Tradicionalmente el Estado guatemalteco se ha preciado de no tener en sus ergástulos prisioneros devenidos de hechos políticos o comunes conexos. Así durante los 36 años de conflicto armado, –este estatus jurídico fue excepcional–, la categoría simplemente nunca se reconoció, la estrategia de la dictadura militar se basó en “desaparecer o asesinar de manera abierta” a los “enemigos” del régimen, definición que operaba para designar a opositores políticos, alzados –o no– en armas. Llegada la democracia formal, se mantuvo la práctica del secuestro y el asesinato político, en realidad llega hasta nuestros días, en menor magnitud y bajo otras modalidades. Ya sea ejecutada por fuerzas irregulares o “guardias” privados dependientes de intereses políticos, empresariales, o mafiosos. Bajo argumentos, de “defensa” de la propiedad privada o libertad de inversión. No se trata –ahora– de una política de Estado, sin embargo, este es responsable por no detenerla

La cuestión ha variado; es obvio, pero aún, estamos lejos de que Guatemala sea un Estado democrático “vivible”; sin sobresaltos, para la dirigencia, social y popular. Pues bien, en este entorno círculos de administradores del Estado y grupos empresariales radicales, han emprendido una verdadera cruzada en contra de la dirigencia indígena y campesina, urdiendo con el apoyo de sectores reaccionarios del gremio de los abogados, la construcción de casos penales, en contra de aquellos. De esa. Así encontramos los casos de: Ramiro Choc, agrarista y primer preso político del siglo XXI, campesinos q’eqchi’ miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), encarcelados por reivindicar derechos históricos sobre sus tierras, en Alta y Baja Verapaz, los pobladores kaqchikeles, de San Juan Sacatepéquez y los capturados en mayo corriente: pobladores q’anjob’ales del municipio de Barillas, en Huehuetenango. 

Para el “sistema de justicia” se trata de delincuentes comunes, obvian sin embargo, que por la naturaleza de la acusación y el origen de los delitos señalados, estamos frente a delitos políticos y en su caso comunes conexos. Terrorismo y sedición son delitos claramente políticos. Siendo esta la naturaleza delictiva argumentada por el Estado, es hora de que instancias internacionales, particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja intervengan en el asunto. 

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La conmoción social en el municipio de Santa Cruz Barillas no toca a su fin, lejos de esto se continúan desencadenando sucesos cuya connotación pone en relieve la condición del Estado guatemalteco: patrullajes militares, órdenes de captura, amedrentamiento clandestino; se persigue a la ciudadanía opuesta al uso del agua para la construcción de una hidroeléctrica. Los responsables, figuras fantasmales sin identificar, hombres vestidos de civil. Barillas vive momentos de angustia, se presiente una situación de crisis, volvió el ambiente del conflicto armado interno. Bufetes de abogados en Huehuetenango y el sistema judicial en su conjunto enfilan lo mejor de sus esfuerzos por construir casos en contra de los comuneros. Nadie en el sistema repara en la justeza de la lucha campesina y q’anjob’al. Se trata de reprimirlos, de escarmentarlos. Esto trae a la memoria los azotes y la cárcel para los amotinados durante el ciclo colonial. Poco ha cambiado en la pretensión –criolla– de hacer de los indígenas seres subalternos, personajes sin mirada política, seres inanimados objetos de manipulación.

Por el contrario, al Ejército nacional se le transfieren fondos –se le premia–, Q10 millones del erario público. “Hay que equipar a la fuerza, para combate del crimen organizado”, sin embargo, a juzgar por las cifras de delincuencia en el país, los uniformados han sido totalmente inefectivos. Significa entonces, que el nuevo equipo tendrá como destino, la población, los rebeldes, los testarudos, los indígenas. Qué puede uno pensar si la realidad supera cualquier intento de ver las cosas de otro modo. Como puede uno explicarse la elevada capacidad de memoria de un testigo protegido, que la fiscalía presentó en el juicio en contra de los comuneros de Barillas, este logró individualizar 33 nombres, de “autores materiales e intelectuales” de los sucesos del primero de mayo del corriente año, incluso señalar su lugar de habitación. Envidiable capacidad memorística.

De qué sirven las reformas constitucionales e incluso una lírica declaración sobre pueblos indígenas, si continúa la práctica del repartimiento y la distribución de las tierras “realengas”, lo primero expresado en mano de obra mal pagada y la segunda en la modalidad de libre concesión, sin más consideración que la máxima ganancia. Por momentos se tiene la sensación de que la Patria del Criollo continúa vigente. Democracia, libertad, justicia social, conceptos vacíos sin más pretensión que ornamento para la Constitución Política.

