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Seis meses de ¿cambios?:

Balance de las acciones de gobierno

a seguridad ciudadana en entredicho

En la víspera de la toma de posesión, el General Otto Pérez Molina prometía que “en seis meses devolvería la tranquilidad al país”. A seis meses de iniciado su gobierno es fácil confirmar que el plato fuerte de la campaña electoral no ha generado la tranquilidad y seguridad que demandan los pueblos que habitan el territorio nacional.

Es evidente que el clima de inseguridad no ha variado en esencia, y aunque el gobierno afirme que existe una disminución de las tasas de homicidio (17% general y 22% en el caso de las mujeres) en algunos departamentos se han incrementado los actos de violencia y de agresiones contra poblaciones y defensores/as de derechos humanos.

Situación agraria, marcha indígena y campesina y el doble rostro del gobierno

El nuevo gobierno asume el poder con 1,360 conflictos agrarios reconocidos oficialmente como “sin resolver”, un Estado de Alarma –posterior a un Estado de Sitio- en el Petén y las secuelas derivadas de la imposición del Estado de Sitio en el Valle del Polochic.

 

Programas fallidos, clientelares y lentos

El gobierno ha demostrado grandes dificultades para poder arrancar con los programas, prueba de ello han sido las serias complicaciones en la ejecución del programa de fertilizantes desde los procesos de licitación hasta su distribución, que también respondieron a los intereses del partido oficial.

El plan hambre cero contempla atender 166 municipios, en un primer momento 8 municipios a abril 2012 y 33 al mes de junio. Un plan que pretende abordar los determinantes de la desnutrición crónica (estructural) y prevenir y atender el hambre estacional (coyuntural). Cuyo objetivo principal es reducir un 10% la prevalencia de la desnutrición crónica, para el año 2015.

Crisis tributaria, pobre ejecución presupuestaria y recortes a programas sociales

 La Ley de Actualización Tributaria aprobada por el Congreso de la República no soluciona la problemática de las Finanzas Publicas, ya que la brecha entre ingresos y gastos no es cubierta, el presupuesto nacional es pequeño comparado con las necesidades en gasto social que necesita el país, y porque refuerza el sesgo inequitativo de la política fiscal. Además persisten las deficiencias en la gestión del mismo, la falta de instrumentos técnicos para mediar la calidad del gasto y una alta concentración del gasto en la región central del país. 

 

Canasta básica por las nubes y salarios de hambre

En el caso de la Canasta Básica Alimentaría (CBA) al mes de junio 2012 es de Q2,534.00, superior en Q.85.00, con respecto al mes de enero 2012(Q.2,449.00). En lo que respecta a la Canasta Básica Vital (CBV) a dicho mes es de Q4,624.00, aumentando Q154.00 con respecto a enero (Q4,470.00). En ambas situaciones, la compra de los bienes básicos superan el salario mínimo vigente, que es de Q2,318.00 (actividades agrícolas y no agrícolas) y de Q2,151.00 (exportación y maquila). Al comparar la CBA con el salario mínimo agrícola y no agrícola se cubre en un 91.5% y en relación a la CBV apenas cubre un 50%. Con lo cual se demuestra el aumento sostenido del costo de vida de la población guatemalteca.

Incierta reforma política sin agenda legislativa

El sistema político electoral guatemalteco demanda de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por ello es hacia donde deben apuntarse, en primer término, los esfuerzos. La reforma al sistema electoral y político es un paso previo, fundamental, a toda reforma del Estado que implique modificaciones constitucionales.

En síntesis:

A seis meses de toma de posesión del gobierno se observa que su perfil e imagen pública a favor de la seguridad ciudadana, su más importante fuente de legitimidad, constituye uno de los aspectos a partir del cual se puede evaluar su gestión. Tras medio año hay evidencias de que el ofrecimiento de seguridad ciudadana está en duda porque se viene impulsado una serie de acciones que contradicen supuestos logros.

