El Estado Guatemalteco tiene un enorme déficit en la salvaguarda de los derechos de las personas. Antes bien, hemos sido condenados en los más diversos foros mundiales, como un Estado cuya incompetencia en materia de derechos humanos está signada por el dolo. Es decir, no se trata en estricto de incapacidad institucional para proveer a los ciudadanos y ciudadanas de una vida digna. Subyace por el contrario, una concepción ideológica concentradora y excluyente, que contenida en códigos de conducta y una legislación racista y discriminadora, se expresa en una institucionalidad represora e inhibidora de las libertades y derechos ciudadanos.

Aún en su etapa moderna, Guatemala se mantiene bajo el legado de la histórica concepción del Estado finca -del que nos habla Sergio Tischler- en donde la ciudadanía social está ausente e incluso, vedada para la población. Mas estas bases históricas plagadas de ignominia, no han sido óbice para que el Estado apruebe y ratifique un número significativo de tratados internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, en su más amplia acepción, que gracias al art. 46 de la Constitución de la República, gozan de rango constitucional. Cabe traer a colación uno altamente relevante al contenido de este número de Territorios: el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado y ratificado en 1988. Este Pacto, en su artículo 11, consagra como obligación del Estado y consecuente derecho ciudadano: el "acceso a la mínima alimentación esencial que sea suficiente, adecuada y segura desde el punto de vista nutricional, a fin de garantizar que estén libres de hambre"...

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 Hoy, abundan los informes y datos sobre el hambre en el mundo: ninguno podrá reflejar con fidelidad el dolor humano que este fenómeno entraña, y muchos no denuncian que la hambruna es un crimen de lesa humanidad, provocado por un modelo económico excluyente, que privilegia las utilidades de unos pocos, sobre la vida de muchos.
Nunca, en su devenir histórico, la humanidad tuvo una capacidad tan alta para producir alimentos, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología; sin embargo, en ningún tiempo fue tan desigual la distribución de la riqueza, provocando que en los países desarrollados la obesidad sea un problema masivo, mientras que la hambruna se ha convertido en una pandemia en el resto del mundo. El fenómeno de la mundialización ha provocado que el paradigma de la aldea global sea una realidad, para bien o para mal. Así, la producción mundial, llevada a su paroximo en el hemisferio norte, ha generado grandes cambios climáticos que afectan la producción de alimentos en todo el orbe y, además, demanda recursos naturales, materias primas y carburantes exponencialmente, disputándoles suelos, agua y biodiversidad a los campesinos.

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El agro guatemalteco ha sido fuente de riqueza, explotación y pobreza. El despojo y la ignominia sentaron sus reales en él. Sin embargo, ha sido a la vez cobijo de resistencia, heroísmo y fuente principal de sustento. Lugar de inspiración poética, pictórica y literaria. Hogar de más de la mitad de la población de Guatemala, en donde, a nuestro pesar, el 72% de ella vive en pobreza y pobreza extrema. En contraposición, el 1.9% de los productores del agro detentan las mayores fortunas del país y acaparan las mejores tierras.

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Aportes conceptuales territoriales al Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral -ADRI-, en el proceso de Diálogo con el Gobierno de Guatemala.