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Es sentencia, no fantasma soviético. Helmer Velásquez Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas. Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada. Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso. Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista. Para consultar edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/
Es sentencia, no fantasma soviético. Helmer Velásquez Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas. Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada. Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso. Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista. Para consultar edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/
Es sentencia, no fantasma soviético. Helmer Velásquez Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas. Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada. Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso. Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista. Para consultar edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/

 

Roger Antonio Baldizón Morales, Abril de 2013

Actualmente las grandes potencias hegemónicas están reconfigurando su posición económica y geopolítica por medio de la conformación de grandes bloques económicos, proceso que se ha venido desarrollando y consolidando en las últimas décadas. El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, AdA CA-UE, es un ejemplo de la estrategia global de expansión comercial por parte de Europa. Este se compone de tres pilares: diálogo político, el de cooperación y el comercial (este último conlleva a la creación de una Zona de Libre Comercio entre las dos regiones). Acerca del tema, se han realizado una cantidad significativa de estudios e investigaciones para tratar de estimar los posibles efectos de este nuevo “Tratado de Libre Comercio” sobre Centroamérica a nivel macroeconómico, así como los que abordan los temas del diálogo político y cooperación entre las dos regiones; muy pocos han abordado el tema comercial. Así mismo, es aún más reducida la literatura sobre los posibles efectos del Acuerdo de Asociación sobre la caficultura campesina en Guatemala.

Así de esta manera surge la idea de elaborar el presente estudio con el objeto de analizar un poco más de cerca las posibilidades que tienen las pequeñas y pequeños agricultores del Departamento de Sololá que producen y comercializan café de denominación de origen Atitlán, así como las organizaciones que los agrupan, para enfrentar los desafíos comerciales del AdA CA-UE, con base en un análisis de cadenas de valor y un estudio de caso en Sololá, con el fin de dar evidencia empírica a las afirmaciones sobre los pros y contras de este Acuerdo comercial con la Unión Europea, y además mejorar la toma de decisiones productivas y comerciales de las organizaciones de pequeños caficultores, en el sentido de buscar un adecuado balance entre la comercialización interna y externa de café con mayor valor agregado el cual fortalezca la autosostenibilidad de los modelos de desarrollo de las organizaciones en el territorio.

Así mismo se analizan, los aspectos arancelarios, laborales, ambientales y sensibles del Acuerdo, así como las perspectivas productivas y comerciales del sector caficultor frente a los bajos precios actuales del grano, tomando en cuenta que el AdA CA-UE se firma en un contexto de una fuerte crisis económica en la Unión Europea.

Para descargar el documento pdf completo presione el siguiente enlace: 

portada roger_cafe

 

Sentencia condenatoria contra Ríos Montt: un paso en la lucha contra la impunidad
La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, saluda la sentencia condenatoria emitida en contra del general Efraín Ríos Montt , a 80 años de prisión pues consideramos un paso enorme en la lucha contra la impunidad.
Es oportuno el fallo para iniciar el resarcimiento del Estado a las víctimas del genocidio ocurrido en el país, particularmente en contra de la población Ixil. Valoramos la valentía del tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, por haber afrontado con firmeza los retos y contratiempos que generó el debate.
Esta sentencia condenatoria dignifica a las víctimas del conflicto armado interno la cual esperamos marque el inicio del juzgamiento de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad en Guatemala.
Guatemala 10 de mayo de 2013.0a CONGCOOP_SENTENCIA_RIOS_MONTT_10052013

 

El ilícito se tutela desde los cuarteles.

Helmer Velásquez

El Gobierno está decidido a empeñar su capital político a cambio de “los denarios” de la industria extractiva, particularmente mineral y energética, para el efecto utiliza su principal fortaleza: reprimir la protesta social; echemos un vistazo: en 12 meses cuatro municipios han sido declarados en Estado de Sitio y se han militarizado zonas periféricas. En todos los casos, la justificación está basada en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico; sin embargo, cuando se contabilizan los resultados, los únicos “capos” detenidos resultan ser dirigentes comunitarios. Santa Rosa es emblemático, –aquí– la empresa a cargo del proyecto minero El Escobal, a través de su guardia de seguridad hostiga a los parroquianos. Aunque la acción militar se dirige en contra de los dirigentes del Parlamento Xinca. Los representantes de las víctimas del genocidio ambiental, se transforman en victimarios.

Lo de San Rafael las Flores y aledaños, no solo indigna por la naturaleza misma de la acción: suspender las garantías y derechos constitucionales, sino por lo confuso, demagógico y mentiroso de la justificación de la acción. Tan chusca ha sido esta, que los oficiales a cargo de la “seguridad” estatal han ido modificando la misma, se han contradicho entre ellos, y generalmente se muestran haciendo gala de un cinismo –ya– crónico que riñe con la ética política. Por qué se niega lo obvio, ¿aún les preocupa el qué dirán?, no lo creo. Estamos frente a una declarada persecución sobre la dirigencia comunitaria para defender los dividendos de la nociva industria minera en la zona. Es decir, espurios intereses dinerarios. ¿A quién cree el Gobierno que engaña? Mejor haría en explicar a la ciudadanía, por qué no persigue con el mismo ahínco la tala ilegal de bosques, el saqueo arqueológico, el tránsito ilícito de drogas, la extorsión, el lavado de dinero. O es que con estas “industrias” existe colusión, y la sospecha popular es una realidad: desde los cuarteles se tutelan ilícitos macro.

Gobernar con Estado de Sitio es “hacer política” de cuartelazo, imponer voluntades de bayoneta y bota y no es que no comprendamos la vieja alianza entre milicia y capital, es solamente que lo pensábamos tiempos idos, pero no es así, la diferencia con el “antes” es que ahora se aplican focalizados, igual que los programas sociales. Lejos del bullicio citadino, cercando montañeses o asentamientos populares, sin despertar a los de clase media, total estos prefieren dejar hacer, una vez no se metan con ellos. La democracia en este país continúa de luto. 

Para consultar la edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://www.elperiodico.com.gt/es/20130509/opinion/228014/

columna helmer_09052013