Por otra parte, iniciativas llevadas a cabo por el gobierno central como la reforma fiscal ha sido incapaz de revertir la Política Fiscal vigente y ha puesto en riesgo el financiamiento del Estado para los próximos años. En ese sentido, es preocupante la baja ejecución presupuestaria en carteras tan importantes como la de agricultura, así como en importantes programas sociales, con su correspondiente impacto en los hogares más necesitados del país, enfrentados al creciente incremento del costo de vida.

En este escenario poco alentador, observamos como la clase política representada en el legislativo ha retardado deliberadamente la discusión de muchas iniciativas necesarias para atender algunas de las cuestiones antes mencionadas, en medio de un panorama difuso y poco favorable para la reforma profunda del régimen político vigente. De manera que, nuevamente parece vislumbrarse el viejo dilema de los partidos políticos guatemaltecos: son capaces de ganar procesos electorales, pero incapaces de gobernar.

Guatemala, 13 de julio 2012

 Para mayor información:

Alejandro Aguirre / Boris Cabrera

Coordinador ID/CONGCOOP Coordinador IDEAR/CONGCOOP

Tels. 24310261 y 24320966 Tels. 24310261 y 24320966

Para ver pronunciamiento completo presione el siguiente enlace

 

 

 

La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, e Instituto por la Democracia, ID, participaremos en la Feria Internacional del Libro Guatemala 2012. Los invitamos a visitar el Stand número 3, donde pondremos a su disposición publicaciones, estudios, investigaciones, relacionadas al Desarrollo Rural, Participación Ciudadana y otros temas.

Lugar: Stand 3, Parque de la Industria, zona 9
Fecha: del 20 al 29 de julio de 2012
Hora: de 10:00 A.M. en adelante.

Además, CONGCOOP, y su Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, se complace en invitarle al foro público y presentación del estudio: PRESIONES TERRITORIALES E INSTITUCIONES INDÍGENAS EN TOTONICAPÁN Y ALTA VERAPAZ. (Por Katja Winkler y Fernando Alonzo)

Fecha: 25 de julio de 2012
Hora: 16:00 en adelante
Lugar: Salón Memorial Sololá, IX Feria del Libro -FILGUA-
Parque de la Industria, zona 9

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Semestre en balde

Tras seis meses de gobierno, hay cólera e irritación.

Helmer Velásquez

Llenos de promesas de inicio, los nuevos administradores del Estado han ido evidenciando sus carencias: incapaces de controlar, corrupción y negocios a costillas del erario público, parecen haber decretado puerta libre. Los focos están en donde la voz popular ha señalado y este diario ha documentado: compra de medicinas, obra gris asignada de forma oscura, fondos sociales que efectúan compras festinadas y de escasa calidad –total se trata de productos para los pobres. La atención hospitalaria continúa precaria y sin visos de cambio. No logra este gobierno Pérez enmendar el rumbo. La prioridad –en salud– es evitarse conflictos sindicales y para tal fin se trasladan fondos previamente destinados a combatir desnutrición a sufragar bono salarial. La gestión financiera del Estado sigue recostada en deuda pública, esta que fue tan criticada por los “patriotas” y por el presidente Pérez, con ocasión de los múltiples préstamos promovidos por el gobierno anterior y que lisonjeramente autorizó el Parlamento de la época. Así, por ejemplo, y con más orgullo que vergüenza, la viceministra de Finanzas, María Castro, anunció meses atrás que habíamos colocado US$900 millones en bonos “en muy buenas condiciones” lo cual los hizo muy apreciados por los acreedores. Vaya orgullo licenciada. Ahora se presiona al Legislativo para que apruebe tres nuevos préstamos para financiar el funcionamiento del aparato público. Sin el menor empacho, se pide que cesen interpelaciones y otras artimañas legislativas, no para aprobar leyes de trascendencia nacional ¡No! Es para poder aprobar nueva deuda. Que urge. Así las cosas presidente Pérez en ¿dónde está el cambio? 

