El periodo de gobierno del presidente Álvaro Colom vino a coincidir con la crisis financiera y económica que a nivel mundial tuvo fuertes impactos sociales, y que finalmente derivó en una crisis alimentaria que afectó especialmente a los países más empobrecidos. Sin embargo la crisis alimentaria tuvo otras características que la profundizaron, principalmente porque fue aprovechada por las grandes corporaciones alimentarias para sacar provecho de las vulnerabilidades de las naciones pobres.

Las debilitadas posibilidades de producción de alimentos de los países empobrecidos, sumado a la capacidad de acaparamiento de los monopolios locales llevó a que los mercados se contrajeran, sin que los Estados tuvieran la capacidad de reaccionar con la urgencia necesaria. Entre las consecuencias se tuvo un vertiginoso incremento de las cifras de hambre en los países empobrecidos, llegando a niveles que incluso ya se habían considerado superados. En el caso de Guatemala la vulnerabilidad alimentaria se hizo efectiva, llevando a una situación insostenible para la mayoría de las familias, provocando un incremento del costo de la Canasta Básica Alimentaria de Q500 en un lapso de apenas un año.[1]

El retroceso de la producción alimentaria, como un efecto directo de los procesos de apertura comercial, ha fortalecido la situación de dependencia alimentaria que implica la necesidad de importar alimentos básicos en el consumo nacional. Como respuesta de parte del Estado se buscó “abaratar” los precios de algunos productos, mediante la apertura de algunos contingentes de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo), aunque la fuerza de los monopolios se hizo efectiva y no permitió la estabilización de los precios. Por otra parte el gobierno consolidó y amplió los programas de asistencia a las personas empobrecidas, especialmente aquellos de asistencia alimentaria y transferencias monetarias, que han amortiguado los efectos de la crisis en cierta medida.[2]

El conjunto de medidas de carácter asistencialista se basa en la atención a poblaciones consideradas en situación de vulnerabilidad social, especialmente del área rural y en menor medida en zonas urbano marginales. La definición de las poblaciones se ha basado en diversos estudios realizados para identificar pobreza (mapas de pobreza SEGEPLAN) y vulnerabilidad alimentaria (Encuesta del INE); aunque persisten las críticas acerca de la objetividad de las mismas a raíz de que la selección de personas beneficiadas de los programas deja fuera a personas que llenan el perfil definido, mientras que lograron entrar otras que se considera que no lo llenaban.

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