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 DERECHO DE RESPUESTA:

Respecto de la publicación hecha en página 25 de elPeriódico de 22 de mayo de 2013, signada por CONGCOOP, la Corte de Constitucionalidad responde:
La Corte de Constitucionalidad, como supremo intérprete de la Constitución Política de la República, sustenta sus decisiones apegada estrictamente a Derecho, y no polemiza respecto de su contenido. De manera que ratifica el marco jurídico-constitucional del auto de 20 de mayo de 2013, dictado en el Expediente de Ocurso en Queja 1904-2013, contenido en el considerando primero, en el que asentó:
A) El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en territorio de la República. Como consecuencia de esta norma de orden supremo, la Constitución Política de la República dispone que los funcionarios sólo son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El Estado Constitucional de Derecho se hace operativo por medio de los órganos competentes delegatarios de la soberanía nacional. Esta Corte tiene como fin esencial la defensa del orden constitucional: de esa manera, las resoluciones que emite, tanto originarias como confirmatorias de las de otros tribunales constitucionales, "vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos˝. De no ser acatadas, la ruptura del orden constitucional sería tolerada por ella misma, por lo que su ley reguladora prevé mandamientos de ejecución de resoluciones sustentadas en la ley constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

B) 
El debido proceso contenido en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como derecho y garantía, tiene entre sus variables -todas importantes- asegurar que un proceso penal se desarrolle ante un tribunal competente, independiente e imparcial, en particular cuando se han dado manifestaciones que ponen en duda la posibilidad de que la objetividad y la igualdad prevalezcan en un juicio, por lo que el amparo constitucional debe cumplir sus fines preventivos y reparadores.

 

"Cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor˝ Gustavo Radbruch
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD                                        CAMPO PAGADO

Derecho de_Respuesta_

 

 

Licenciada Zully Morales, investigadora del Instituto por la Democracia -ID- de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, Pluma invitada en la sección Editorial de Prensa Libre de la Edición del domingo 26 de mayo de 2013

Guatemala se encuentra propensa a una nueva crisis alimentaria.

Erradicar un mal
No estamos conformes, pretendemos más, y eso expone un flanco al ataque de la oposición
EL HAMBRE AFECTA PRINCIPALMENTE a las personas en las áreas rurales, pre- dominantemente indígenas, adonde el Estado no llega ni con asistencia ali- mentaria, mucho menos para fortalecer las capacidades productivas, sean estas técnicas o financieras. Hambre Cero es el pacto cuyo objetivo es reducir la desnutrición y revertir esta situación; sin embargo, luego de 12 meses de ope- raciones los resultados son desalenta- dores. Por ejemplo, La Ventana de los Mil Días, cuyo enfoque es la salud pri- maria y preventiva, únicamente
lleva invertido el 16 por ciento de su presupuesto. Por aparte, el período crítico de Hambre Es- tacional está presente —mayo a agosto— ¿y qué ha hecho Ham- bre Cero para prevenir sus efec- tos?, muy pero muy poco.
No hay inversión en las y los pequeños productores, no tienen asistencia técnica, el crédito no ha llegado, las semillas mejoradas están au- sentes, mucho menos facilidades para ac- ceso a tierra, no hay proyectos para la poscosecha: almacenamiento de alimen- tos, mercado seguro y estable. En con- clusión, las y los pequeños productores siguen abandonados. Ello significa, en tér- minos reales, que no se incrementará la producción alimentaria para el autocon- sumo, mucho menos para el mercado, lo cual contribuye al incremento de la des- nutrición. Guatemala se encuentra enton-
ces como en años anteriores, propensa a una nueva crisis alimentaria. Otro signo de desesperanza es la escasa ejecución pre- supuestaria de los distintos ministerios, factor clave para el éxito del Pacto. Esta situación evidencia la falta de voluntad política para el trabajo interministerial.
Más grave aún es la debilidad recu- rrente de las instituciones públicas, lo que en otras cuestiones provoca su escasa presencia en el campo, esta situación es particularmente aguda en el caso del Mi- nisterio de Agricultura, cuyos insuficientes
recursos se concentran en la ca- pital; por su parte, el Ministerio de Salud en permanente déficit, no tiene capacidad de atención en las comunidades donde la des- nutrición es recurrente.
Este descalabro institucional se expresa abiertamente en que tanto ministerios como secre- tarías en su conjunto han eje- cutado al mes de mayo única-
mente el 23 por ciento del total de re- cursos asignados a seguridad alimentaria. La situación anterior es inaceptable tra- tándose Guatemala de un país rico en diversidad y productividad de alimentos con todas las condiciones necesarias para autoabastecerse. De mantenerse esta si- tuación, la meta de reducción de la des- nutrición crónica en cuatro años es una ilusión de la cual las y los perdedores serán la niñez rural guatemalteca.
Analista de la Coordinación de ONG y Cooperativas

Para consultar edición digital de Prensa Libre presione el siguiente enlace:

http://www.prensalibre.com/opinion/Hambre_0_926307415.html

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Un verdadero catálogo de ilícitos penales.

Helmer Velásques

Bajo una caterva de sindicaciones extravagantes y festinadas; vea usted: “amenazas, allanamiento, secuestro, detención ilegal, incitación para delinquir, terrorismo, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación”. ¡Un verdadero catálogo de ilícitos penales! Todos tipificados a pedido de intereses empresariales foráneos, que bajo la denominación de Hidro Santa Cruz buscan expoliar recursos hídricos propiedad de la nación y los q’anjob’ales de Barillas, Huehuetenango. El viejo río Qan’Bala’m, es tomado de rehén para forzarle a generar energía de la cual ni Barillas, ni Huehuetenango se beneficiarán. 