En cuerda separada pero igual de penosa. Resulta que los programas para incentivar la producción campesina no inician. El señor ministro, pese al respeto que nos merece, está dedicado a hacer licitaciones, y deja de lado su función principal: crear y dirigir la política pública agropecuaria de este país, debiese estar 20 horas al día diseñando con su equipo las políticas que habrán de librarnos de lo más perverso del cambio climático, ejecutando planes para incrementar la productividad campesina de granos, y así evitar hambrunas. Respecto de la delincuencia, no se perciben las mejoras, pese a la anunciada desarticulación de bandas. Represión popular 10 puntos. Así las cosas, el primer semestre de gestión Pérez está reprobado.

 

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De estadistas… poco

El político de traspatio se enfunda en la legalidad.

Helmer Velásquez

La visión del Estado como instrumento supremo para generar y garantizar bien común, requiere, necesariamente, de administradores y operadores, con desarrolladas habilidades negociadoras, excelsa capacidad de proposición, realización y gestión, se trata de hombres y mujeres, cuya legitimidad no radica en haber ganado una elección popular; mucho menos si esta se obtuvo luego de millonarias inversiones en creación de imagen y acarreo de votantes. El hecho de ganar una elección no es sinónimo de pensamiento político preclaro. El Estadista genera aquiescencia, concita consenso, rehúye de la violencia, articula estrategia y facilita la construcción de futuro. El político de traspatio se enfunda en la legalidad, enfrenta, reprime, impone y se asume legitimado. Ese es nuestro caso.

Pérez Molina consolidó su llegada a la Presidencia al obtener el 54 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta electoral. De un total de siete millones trescientos mil ciudadanos con derecho a voto. Es decir, que –alrededor– de cinco millones de ciudadanos aptos para votar no le otorgaron ningún mandato, de donde podemos colegir que la legitimidad del mandatario, en términos de voto, es relativa. 

Traigo el asunto a colación con ocasión, por los argumentos que sobre su legitimidad esgrimió el Presidente de la nación, para fundamentar la decisión de militarización del país, objetivada en la instalación de bases militares; verbigracia San Juan Sacatepéquez, en donde los vecinos se oponen a la milicia en su municipio y para dirimir la controversia, proponen una democrática consulta ciudadana. Los hechos durante este primer semestre de gobierno, constatan que el país, no es administrado por estadistas. Las puntadas que hasta ahora, habían ayudado a ubicar una imagen de expectativa positiva, por ejemplo: La propuesta sobre la legalización de las drogas, reforma Fiscal y Constitucional, han empezado a empequeñecerse, cuando se les compara con lo cotidiano: represión brutal en Barillas, delincuencia rampante, alta contratación de militares en la administración pública, cierre de archivos de la paz, deuda pública en ascenso, negar el genocidio, cero acciones positivas a favor del campesinado y de cierre, las torpes formas en que se ha manejado la demanda de los estudiantes de magisterio. Lamentable, pero empieza a quedar claro el imperio del sable, la bota y la bayoneta.

 

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Río más 20
La contradicción se expresó en el lobby empresarial transnacional.


Helmer Velásquez 


Las diferencias que a partir de la propia cosmovisión, método y énfasis se tienen para sustentar el proceso de desarrollo humano quedaron expuestas a escala mundial, durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, convocada por Naciones Unidas en Río de Janeiro –junio 2012– más conocida como Río más veinte. 

Sin embargo, a mi juicio y aun con el riesgo de dejar fuera especificidades, la contradicción fundamental se expresó entre el lobby empresarial transnacional aliado a los gobiernos –incluido el de Guatemala– y los movimientos sociales aliados a la representación de pueblos indígenas. Los empresarios y Estados esgrimieron e impusieron el concepto de “economía verde” como base del modelo que reivindican. Este se propone continuar con la explotación de los recursos naturales, “incorporando lo verde” vía de acciones de mitigación de daños, pago correcto de impuestos, y acciones amigables con las comunidades del entorno. El método supondría, depredar acá y pagar por preservar allá. 

