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Tambores de guerra en contra de las organizaciones sociales.

Helmer Velásquez

Las solicitudes de cárcel para la dirigencia de Codeca y CNOC, que ratificó e hizo público el Cacif, se deben interpretar en su justa dimensión: tambores de guerra en contra de las organizaciones sociales. Estas reivindicaciones vinculadas a acciones u omisiones gubernamentales, relativas a extracción de metales preciados, materiales de construcción, uso del agua, posesión o propiedad agraria, abusos empresariales en costo y calidad de servicio de energía y en embrión: problemas estudiantiles, magisteriales y por costo de vida.

Según la Vicepresidenta de la República, existen a la fecha 1,600 conflictos sociales que el Gobierno no ha logrado desactivar, sus mejores remedios han sido cárcel y Estado de Sitio. Cepo y azotes; la vieja receta de los tiempos coloniales. No se repara que frente al agravio la población no tiene opción. Si no se respetan uso y cuidado del ambiente: se desvían ríos hacia cultivos extensivos –dejando poblaciones enteras sin agua–, se talan bosques para cultivar palma aceitera, se tiran desechos residuales a los ríos. No se pagan salarios decentes, ni siquiera el mínimo. Sí expulsa a comunidades de tierras ancestrales y en los litigios por propiedad o posesión, los jueces  fallan a favor de los potentados. Qué respuesta esperan de los pobres. ¿agradecimientos? ¿Resignación, luto y llanto? No. Nuestra Constitución reconoce sus derechos.

Nadie en su sano juicio agradecerá que lo expulsen de su tierra, que le arrebaten su río, que sus hijos no vayan a la escuela, que por falta de alimento mueran sus recién nacidos, que los hijos que se “logran” padezcan desnutrición crónica. Además si no somos iguales ante la ley. Que –otro– recurso queda, si no ejercer el legítimo derecho de manifestación, resistencia pacífica y desobediencia frente a resoluciones manifiestamente ilegales. Pese a ello la elite empresarial, opta por la confrontación, demanda represión, criminaliza las jornadas sociales. No recoge de la historia sus lecciones. Es elemental: la represión atiza tempestades. El empresariado se equivoca al promover la lucha de clases. La justicia se sustenta en la misma legalidad: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria, ambos de cumplimiento obligatorio en el país.

Para ver edición de EL PERIODICO presione el siguiente enlace:

http://elperiodico.com.gt/es/20120927/opinion/218438/

COMUNICADO URGENTE

La Coordinación de ONG y Cooperativas, -CONGCOOP-, ante la ratificación de la denuncia penal que realizó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras, -CACIF-, ante el Ministerio Público en contra de Mauro Vay y Miguel Ixcal, dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC-.

 MANIFIESTA:

1º. La Constitución Política de la República garantiza el derecho a manifestación y organización del pueblo guatemalteco y sus organizaciones representativas (Artículo 33). Por lo que los argumentos del CACIF, a nuestro juicio, solamente pretenden criminalizar la lucha social.

 2º. Ante esta situación CONGCOOP, patentiza su solidaridad con el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas – CNOC-.

                                              Guatemala, septiembre de 2012

La Coordinación de ONG y Cooperativas, -CONGCOOP-, repudia el asesinato del Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, apoderado legal del MOVIMIENTO AUTÉNTICO REIVINDICADOR DEL VALLE DEL BAJO AGUAN -MARCA-; del departamento de Colón, en la República de Honduras, perpetrado el pasado sábado 22 de septiembre, a manos de sicarios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocontín, en Tegucigalpa, Honduras.

El profesional del derecho jugó un papel consecuente y trascendental en la defensa del legítimo derecho a la tierra de las Cooperativas Campesinas: San Isidro, Despertar, San Esteban y La Trinidad, cuestión que lo llevo a confrontarse, con los terratenientes que usurpan la tierra campesina en la zona, del Bajo Aguán. Particularmente Miguel Facussé y Rene Morales, quienes actúan en connivencia con autoridades del Estado Hondureño. Estos personajes y los funcionarios concernidos, deben ser investigados por la justicia, nacional e internacional por este horrible crimen y los asesinatos de más de cincuenta campesinos del lugar.