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Refiero lo anterior, tomando como parámetro el escaso apoyo social que han concitado las más importantes propuestas gubernamentales. Excepción hecha de la referida a la despenalización de las drogas. Los casos más ejemplares de esta marcha en solitario se expresan,  en las reformas a la carrera magisterial, que si bien no parten del periodo, sí correspondió a este gobierno darle salida social. Lo cual hizo de la manera impropia y sin tino político. No obstante, lo estrepitoso está por llegar: un conjunto de reformas constitucionales en donde variados sectores, organizaciones e instituciones, coinciden en que la propuesta no es suficiente ni significativa para modernizar el Estado, mucho menos para refundarlo desde sus bases. La idea de “consultar” sectorialmente y no hacer caso al resultado de las consultas en definitiva no funciono y ahora la pretendida reforma carece de apoyo social, y consecuentemente de la legitimidad que esto otorga a los actos de Gobierno.

Parte del problema de este aislamiento gubernamental está en el intento de la elite burocrática de gobernar con ‘manu militari’, es decir, yo decido y ustedes obedecen, estilo de Gobierno que ya no es tolerado socialmente. A lo anterior habrá que sumar la idea de suscribir compromisos y no cumplir, tal cual, lo acontecido con el movimiento campesino luego de la marcha de marzo. A la fecha no se cumple con lo pactado y se pretende diluir los acuerdos en la trama burocrática. Este temprano retraimiento gubernamental es aún posible revertirlo y gobernar a partir de acuerdos sociales. Sabido es que las elecciones otorgan legalidad; sin embargo, no necesariamente traen aparejada la legitimidad. Lo que legitima la acción gubernamental es el diálogo, la concertación y la atención a los intereses sociales. Los anunciados pactos de Gobierno hasta ahora son discurso. Aún es tiempo de corregir.

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Compuesta por “orejas”, esbirros, asesinos, torturadores, violadores en serie, rapaces, ladrones de botines, saqueadores y salteadores. Una verdadera galería de mentes enfermas, sin cura posible, seres contra natura. Abominables personajes a quienes el Estado nacional invistió de autoridad, “licencia para matar” y salvoconducto para secuestrar, torturar y desaparecer personas honorables. Lacayos construidos a imagen y semejanza de sus superiores de uniforme, quepi y charreteras.

Así de esta bazofia estaba constituida la denominada Policía Judicial, que bajo la excusa de la investigación criminal, se constituyó en el brazo policiaco del aparato de represión ciudadana durante la última mitad del siglo pasado.

Este “estamento de investigaciones” de la Policía Nacional, denominado cuerpo de detectives.

Incapaz de establecer una sola línea de investigación sin utilizar la tortura, el secuestro y muerte de los sindicados, incluso, de las víctimas, si atisbaban que el peculio de estos era susceptible de apropiación y para tal efecto  borraban la huella. Pues bien, este cuerpo policiaco, que algunos denominan policía política, pero que en honor a la verdad no llegó a ser más que una gavilla de exterminio al servicio del régimen de las dictaduras militares.

Este ente policial que –desde– el gobierno de Vinicio Cerezo y subsiguientes, se trató de sanear sin éxito. No fue sino hasta después de firmada la paz en 1996, que se logra su desaparición definitiva, aun y cuando ya en tiempos recientes –intuyo que sus resabios– eran parte de la gusanera que refirió el exvicepresidente Eduardo Stein en su momento.

Así las cosas, los que vivimos el conflicto armado interno, que solo con recordar a aquellos siniestros “detectives”, enfundados en sombreros de petate de ala ancha y bota vaquera, que se conducían en vehículos jeep o broncos, diestros en secuestrar y desaparecer, o en el “mejor” de los casos –tan grave era la situación– asesinar al sospechoso, en donde se le ubicara. La condición –de occiso– evitaba el suplicio, el chantaje o acciones denigrantes en contra de la familia del agraviado.

Razón tenemos en sospechar que la más reciente creación de los señores diputados: la Dirección General de Investigaciones Criminales, aparato policiaco autónomo, sin controles parlamentarios, ni democráticos y con una dudosa tarea de coordinación a cargo del Ministerio Público, devenga en el Frankestein del siglo veintiuno. 

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