Además de poner precio a los bienes ambientales, cobrar por su uso, y llevarlos a la bolsa de valores. Por ejemplo, las emisiones de carbono. El acaparamiento de tierras puede continuar siempre y cuando se garantice la “sostenibilidad” de la explotación, la minería por igual, además de incluir a los agentes privados como garantes del desarrollo.

En paralelo, la Cumbre de los Pueblos, celebrada durante la Cumbre Oficial, da cuenta de la incorporación de los movimientos sociales al debate sobre el modelo de desarrollo y la sostenibilidad, trabajadores, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, ONG, jóvenes, 80 mil personas ocuparon Río para exigir equilibrio entre producción y consumo, derechos ambientales como un derecho humano. Para lograr aquello –dentro de otros asuntos– decretar una moratoria a la minería, garantizar la preservación del agua, los alimentos, autonomía territorial y el derecho vivir en consecuencia con la propia. 

Río no consiguió consenso para sanar las heridas de la Tierra y evitar males mayores. Así el modelo productivo actual salió indemne de la cumbre oficial. Se legitima frente a la opinión pública poco informada. De ahora en adelante todo será verde, sin embargo, el deterioro ambiental continuará. Este es el caso de la “producción verde” de combustibles. Fuerte emisor de gases de efecto invernadero que confisca tierras de tradición campesina y producción alimentaria.

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Crímenes a cielo abierto
La impunidad campea.

Helmer Velásquez

La disputa territorial, que implica a guatemaltecos, empresas transnacionales y Estado, empieza a dejar un saldo de muerte y heroísmo. ¿Nos aproximaremos a otra página de g...uerra sucia? Los crímenes aumentan, la impunidad campea. La sospecha sigue sobre los capitales empresariales transnacionales. La empresarialidad territorial, vinculada a generación de energía, monocultivos y minería, está dando muestras aceleradas de que es capaz de provocar asesinatos –o por lo menos intentarlo–. Algunos hechos: El Estor, Izabal, 2009, se asesina a Adolfo Ich, acción ejecutada por “policías privados” al servicio de la empresa de níquel que se cree propietaria de la tierra en el lugar.

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, “seguridad privada”, actuando por encargo, asesinan a Andrés Francisco Miguel y hieren a dos personas más. El Estado “cumple su papel”. Basado en un vetusto e inequitativo régimen de legalidad somete a jurisdicción penal a la población que defiende agua y tierra. Solamente en San Juan Sacatepéquez, más de 60 comunitarios han sido sindicados. Las acusaciones son tan inverosímiles como: “atentado con armas atómicas”. Esta forma estatal de operar se ha presentado en el gobierno anterior y en el actual, que a juzgar por los hechos acaecidos en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, mantendrá la tendencia.

Ya la historia reciente recoge relatos de conflictividad, que involucran a empresas extractivas, baste traer a cuenta los sucesos de San Ildefonso Ixtahuacán, en el mismo Huehuetenango, 1977, en donde si bien la reivindicación era estrictamente laboral, el litigio terminó “saldándose” con el apoyo del Ejército nacional, que secuestró y desapareció al secretario general del Sindicato de los Trabajadores Mineros, Luis Castillo. Esto sucedió años después de la histórica marcha de aquellos hacia la capital. Fresca estará en la memoria de los guatemaltecos la fuerza social que desencadenó aquella lucha.

Este recuento a zancadas de sangre derramada por héroes sociales, lo escribo aún impávido y colérico por el atentado en contra de la vida de Thelma Yolanda Oquelí Véliz, mujer forjadora de futuro, celadora de los recursos naturales de su entrañable San José del Golfo. No habrá oro en el mundo cuyo valor pague la sangre de los héroes y heroínas de la patria. Tampoco existe mineral alguno que lave la conciencia de los asesinos. Cobarde escoria malinchista.

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http://www.elperiodico.com.gt/es/20120621/opinion/213923/