Para asegurar las resultas del “secuestro” hídrico se asesinó al dirigente comunitario Andrés Francisco Miguel –según sospecha el Ministerio Público– por pistoleros al servicio de los hispánicos capitales. El gobierno enfrentó la “agresión” comunitaria contra empresa y Ejército capturando a 22 hombres y mujeres de aquellos tranquilos parajes sindicándoles de ser avezados terroristas, que con armas tan letales como: mente, corazón y brazo, desafían a la autoridad y ahuyentan la inversión extranjera. La tensión permanece y la población rechazó, incluso, la oferta dineraria que la empresa hizo a la Municipalidad del lugar por considerar que el agua –su agua– no está en venta. El Ministro del Interior, desde su concepción racista de la sociedad, está convencido que los campesinos indígenas no “actúan solos”, concluye sesudamente que  son manipulados y en tanto aquello toma la decisión de individualizar responsabilidades, no le importa contra quién, necesita un chivo expiatorio.

Es así como viene a escena un huehueteco de pura cepa y cuyo ombligo yace en San Pedro Necta. Así de facto se sindica al ambientalista Rubén Herrera de ser el artífice de la “operación Barillas”. Una acusación fuera de lugar. Conocí a Rubén en los años de estudios universitarios, estudiante carismático de inobjetable sensibilidad social y profundamente preocupado por el deterioro ambiental de “Huehue”. Un desinteresado defensor de la naturaleza, formador de formadores. Celador de los Cuchumatanes. Este personaje alejado de abstracciones, promueve de día en día la protección de los bienes naturales. Así que la seguridad del Estado se equivoca. Lo cual no es extraño ni será –lamentablemente– la última. Corresponde entonces a la judicatura enmendar el yerro. En estos tiempos de extractivismo desmesurado resulta fácil para los depredadores ambientales, penalizar la defensa del agua y el bosque. Sin embargo, los Honorables Jueces sabrán sopesar los aportes de Rubén Herrera a nuestra sociedad y como justo es, ordenarán su inmediata libertad.

 

Para ver la edicón digital de ElPeriódico presione el siguiente link:

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130523/opinion/228668/


 

Culumna de_Helmer

 

 

 

 

La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, señala como una actitud desleal a la democracia, la legalidad, y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno la anulación de la sentencia de Efraín Ríos Montt. Es esta una burda maniobra jurídica cuya pretensión final es exculpar al ex jefe de Estado por las masacres cometidas durante su periodo gubernamental.

Si bien se trata de un fallo esperado dada la influencia política y económica que opera sobre la Corte de Constitucionalidad, nada justifica esta acción que como dijimos lesiona el proceso de paz, los derechos humanos y es una ofensa a las víctimas y a la inteligencia del pueblo guatemalteco. Guatemala, mayo de 2013

Comunicado Enero-Abril2013Infraestructura

 

Discurso de Helmer Velásquez, Director Ejecutivo de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, en la inauguración del Foro Global de la Tierra 2013.

Para observar el video en youtube presione el siguiente enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=JVRZDGLS1wo

discurso Helmer_ILC

 

"Gobernanza territorial inclusiva y sostenible para la seguridad alimentaria: Compartiendo lecciones de todo el mundo", Antigua, Guatemala

Nosotros, miembros de la ILC, nos hemos reunido en nuestra Asamblea de Miembros el 25 de abril de 2013, después de la celebración del Foro Global de la Tierra en Antigua, Guatemala, en el que participaron 273 miembros e invitados de 47 países de América Latina y el Caribe, América del Norte, África, Asia y Europa. Representamos a agricultoras y agricultores, pastores, pueblos indígenas, jóvenes y organizaciones de mujeres, así como también organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas y centros de investigación, sindicatos e instituciones multilaterales. Nos une un objetivo común: promover el acceso seguro y equitativo a la tierra, y su control, de mujeres y hombres que viven en la pobreza.

Los derechos a la tierra son fundamentales para ocuparse de los retos comunes de la humanidad, incluyendo la superación de la pobreza y el hambre, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la reversión de la desertificación y la degradación de la tierra, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la paz.

Reconocemos el creciente consenso internacional sobre la gobernanza de la tierra que incluye los derechos colectivos y respeta las visiones territoriales del desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, así como también el papel decisivo de las y los pequeños productores y de la agricultura familiar en los sistemas de producción de alimentos actuales y futuros para lograr la seguridad alimentaria para todos. Aplaudimos los logros de los Pueblos Indígenas en la obtención del reconocimiento internacional a sus derechos específicos inherentes. Reconocemos el importante papel que desempeñan las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (VGGT por sus siglas en inglés) y el Marco y Directrices de Política de Tierras de África (ALPFG) en la ampliación de este consenso.

Sin embargo, nos preocupa la brecha entre las aspiraciones y la realidad. Las economías agrarias son afectadas profundamente por intereses corporativos y de otro tipo externos a los territorios locales, que asumen el control de la tierra, de los recursos productivos y de las cadenas de valor de los alimentos, alienando a los usuarios de la tierra de su medio ambiente, y que representan grandes riesgos de marginar a las y los pequeños productores y a la agricultura familiar. Observamos que los crecientes niveles de acaparamiento de tierras y de concentración de la tierra están incrustados en decisiones políticas y económicas más amplias, incluyendo marcos de inversión mal regulados y una pobre gobernanza que no responden a las necesidades de las comunidades rurales, socavan los procesos democráticos, crean ambientes poco sanos y sociedades desiguales, y perpetúan la pobreza y el hambre.

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