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El Instituto por la Democracia (ID) considera que las autoridades que han ocupado altos puestos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se han encargado de drenar los recursos de la institución, algo que pudiera ser resuelto si se tomaran medidas de transparencia y fiscalización.

Según lo indicó Alejandro Aguirre, coordinador del ID, la corrupción y malos manejos que se han dado constantemente en el Seguro Social han ayudado a que este se encuentre en ese estado. “Eso tiene que ver con la politización misma, con la poca eficiencia y con la poca transparencia que se ha manejado”, detalló Aguirre.

Por ello se hace necesario tomar medidas administrativas y financieras que transparenten el accionar mismo del IGSS, iniciando con las compras de medicamentos para evitar ese tipo de fenómeno que ha atacado constantemente a la institución, dijo el coordinador. De acuerdo con el ID, el presupuesto vigente del IGSS es de Q16.3 millardos con un nivel de ejecución, en siete meses, del 35.22 por ciento. El ID señala que de privatizar el Seguro Social las personas que viven en pobreza serían las más perjudicadas, ya que en el país, 6 de 10 viven en esas condiciones.

http://lahora.gt/fallos-del-igss-se-corrigen-transparencia-fiscalizacion/

 

La hora_IGSS-congcoop_11082016

Amigas y Amigos:

Queremos compartir con ustedes la columna publicada el día hoy en ElPeriódico, bajo el título "Solos en un isla encantadaElite empresarial aislada socialmente. Escrita por el  Director Ejecutivo de CONGCOOP, Helmer Velásquez.

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La seguridad social es entendida y aceptada como el derecho que le asiste a toda persona a acceder a mecanismos de protección para satisfacer estados de necesidad; se concibe al Estado como el principal promotor. En nuestro caso, el IGSS es un solitario exponente de la seguridad social de aplicación general, sin privilegios, sustentado en el principio de SOLIDARIDAD.

En el 2016,  el IGSS cuenta con un presupuesto vigente de Q16.3 millardos, con un nivel de ejecución al 31 de julio de 35.22%, realmente baja después de siete meses, es importante destacar que el programa EMA (Enfermedad, Maternidad y Accidentes), cuenta con un presupuesto vigente de Q11.3 millardos, con un ritmo de ejecución del 28.02%, pírrico si tomamos en cuenta los  meses que ya transcurrieron, lo que evidencia la falta de atención en salud a afiliados/as. Igualmente, importante es mencionar el Programa PRECAPI, cuenta con una ejecución de apenas el 0.15%. Otro programa relevante es el de Inversión y Desarrollo Institucional EMA (Ampliaciones, construcciones de hospitales, entre otros), con 11.5% de ejecución de Q213.8 millones, evidencia la poca prioridad en cuento a ampliar la cobertura de atención en salud.

 

Por otro lado, es fundamental indicar que datos recientes del IGSS evidencian las deudas que no le han pagado, entre ellas: Q32.9 millardos por parte del Estado (como Estado y como patrono), el Sector Privado Empresarial Q771 millones, las Municipalidades Q547 millones. Es de mencionar que el Estado guatemalteco sigue incumpliendo con el artículo 100 constitucional.   

 

También es relevante mencionar, que ante la posibilidad de reformar la Ley del seguro social, que  amenaza con la  privatización del  IGSS,  consideramos que si hay fuertes debilidades en cuanto a la atención en salud, desabastecimiento de medicamentos,  montos de jubilaciones/pensiones bajas; si se hace efectiva la privatización las personas que viven en pobreza serían las más perjudicadas, imperativo mencionar que 6 de 10 guatemaltecos/as viven en dichas condiciones. Hay que recordar que el IGSS es el único compensador social que existe.

 

Es evidente que actualmente  el Sector Privado Empresarial, como históricamente ha pretendido, lo que busca es “agenciarse” del portafolio de inversiones (reservas) con que cuenta el IGSS que ascienden a  Q25.4 millardos al cierre del 2015.

