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Un verdadero catálogo de ilícitos penales.

Helmer Velásques

Bajo una caterva de sindicaciones extravagantes y festinadas; vea usted: “amenazas, allanamiento, secuestro, detención ilegal, incitación para delinquir, terrorismo, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación”. ¡Un verdadero catálogo de ilícitos penales! Todos tipificados a pedido de intereses empresariales foráneos, que bajo la denominación de Hidro Santa Cruz buscan expoliar recursos hídricos propiedad de la nación y los q’anjob’ales de Barillas, Huehuetenango. El viejo río Qan’Bala’m, es tomado de rehén para forzarle a generar energía de la cual ni Barillas, ni Huehuetenango se beneficiarán. 

Para asegurar las resultas del “secuestro” hídrico se asesinó al dirigente comunitario Andrés Francisco Miguel –según sospecha el Ministerio Público– por pistoleros al servicio de los hispánicos capitales. El gobierno enfrentó la “agresión” comunitaria contra empresa y Ejército capturando a 22 hombres y mujeres de aquellos tranquilos parajes sindicándoles de ser avezados terroristas, que con armas tan letales como: mente, corazón y brazo, desafían a la autoridad y ahuyentan la inversión extranjera. La tensión permanece y la población rechazó, incluso, la oferta dineraria que la empresa hizo a la Municipalidad del lugar por considerar que el agua –su agua– no está en venta. El Ministro del Interior, desde su concepción racista de la sociedad, está convencido que los campesinos indígenas no “actúan solos”, concluye sesudamente que  son manipulados y en tanto aquello toma la decisión de individualizar responsabilidades, no le importa contra quién, necesita un chivo expiatorio.

Es así como viene a escena un huehueteco de pura cepa y cuyo ombligo yace en San Pedro Necta. Así de facto se sindica al ambientalista Rubén Herrera de ser el artífice de la “operación Barillas”. Una acusación fuera de lugar. Conocí a Rubén en los años de estudios universitarios, estudiante carismático de inobjetable sensibilidad social y profundamente preocupado por el deterioro ambiental de “Huehue”. Un desinteresado defensor de la naturaleza, formador de formadores. Celador de los Cuchumatanes. Este personaje alejado de abstracciones, promueve de día en día la protección de los bienes naturales. Así que la seguridad del Estado se equivoca. Lo cual no es extraño ni será –lamentablemente– la última. Corresponde entonces a la judicatura enmendar el yerro. En estos tiempos de extractivismo desmesurado resulta fácil para los depredadores ambientales, penalizar la defensa del agua y el bosque. Sin embargo, los Honorables Jueces sabrán sopesar los aportes de Rubén Herrera a nuestra sociedad y como justo es, ordenarán su inmediata libertad.

 

Para ver la edicón digital de ElPeriódico presione el siguiente link:

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130523/opinion/228668/


 

Culumna de_Helmer

 

 

 

 

La Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, señala como una actitud desleal a la democracia, la legalidad, y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno la anulación de la sentencia de Efraín Ríos Montt. Es esta una burda maniobra jurídica cuya pretensión final es exculpar al ex jefe de Estado por las masacres cometidas durante su periodo gubernamental.

Si bien se trata de un fallo esperado dada la influencia política y económica que opera sobre la Corte de Constitucionalidad, nada justifica esta acción que como dijimos lesiona el proceso de paz, los derechos humanos y es una ofensa a las víctimas y a la inteligencia del pueblo guatemalteco. Guatemala, mayo de 2013

Comunicado Enero-Abril2013Infraestructura

 

Discurso de Helmer Velásquez, Director Ejecutivo de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, en la inauguración del Foro Global de la Tierra 2013.

Para observar el video en youtube presione el siguiente enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=JVRZDGLS1wo

discurso Helmer_ILC

 

"Gobernanza territorial inclusiva y sostenible para la seguridad alimentaria: Compartiendo lecciones de todo el mundo", Antigua, Guatemala

Nosotros, miembros de la ILC, nos hemos reunido en nuestra Asamblea de Miembros el 25 de abril de 2013, después de la celebración del Foro Global de la Tierra en Antigua, Guatemala, en el que participaron 273 miembros e invitados de 47 países de América Latina y el Caribe, América del Norte, África, Asia y Europa. Representamos a agricultoras y agricultores, pastores, pueblos indígenas, jóvenes y organizaciones de mujeres, así como también organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas y centros de investigación, sindicatos e instituciones multilaterales. Nos une un objetivo común: promover el acceso seguro y equitativo a la tierra, y su control, de mujeres y hombres que viven en la pobreza.

Los derechos a la tierra son fundamentales para ocuparse de los retos comunes de la humanidad, incluyendo la superación de la pobreza y el hambre, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la reversión de la desertificación y la degradación de la tierra, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la paz.

Reconocemos el creciente consenso internacional sobre la gobernanza de la tierra que incluye los derechos colectivos y respeta las visiones territoriales del desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, así como también el papel decisivo de las y los pequeños productores y de la agricultura familiar en los sistemas de producción de alimentos actuales y futuros para lograr la seguridad alimentaria para todos. Aplaudimos los logros de los Pueblos Indígenas en la obtención del reconocimiento internacional a sus derechos específicos inherentes. Reconocemos el importante papel que desempeñan las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (VGGT por sus siglas en inglés) y el Marco y Directrices de Política de Tierras de África (ALPFG) en la ampliación de este consenso.

Sin embargo, nos preocupa la brecha entre las aspiraciones y la realidad. Las economías agrarias son afectadas profundamente por intereses corporativos y de otro tipo externos a los territorios locales, que asumen el control de la tierra, de los recursos productivos y de las cadenas de valor de los alimentos, alienando a los usuarios de la tierra de su medio ambiente, y que representan grandes riesgos de marginar a las y los pequeños productores y a la agricultura familiar. Observamos que los crecientes niveles de acaparamiento de tierras y de concentración de la tierra están incrustados en decisiones políticas y económicas más amplias, incluyendo marcos de inversión mal regulados y una pobre gobernanza que no responden a las necesidades de las comunidades rurales, socavan los procesos democráticos, crean ambientes poco sanos y sociedades desiguales, y perpetúan la pobreza y el hambre.

Para descargar archivo pdf completo presione el siguiente enlace:

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Es sentencia, no fantasma soviético. Helmer Velásquez Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas. Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada. Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso. Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista. Para consultar edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/
Es sentencia, no fantasma soviético. Helmer Velásquez Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas. Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada. Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso. Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista. Para consultar edición digital de El Periódico presione el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/