28 Abril 2013
Conflictos agrarios, energéticos y extractivos
Departamentos de Alta Verapaz, Quiché y San Marcos.
PRólOGO
En marzo de 2013 se cumplirán dos años de los desalojos violentos perpetrados por elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército de Guatemala, conducidos por los propietarios del ingenio Chabil Utzaj, en contra de 14 comunidades q’eqchi’es en el Valle del Polochic, Guatemala.
Dos años es mucho tiempo para 769 familias que quedaron a la vera del camino con niños y bebés en brazos, posando donde familiares y vecinos, sin po- sibilidades de encontrar trabajo, sobreviviendo en condiciones cada vez más precarias, sufriendo miedo e inseguridad.
En junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de estas comunidades, exigiendo al Estado guatemal- teco que garantice la seguridad e integridad física de las personas desalojadas, su alimentación y albergue, e investigue las causas de fondo que dieron origen a la situación vivida. Estas medidas cautelares, hasta la fecha, se han traducido en apenas cuatro bolsas de alimentos que alcanzan cada una solo para dos o tres días, según sea el tamaño de la familia.
En marzo de 2012, campesinos e indígenas, muje- res y hombres se pusieron en marcha recorriendo a pie 200 kilómetros desde Alta Verapaz hasta Ciudad de Guatemala. Solo después de evidenciar la urgen- cia de sus demandas con este enorme sacrificio, las comunidades del Polochic fueron escuchadas por el actual Gobierno y el presidente Pérez Molina perso- nalmente se comprometió a adquirir tierras para el reasentamiento de las primeras 300 familias desalo- jadas antes de que finalizara 2012.
Pero el año 2012 concluyó sin ningún resultado que alivie la desesperada situación de las comunida- des desalojadas. La institución gubernamental encar- gada de aportar la solución definitiva es ahora clau- surada con gravísimos señalamientos de corrupción. Las comunidades del Valle del Polochic, originarias de ese pedazo del territorio q’eqchi’, descendientes de sus posesionarios ancestrales e históricamente despojadas desde 1888 cuando se creó la propiedad privada sobre esas tierras, se sienten engañadas y
discriminadas una vez más y no cesan en repetir que continuarán luchando por la tierra para vivir una vida digna.
Al hacer el recuento de los sufrimientos de esta población despojada, pero también del engaño, el racismo y el abandono por parte del Estado guate- malteco a lo largo de estos dos años desde que ocu- rrieron los desalojos, queremos resaltar el valor del Informe sobre Guatemala que nos ofrece el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibi- lidad de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con Educación para la Acción Crítica.
El trabajo dedicado y minucioso de visitar la zona del conflicto y recabar toda la información pertinen- te, recoger extensas y numerosas entrevistas de los diferentes actores involucrados y realizar los respec- tivos análisis de los casos de los desalojos del Valle del Polochic, así como de la explotación de oro en la mina Marlin en el occidental departamento de San Marcos, a la luz de la legislación nacional pero tam- bién de los instrumentos internacionales con que la Humanidad se ha dotado para garantizar los dere- chos fundamentales de los pueblos y las personas, es una acto de humanidad y de responsabilidad aca- démica.
Saludamos la publicación de sus resultados y la acogemos como una valiosa e importante contribu- ción a la búsqueda de la justicia en Guatemala para las comunidades indígenas que defienden su tierra y su territorio, y a su derecho a vivir en dignidad con- forme a su cultura y sus valores.
Laura Hurtado Paz y Paz Socióloga
Guatemala, enero de 2013
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