Las acciones legales interpuestas por el Abogado Trejo Cabrera, lograron restituir derechos de propiedad a las cooperativas referidas, 18 años después de que les fueran despojadas, por los potentados de la tierra. CONGCOOP al solidarizarse con las cooperativas campesinas del Valle de Bajo Aguán, se suma a las peticiones internacionales de justicia para Trejo Cabrera y los más de 50 campesinos asesinados en el marco de un conflicto agrario, en el que en buena medida se dirime, el derecho de los campesinos de Centro América, a la tierra.

 Guatemala, septiembre de 2012

Antonio Mobil, relator de la historia.

Helmer Velásquez

Dividiendo los tiempos de la vida, entre la irrefrenable lucha por materializar utopías, los atajos de la política, esquivar la acechanza criminal de las dictaduras, y el delirio por ordenar letras, construir palabras, frases e historias. El personaje, además, se ha dado el tiempo para encuadernar paginas y “fabricar” libros, ya los propios, ya los ajenos dejando en la tarea los sudores tempestuosos  del creador atormentado por la idea de la perfección. Es esta una vaga y nada justa descripción de los surcos desde los cuales ha cultivado la vida el intelectual guatemalteco Antonio Mobil. Este relator de la historia, con vocación de maestro, sentenció en entrevista para elPeriódico el penúltimo día de agosto: “Sin historia no hay memoria que archivar, y sin eso no hay conciencia”. Esta frase sintetiza la ruta para la construcción del nuevo Estado Nacional. 

Mobil afirma haberse encontrado con los caminos de la Revolución guatemalteca, en la práctica política, del período revolucionario. Esta vena no se le agota aún. Confiesa estar apartado del “destacamento avanzado de la clase obrera”, encontrarse fuera de los partidos políticos de la izquierda nacional. No obstante, firme como militante revolucionario. Así que fiel a la tradición del militante, su reciente tarea ha sido lo que él propone como un legado a la juventud: una interpretación de la historia. Guatemala, el lado oscuro de la Historia es el título que nos sugiere. Es una llamada - –dice- a superar la amnesia y su cauda fatal: la anomia. La interpretación de los hechos, la hace, en palabras de Alvaro Castellanos Howell, de la forma “más apegada a su conciencia”. 

En los derroteros de la vida, cuyos vericuetos no siempre determinamos, he tenido poco contacto personal con “Tono”. Es hasta hace apenas un par de meses que me tocó compartir mesa de trabajo con él, al coincidir en la Comisión Organizadora del Centenario del Nacimiento de Jacobo Árbenz, ocasión en que recibí de su mano otra de sus obras: La Década Revolucionaria 1944-1954. Así que en esta Guatemala esquiva al reconocimiento de sus intelectuales, peor si estos se están inmersos en la primera línea de la “batalla por Guatemala”, tal cual es el caso de Antonio. He dedicado esta columna a reconocer a este hurgador de historia, buscador de oficio, revelador de secretos, artesano traído al mundo para poner los acontecimientos en su justo sitio. 

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http://www.elperiodico.com.gt/es/20120920/opinion/218131/

Se receta un presupuesto lejos de las prioridades.

HELMER VELASQUEZ

Estos patriotas cada día demuestran tener más dura la cara que cualquier otro órgano corporal. Han permitido que algunos ministerios estratégicos puedan gastar nuestra plata, sin que necesariamente tengan disponibles los fondos para hacerlo. El fondo de la artimaña: comprar sin tener con que pagar –pedir fiado en buen chapín–.