 

Consideramos que en el IGSS, es necesario   avanzar en solucionar  la problemática administrativa, financiera y de politización.  A partir de impulsar  un verdadero modelo de  sistema de seguridad social, para que cumpla con su papel de  compensador social, para ello no es necesario reformar su Ley, ni mucho menos privatizarlo. Además, que especialmente el Estado, Sector Privado Empresarial y las Municipalidades puedan pagar lo adeudado. 

 

Guatemala, 11 de agosto 2016 

Alejandro igss_11082016

  

 

En un ejercicio democrático representantes de organizaciones sociales tales como la Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-, entregaron al presidente Jimmy Morales, el proyecto de nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, destinado a atender el clamor popular. En representación de -CONGCOOP- asistió el director Ejecutivo, Helmer Velásquez. (Foto Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República)

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-Solamente se destinan Q139.5 millones dentro del Presupuesto Nacional para enfrentar los impactos del Cambio Climático, y Q112.5 millones a través de la cooperación externa.

-A casi tres años de vigencia de la Ley sobre el Cambio Climático, no se ha constituido el Fondo Nacional de Cambio Climático.

Según lo que establece la Ley marco referente al Cambio Climático (artículo 26), -todas las instituciones públicas que tengan funciones asignadas en dicha ley deberán asignar dentro de su presupuesto los recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas-. Al realizar un análisis de la ejecución de los presupuestos de las diferentes instituciones (9 en total), que debieron destinar recursos para el tema del cambio climático, y tomando como base las informaciones proporcionadas, pudimos establecer lo siguiente:

Al 31 de julio/16, se han destinado (presupuesto vigente) Q139.5 millones, principalmente en los ministerios de Ambiente (Q13.9 Millones), MAGA (Q96.5 millones), Insivumeh (Q8.1 millones), con una ejecución del 43.39% del total. Es importante mencionar que en los siete meses observados, ha habido recortes importantes como: Q12.8 millones en el MARN, Q27.3 millones en el MAGA.

En cuanto, a los proyectos financiados por la cooperación externa, suman al corte, Q112.5 millones, se ejecutan en el MARN, si los incrementamos al presupuesto vigente (Q139.5 millones) son Q.252.0 millones, de los cuales la cooperación cubre un porcentaje importante.

Dentro de las instituciones observadas, se pudo establecer que solamente 9 trabajadores/as están asignadas al tema del cambio climático.

A la vez se visualiza que lo destinado para el cambio climático dentro de presupuesto nacional representa el 0.20% del mismo, porcentaje realimente “insignificante”, comparado con el PIB constituye el 0.03%. Indudablemente, con dichos recursos no es posible cumplir con el objetivo de la ley marco que indica “Establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en el país”, igualmente avanzar en el cumplimiento del objetivo 13 de los ODS (Adoptando medidas urgentes para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones ante el cambio climático y combatir sus causas), que en los numerales 13.1(Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales) y 13.2 (Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales). Igualmente es fundamental indicar que Guatemala es uno de los ocho países más vulnerables ante el fenómeno del cambio climático en el mundo.

Por otro lado, es fundamental mencionar que a la fecha el Fondo Nacional de Cambio Climático, cuyo objetivo es financiar planes, programas y proyectos de gestión de riesgo, reducción de la vulnerabilidad, entre otros; después de casi tres años de vigencia de la Ley no se ha implementado, el cual es clave para hacerle frente al cambio climático. En ese mismo sentido es fundamental aplicar los principios rectores de la Ley Marco, especialmente el de In dubio, Pro Natura, “que obliga ante la duda que una acción o omisión pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, las decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos”, y el Principio de Precaución, “para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.”

Por último, hacer mención que las desigualdades, la pobreza, la discriminación de género, etnia y la falta de una institucionalidad sólida, provocadas por un modelo de acumulación devastador a nivel global y nacional, aumentan aún más la vulnerabilidad ante los peligros climáticos.

Guatemala, 5 de agosto 2016

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 Amigas y Amigos:

Queremos compartir con ustedes la columna publicada el día hoy en ElPeriódico, bajo el título "Un contralor moralmente muertoInhabilitado para la lucha anticorrupción. Escrita por el  Director Ejecutivo, Helmer Velásquez.

Helmer 04082016