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09 Agosto 2018
Les compartimos la columna del director ejecutivo de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, licenciado Helmer Velásquez y publicada hoy en El Periódico. Para ver el artículo digital presione el siguiente enlace:
https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/08/09/energuate-enemigo-publico/
Si nos guiamos por noticias de prensa o comentarios campiranos, no hay empresa más metida en disputas comunitarias y municipales que Energuate, ya porque sindica a comunitarios y/o dirigentes campesinos de “robarle” energía, cuestión que luego no puede probar en juicio. Tomo acá como referencia la sindicación a Mauro Vay directivo de Codeca que luego de encarcelársele y someterle a juicio penal se le declara inocente, sin siquiera pedirle una disculpa o, por dejar sin energía pueblos y ciudades enteras por falta de pago o supuestas conexiones ilegales en la jurisdicción. De aquellas acciones empresariales, ha derivado un amplio menú de sucesos, que involucran a la Administración del Estado, sus fuerzas represoras y hombres y mujeres comunitarios. Más de mil protestas comunitarias –reporta Prensa Libres– tienen a esta empresa como fuente del conflicto.
La Superintendencia de Administración Tributaria, en dos mil dieciséis, tuvo entre sus deudores a Energuate por omisos fiscales, de sus distribuidoras Deorsa y Deocsa. Así que, con tanto rechazo comunitario, solo la excesiva ganancia, explica, que la empresa mantenga operaciones. Para el gobierno, habrá significado un alto costo, pagado con dineros ciudadanos, el movilizar fuerzas represoras para aplacar los ímpetus ciudadanos frente a las elevadas tarifas, que las comunidades señalan, les cobra Energuate. Nadie conoce el monto de las pérdidas económicas, sociales y sicológicas –nunca monetizadas, ni resarcidas–, que habrán sufrido las poblaciones afectadas por la práctica empresarial. Por su parte, gobierno, diputados y empresarios, acusan –esto ha sido histórico en el país. A–imaginarios– instigadores, que por motivos políticos deleznables, promueven la reivindicación comunitaria y los recurrentes estallidos sociales. Señalan además como otra causa del conflicto. Ordenanzas municipales, que fijan elevadas tasas por servicio de iluminación pública. Con esta lógica empresa y Estado central resultan víctimas de la situación y las organizaciones comunitarias responsables del caos energético y social. ¡Vaya cinismo!
No hacen referencia, políticos y empresarios de la energía, extranjeros para el caso, a los onerosos dividendos que obtienen, producto de una Ley de Electrificación Nacional –emitida por el Congreso dominado por el Partido de Avanzada Nacional– confeccionada de tal forma, que asegura ganancia empresarial y deja a Pueblo y Estado las pérdidas. Un trabajador del INDE lo sintetizo así: el INDE vende barata a consumidores privados la energía que produce y acto seguido, compra energía, a precios exorbitantes. Una política del absurdo. Bien haría el Abogado del Estado, revisar legislación y contratos de INDE con proveedores y distribuidores y rescindir o promover reformar aquello leonino. Sueño imposible en estas condiciones.
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