Pese a lo gravoso del asunto, los probos burócratas ministeriales, con el aval presidencial, pretenden que en el presupuesto público del año próximo, ministerios como el de Salud, Gobernación, de la Defensa y Desarrollo Social, tengan vía libre para adquirir determinados bienes y servicios sin probar, que cuentan disponibilidad para comprometer erogaciones, lo anterior queda en evidencia, en los contenidos de la iniciativa de Ley de Presupuesto 2013, presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República.

Esta dirigencia patriota, –por ahora– en funciones de administradores del Estado, salió buena. En su primer añito de gobierno, endeudaron al país por alrededor de Q10 millardos, una bicoca, “manejable” como estima el orondo Ministro de Finanzas Públicas tan es así, que esperan endeudar al país –2013– en “apenas”, Q12 millardos. En términos concretos en ese mismo 2013 pagaremos más de Q10 millardos de la deuda acumulada.

Nada, salió como lo predicado en la campaña electoral, –ninguna novedad– para este pueblo que ha hecho de la mentira política, una forma de entretenimiento malsano. Qué cambia ahora, a nuestro juicio: la falsedad política opera abiertamente en contra de la democracia y la no democracia socava el sistema económico. Se está atizando la confrontación, se eleva el número de pobres, crece la cantidad de presos políticos. Aumento de necesidades sociales, saqueo de recursos naturales, la comunidad internacional nos abandona, estamos cerca de romper el hilo.

Mientras todo en derredor se derrumba, la administración del Estado se receta un presupuesto a su imagen y semejanza, gamonal y lejos de las prioridades, predican hambre cero y dejan al Ministerio de Agricultura, –el que fomenta la producción de alimentos–, en “trozos” dos millones de “aumento”, no se cubre ni la inflación anual.

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http://www.elperiodico.com.gt/es/20120913/opinion/217813/

El nivel de atrocidad crispa de horror a la población.

Helmer Velásquez

La estrategia gubernamental de seguridad ciudadana no prueba aún su efectividad; la violencia delictiva mantiene su estadística mortal y el  nivel de atrocidad en la ejecución criminal crispan de horror a la población. La estrategia de seguridad del Estado, sin haber llegado a funcionar,  empieza a hacer aguas. Para complicarla más,  su rostro visible, el ministro López Bonilla,  defenestró su imagen pública al mostrarse en los telenoticieros en cruenta batalla en contra de  adolescentes normalistas,  deterioro superable. Sin embargo, lo que la ciudadanía no acepta es que no se avance en la erradicación del terror criminal.

Una de las razones que menoscaban la seguridad pública es, a nuestro juicio, la orientación de sus prioridades. Y es que, pese a la gravedad de la situación, la seguridad del Estado está  más avocada a reprimir los movimientos sociales que en la lid contra de bandas delincuencias. En todo caso, la delincuencia común opera y golpea a los pobres, a los sectores populares y medios. Su modus operandi es altamente efectivo en los barrios populares. La elite económica y la alta burocracia son inmunes a la rapiña. A partir de ello –ambos sectores– están más preocupados por el rumbo de las inversiones extractivas y monopólicas. La seguridad ciudadana no reviste alta prioridad. Los indicadores son obvios: más y mejores armas y equipo para los militares. Nuevas bases militares. Trescientos ochenta y nueve millones de quetzales más para el presupuesto militar en 2013. Despliegue militar en zonas de conflictividad social, más de 70 órdenes de captura en contra de comuneros que defienden “su tierra y su honor”.  Todo lo anterior en detrimento de la seguridad civil.

Si uno atisba la propuesta de presupuesto 2013 y compara el incremento a la milicia y lo previsto para aumentar al Ministerio de Agricultura, –Q2 millones– en período de desnutrición crónica. La conclusión es obvia se privilegia el gasto en balas y soldadesca, frente a maíz, frijol y empleo campesino. El “lobby empresarial”, por su parte, alienta esta política. Siguen concibiendo represión como solución. No se aprende del pasado. Lo que urge es fomento de la seguridad civil,  empleo, agricultura campesina y crear centros de mediación y resolución de conflictos. 

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