno de la República anunció el 17 de este mes su Estrategia de Desarrollo Rural,  documento que con sus luces y sombras es evidentemente un instrumento importante para la vida política, social y económica del país. Un desacierto del texto es insistir en lo que ha sido proclama de gobierno: la Agricultura Familiar campesina como objeto de fomento. Y es que, tratándose del segmento de población que sostiene el abasto alimentario del país y la mayor fuente de empleo, es totalmente procedente que se transforme en el objetivo de atención de la política agropecuaria de la nación. Sin embargo –y por no ir más allá–  al señalar líneas estratégicas sin explayarse en  cómo se hará aquello, el documento se transforma en un texto estrictamente discursivo. 

Ahora bien, y sobre el fondo del asunto. Una ausencia notable en el documento es la política agraria; sobre esta se circunscribe a señalar: la necesidad de formularla, sin profundizar la ruta a seguir, ni las bases para la misma. Esta omisión podría  interpretarse de diversas maneras: escasez de tiempo del equipo gubernamental, ausencia de voluntad política para encarar la tarea, o la multiplicidad de consultas necesarias para tal fin. Es obvio, al ojo crítico del ciudadano, que una ausencia de tal magnitud podría ser base para desaprobar la estrategia aludida. Y es totalmente evidente que, sin acceso a tierra, formas de manejo específico de la producción, infraestructura, litigio agrario y un sin número de elementos atingentes a la producción en el agro, es impensable una estrategia real.

Dicho  lo anterior, e incluso aceptando como válida la tesis de que el campesinado nacional no depende  en exclusiva  de la producción agropecuaria, sus medios de sustento incorporan una serie de opciones que nos hablan de una economía diversificada; sin embargo, es incuestionable que la base económica de 800 mil productores en este país corresponde a la actividad agropecuaria. Señalar esta ausencia, no pretende la descalificación de la iniciativa. No. Es un llamado a corregirla. Otra cuestión es ser escépticos en cuanto a la prioridad real de la gestión gubernamental, pues resulta que el otro eje que “va al campo” es la inversión privada, nada novedoso, además de señalar que se aplicarán a esta –según la estrategia de gobierno–  criterios de ética, ambiental, laboral, y de pertinencia cultural. 

Columna publicada en la sección Editorial de elPeriódico.com.gt de fecha 24 de mayo de 2012